** Peniley Ramírez.
Unos días después del ataque de la organización Hamas a varias ciudades israelíes, los reporteros que cubren la Bolsa de Valores en Nueva York empezaron a relatar cómo caían las acciones de empresas israelíes de seguridad. Algunos inversionistas consideraron que las operaciones de estas compañías, la mayoría ubicadas en Jerusalén o Tel Aviv, estarían afectadas por la guerra.
En otros casos, la incertidumbre se debió a si estas empresas mantendrían su cartera de clientes. Para muchos en Israel, y fuera de allí, el ataque a varias ciudades cerca de la frontera con Gaza, una de las más custodiadas del mundo, significó un enorme fiasco para las agencias de seguridad israelíes.
Ahora, altos funcionarios de ese país dijeron a mis colegas de The New York Times que las fallas de Israel incluyeron una “dependencia excesiva de equipos de vigilancia fronteriza que los atacantes desactivaron fácilmente” y “la voluntad de aceptar las afirmaciones de los líderes militares de Gaza, hechas en canales privados que los palestinos sabían que estaban siendo monitoreados por Israel, de que no se estaban preparando para la batalla”.
Estas fallas reflejan la extrema confianza que existe en el mundo de la seguridad en los equipos de vigilancia y espionaje, un mercado que Israel ha desarrollado y tiene en México algunos de sus mejores clientes en el mundo.
En 2021, la organización Access Now publicó un reporte que alertaba cómo muchos gobiernos latinoamericanos se han concentrado en comprar tecnología de seguridad y espionaje como una forma de resolver sus problemas de seguridad, y cómo las tecnologías de Israel eran las más usadas en América Latina.
En México, el mercado de seguridad es boyante. Va desde una empresa pequeña que contrata guardias de seguridad y cámaras para sus oficinas, hasta los gobiernos que compran grandes sistemas de vigilancia y espionaje.
Y los contratos con entidades públicas han traspasado gobiernos y partidos. Muchos de esos sistemas están relacionados directa o indirectamente con el gobierno de Israel. Por ejemplo, en 2015, la empresa Rafael vendió en 133 millones de dólares un sistema de análisis de información a la Policía Federal. Años antes, en 2011, el Ejército contrató el sistema de espionaje Pegasus, con el que se ha espiado al menos a diez periodistas.
En 2018 México e Israel negociaron un paquete de contratos públicos por 69 millones de dólares para empresas de seguridad. Compañías como Verint, Elbit, Nice, operan a través de representantes mexicanos. Muchas veces, crean empresas mexicanas, con socios locales, y los empresarios israelíes solo aparecen como apoderados o empleados.
El año pasado, Israel donó dos millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para “fortalecer las capacidades de ciberseguridad en América Latina y el Caribe”.
Y este año, el portal salvadoreño El Faro publicó que el gobierno de Nayib Bukele había comprado un equipo de espionaje por más de dos millones de dólares a una compañía del empresario israelí Yaniv Zangilevitch, radicado en México. Desde 2018, según consulté en registros públicos, la compañía de este empresario, Eyetech Solutions, ha firmado más de 50 contratos y ampliaciones con la alcaldía Coyoacán y el C5 de la Ciudad de México, el gobierno de Baja California Sur, Yucatán, Zacatecas, Baja California y Querétaro.
La embajada mexicana en Israel ha informado que, en México operan al menos 30 compañías israelíes de ciberseguridad, muchas de las cuales han sido cuestionadas tanto por la prensa como por organizaciones de derechos humanos.
En enero de este año, el Parlamento Europeo consideró una moción para analizar el uso de herramientas de ciberespionaje en países con altos índices de violaciones a los derechos humanos. Varios de los ejemplos en la moción son sobre México.
Meses después, la empresa NSO envió un reporte a la ONU, en el que dijo que estaban “muy preocupados” por posibles abusos a su tecnología y que habían ordenado hacer una investigación interna.
Más allá de estos casos, será importante conocer si el gobierno mexicano está revisando la efectividad de sus políticas de seguridad, sus onerosos contratos, y si la lección sobre no confiar en la tecnología como solucionadora de todos los problemas permeará entre los funcionarios de seguridad.
@penileyramirez
