*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo
Los excesos o errores de Morena -desde el decomiso fallido de 59 millones de litros de “huachicol” que resultó ser combustible de una empresa legal, hasta la protección política y de seguridad al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la aparente impunidad de altos funcionarios como el exsecretario de la Marina que no acude a citatorios de la FGR- erosionan la credibilidad, confianza e imagen del partido ante la sociedad mexicana al enviar un mensaje de discrecionalidad, opacidad y doble rasero en el combate a la corrupción y en el Estado de derecho.
El caso de los 59 millones de litros de combustibles asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, inició como un “golpe histórico” contra el huachicol, pero terminó en rectificación: la FGR admitió que las empresas involucradas no habían acreditado completamente la trazabilidad, pero también reconoció que se trataba de una terminal formal de las empresas SIMSA y Gas Natural del Noroeste y que el combustible pertenecía a clientes, no a la terminal. Lo anterior terminó con la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la FGR en ese estado lo que es la mejor señal del fracaso. Periodistas y analistas lo calificaron como un “montaje del régimen” que obligó al gobierno a recular por falta de pruebas, lo que debilita la narrativa de combate frontal a la ilegalidad y genera desconfianza sobre los criterios de actuación de la Fiscalía.
El caso de Rubén Rocha Moya es más grave en términos de percepción de impunidad. Acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos para facilitar actividades criminales a cambio de apoyo electoral, el exgobernador de Sinaloa ha recibido protección física y política del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que cuenta con resguardo de la Guardia Nacional, y funcionarios como Omar García Harfuch han oscilado entre negar y la existencia de escoltas, mientras se afirma que el exmandatario permanece en su domicilio en Culiacán sin ser detenido.
Analistas advierten que esta “protección blindada” abre una puerta peligrosa para Morena y el movimiento obradorista, porque el partido en el poder podría ser percibido como cómplice de funcionarios acusados de vínculos con el narcotráfico, lo que contradice el discurso de “abrazos, no balazos” y de combate a la corrupción.
Aunque la información específica sobre el exsecretario de la Marina Ojeda no fue localizada en los resultados de búsqueda, -altos funcionarios que no acuden a citatorios de la FGR y son vistos en actividades recreativas en lugares exclusivos -refuerza la percepción de que hay dos varas de medir. Una para los aliados del régimen y otra para los opositores o ciudadanos comunes, esta percepción de impunidad selectiva es uno de los factores que más daña la confianza en las instituciones y en el partido en el poder.
Cada rectificación tardía, como en el caso del “huachicol” de Guanajuato, debilita la capacidad del gobierno para sostener narrativas creíbles sobre su lucha contra la ilegalidad. La protección a funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado como se ha observado al exgobernador Rubén Rocha Moya y la aparente impunidad de altos mandos como la exhibida hasta el momento al exsecretario de la Marina envían un mensaje de que el Estado de derecho es discrecional, lo que reduce la confianza en la imparcialidad de la justicia.
Morena, que se construyó sobre la promesa de combatir la corrupción y priorizar a los pobres, corre el riesgo de ser percibida como un partido que protege a sus propios, lo que puede permitir a ciudadanos independientes y a sectores que hasta ahora le habían dado su apoyo cambiar su opinión o intención de voto.
Las consecuencias políticas y electorales, la erosión de credibilidad y confianza no es solo un problema de imagen, tiene consecuencias electorales. En un contexto de alta polarización, los casos de impunidad selectiva pueden por un lado reducir la aprobación presidencial y la intención de voto por Morena en sectores urbanos y de clase media. Por ello se debe fortalecer la narrativa opositora de que el régimen es corrupto y proteccionista, también podría generar abstención o voto de castigo en elecciones intermedias y locales del 2027.
Qué se necesita para recuperar confianza para frenar el daño, Morena y el gobierno federal necesitarían mejorar la transparencia y rendición de cuentas que cada vez es más opaca y hacer lo posible por publicar criterios claros de actuación de la FGR y la Guardia Nacional, y explicar por qué algunos funcionarios reciben protección y otros no.
Necesitan también implementar acciones concretas contra la impunidad, con la finalidad de detener y procesar a funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado, no solo a perfiles de baja importancia, sin importar su afiliación política. Es primordial fortalecer la autonomía y blindaje institucional para que la autonomía de la FGR sea reañ y no solo de narrativa y evitar que casos sensibles se manejen como “asuntos de Estado” que priorizan la protección política a personajes relevantes por encima de la justicia.
En síntesis, los excesos y errores de Morena -desde el decomiso fallido de combustibles hasta la protección a funcionarios acusados de vínculos con el narcotráfico- erosionan la credibilidad, confianza e imagen del partido en el poder, al enviar un mensaje de discrecionalidad y doble rasero en el Estado de derecho. Si no hay acciones concretas para frenar la impunidad selectiva, el costo político podría ser alto, aumentar la pérdida de apoyo en sectores clave, podría darme derivar en el fortalecimiento de la narrativa opositora y, en última instancia en el riesgo de derrota electoral en el 2027 o el el 2030.