Por Mariana Díaz Figueroa*

La pandemia nos ha permitido darnos cuenta que un mismo fenómeno puede afectar de manera diferente a diversos sectores de la población, también ha exacerbado las desigualdades y la falta de acceso a distintos derechos.

Tal es el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, respecto de quienes no se ha advertido el efecto desproporcionado que el COVID – 19 está teniendo y seguirá teniendo sobre ellas, ya que la intersección de los dos sistemas de opresión (género y discapacidad) hace que se enfrenten a situación concretas que les impiden hacer exigibles sus derechos.

Un ejemplo es la violencia que enfrentan, ya que es bien sabido que el aislamiento puede incrementar estos eventos, sin embargo, el hogar puede ser un espacio de especial riesgo para las mujeres con discapacidad quienes son objeto de violencia física, psicológica o sexual, muchas veces ocasionada por los mismos familiares o por las personas que les asisten en la realización de actividades cotidianas.

Problemática que se incrementa si pensamos que las autoridades y el sistema dirigido a combatir la violencia contra las mujeres no están preparado para atender a las mujeres con discapacidad, pues la información que se difunde no es accesible y los mecanismos de denuncia tampoco lo son. Asimismo, los refugios son inaccesibles, y las y los servidores públicos no están preparados en el tema de discapacidad, entendido bajo el enfoque social y de derechos humanos al que obliga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también con una perspectiva de género, lo que puede generar sin lugar a dudas revictimización.

Por otro lado, muchas mujeres con discapacidad realizan labores de cuidado que también han aumentado en estas épocas, al igual que los trabajos domésticos o el trabajo en casa, lo que genera poco o nulo tiempo para ellas mismas, muchas veces necesario para controlar periodos de ansiedad o para tomar sus terapias, que en algunos casos se han visto interrumpidas y que resultan indispensables para evitar problemas mayores derivados, por ejemplo, de la falta de movilización por tiempos prolongados que muchas enfrentan.

También, es bien sabido que, debido a la conjunción de los estereotipos derivados del género y la discapacidad, pocas mujeres cuentan con un trabajo. Quienes lo tienen en general es en puestos mal remunerados y sin seguridad social, muchas trabajan en el sector informal; en el contexto actual, la falta de seguridad social implica un problema mayúsculo que se incrementa si se tiene en cuenta su bajo ingreso económico y sus gastos adicionales en relación con cualquier otra persona, como lo son, por mencionar algunos ejemplos: la compra de silla de ruedas, andadores, sondas, medicamentos o el pago a personas de apoyo, que en muchos casos resulta indispensable para garantizar una vida independiente. Todo esto, tiene como resultado una precarización económica desproporcionada, sin mencionar que en caso de existir despidos son quienes se encuentran en el primer lugar la lista.

Si por esa situación alguna requiriera de recursos económicos extras para subsistir y decidiera solicitar un crédito bancario, seguramente no sería otorgado pues en muchas ocasiones a las mujeres con discapacidad no se les reconoce capacidad jurídica, lo que les impide firmar contratos, además el hecho de que sus ingresos no sean fijos les impide crear el historial crediticio requerido, todo ello sin contar las prácticas discriminatorias que siguen teniendo los bancos.

Por otro lado, actualmente muchas actividades se realizan virtualmente, lo que para muchas implica una barrera debido a la falta de accesibilidad de las tecnologías de la información y a la brecha digital que experimentan las mujeres y niñas con discapacidad, ya que muchas de ellas ni siquiera tienen acceso a internet.

Un último ejemplo es la sobrepoblación de personas, muchas de ellas mujeres, que se encuentran internadas de manera forzada en instituciones de salud mental y, ante la situación actual, corren gran riesgo de ser contagiadas de manera masiva, por lo que existe la necesidad de pensar en medidas que permitan la desinstitucionalización con el fin de despresurizar esos centros pero también con medidas de apoyo para la salida.

Derivado de los ejemplos expuestos, es posible afirmar que se requiere que el gobierno adopte acciones tendientes a resolver las problemáticas de la intersección del género y la discapacidad, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, pues las medidas dirigidas a cuestiones de género y de discapacidad de manera aislada, como quedó demostrado no eliminan las barreras a las que nos enfrentamos.

Debemos ser tomadas en cuenta de manera directa en la planificación de las medidas tendientes a resolver las problemáticas actuales y futuras de esta pandemia, pues los efectos derivados de la misma nos afectarán de manera desproporcionada por un largo tiempo.

Nadie mejor que nosotras conoce las diferentes barreras a las que nos enfrentamos para hacer exigibles nuestros derechos, necesitamos dejar de ser el sector “olvidado” de la población y ser reconocidas desde la gran diversidad de mujeres con discapacidad. No existe un único tipo de mujer con discapacidad y por lo tanto, las barreras que enfrentamos son distintas, sobre todo si se tiene en cuenta la interacción con otros factores como la edad, la situación socio – económica, el vivir en un entorno rural, entre muchos otros.

Antes, durante y después de COVID – 19, ¡nada sobre nosotras sin nosotras!

* Académica de la UNAM