*Alguien como tú.
/ Gladys Pérez Maldonado /
¿Alguna vez nos hemos preguntado cuántas de las libertades que hoy ejercemos las mujeres estuvieron prohibidas para nuestras abuelas? Estudiar una carrera, administrar nuestro patrimonio, divorciarnos, trabajar, votar o decidir sobre la educación de nuestros hijos son derechos que hoy parecen naturales, pero que durante generaciones estuvieron condicionados por leyes construidas desde el poder masculino.
La historia de los derechos de las mujeres en México es mucho más reciente de lo que imaginamos. Basta revisar las transformaciones jurídicas del último siglo para comprender que la igualdad no fue un regalo del Estado, sino el resultado de una prolongada lucha contra la discriminación institucionalizada.
A principios del siglo XX, acceder a la educación superior representaba un desafío extraordinario. Aunque algunas mexicanas habían logrado obtener títulos profesionales desde el siglo XIX, la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910 marcó una etapa importante en la ampliación de oportunidades educativas. Sin embargo, las barreras sociales continuaron excluyendo a numerosas mujeres de las aulas universitarias.
En 1914, Venustiano Carranza decretó una reforma histórica que permitió disolver el vínculo matrimonial y contraer nuevas nupcias. Hasta entonces, el divorcio reconocido legalmente no rompía el matrimonio. Aquella transformación significó una posibilidad de libertad para mujeres atrapadas en relaciones que no podían abandonar jurídicamente.
Tres años después, en 1917, la Ley sobre Relaciones Familiares avanzó en el reconocimiento de la capacidad de las mujeres casadas para administrar sus bienes propios. Hoy resulta indignante recordar que el matrimonio podía traducirse en restricciones a la autonomía patrimonial femenina.
En 1928, el nuevo Código Civil estableció expresamente la igualdad de capacidad jurídica entre hombres y mujeres, disposición que entró en vigor en 1932. Fue un reconocimiento fundamental para contratar, administrar bienes y ejercer derechos civiles sin restricciones fundadas exclusivamente en el sexo.
Sin embargo, uno de los acontecimientos más trascendentes llegó el 17 de octubre de 1953, cuando se reconoció constitucionalmente el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas en las elecciones federales. En 1955 ejercieron por primera vez ese derecho en una elección federal.
Resulta revelador que las mujeres hayan contribuido durante siglos a construir la nación sin que se les reconociera plenamente la condición de ciudadanas.
En 1974 ocurrió otra transformación decisiva. La Constitución incorporó expresamente la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Las reformas civiles de ese periodo también fortalecieron la autonomía laboral de las mujeres casadas y establecieron la igualdad de autoridad de los cónyuges en la conducción del hogar y la educación de sus hijos.
Es decir, hace apenas unas décadas, nuestro orden jurídico todavía conservaba disposiciones que reproducían la subordinación femenina dentro de la familia.
Detengámonos a reflexionar: muchas mujeres que hoy son nuestras madres, abuelas o bisabuelas vivieron parte de sus vidas bajo leyes que limitaban su libertad, su patrimonio y sus decisiones personales.
Y aunque hemos avanzado extraordinariamente, reconocer derechos en las leyes no significa garantizar su ejercicio en la realidad.
Hoy las mexicanas pueden estudiar, ejercer profesiones, administrar empresas, participar políticamente y ocupar los más altos cargos públicos. En 2024, por primera vez en la historia nacional, una mujer fue elegida presidenta de México.
Pero también persisten la violencia feminicida, la desigualdad económica, la discriminación laboral, la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados, así como enormes obstáculos para acceder a una justicia efectiva.
¿Podemos hablar de igualdad plena cuando todavía existen mujeres que necesitan autorización económica, emocional o social de sus parejas para ejercer libertades que constitucionalmente les pertenecen?
La subordinación femenina no desaparece únicamente porque se deroguen leyes discriminatorias. También debe combatirse en las costumbres, las instituciones, las relaciones familiares y las estructuras de poder.
Por eso, conocer nuestra historia jurídica no es un ejercicio de nostalgia, sino un deber de memoria y conciencia colectiva.
Cada derecho conquistado representa la resistencia de mujeres que se atrevieron a desafiar su época. Mujeres que fueron cuestionadas, ridiculizadas y silenciadas por exigir algo tan elemental como ser reconocidas como personas libres e iguales.
La postura de Alguien como tú es firme: los derechos de las mujeres no se agradecen, se ejercen, se defienden y se amplían.
Que ninguna generación olvide que aquello que hoy parece cotidiano fue alguna vez una conquista feminista impensable.
Nuestras abuelas vivieron sin muchos de los derechos que hoy tenemos; por lo que sería imperdonable que nuestras hijas y nietas tuvieran que volver a luchar para conservarlos…