LINOTIPIA.
Peniley Ramírez.
Un hombre pone un post en Facebook. Comparte el video de una protesta, escribe que hay pocos medicamentos, alimentos, o que está molesto por el alza de precios en Cuba. En una oficina, una oficial monitorea su actividad. Poco después, agentes de Seguridad del Estado -la policía política cubana- tocan a la puerta de la casa del hombre y lo llevan detenido. Cuando llega a la estación, le muestran su propio expediente.
Los policías le dicen que quedará preso por cualquier delito menor, unos días, hasta que vuelve a casa con el escarmiento muy claro. El hombre de esta historia no es periodista, activista, ni líder de oposición. Es una persona común que escribe en su muro lo que opina sobre su realidad. Y su gobierno lo apresa por hacerlo.
“Esto está sucediendo con muchas personas. Es una práctica común. No solo en La Habana, sino en los pueblos. Están sacando a la gente de las casas porque los han reconocido en los videos o han leído sus posts”, me dijo para esta columna José Raúl Gallego, periodista e investigador cubano, una de tantas personas que me han contado escenas similares en la última semana.
Gallego es periodista de Inventario, una organización que busca “facilitar el acceso de periodistas y ciudadanos a datos abiertos e información pública sobre Cuba”. En un país donde la información oficial es casi nula, parece imposible recopilar datos que incomoden al gobierno. Pero Inventario -y otros proyectos- han demostrado que no lo es.
En la última semana, Inventario ha documentado más de 60 municipios y pueblos en Cuba donde ocurrieron protestas el 11 de julio. Para hacerlo, han monitoreado redes sociales y el uso de etiquetas como #SOSCuba y #PatriayVida, han rastreado videos, han buscado en los mapas, han pedido a los usuarios que les ayuden a confirmar dónde está ese parque, esa bandera, esa plaza, en la andanada de imágenes que se publicaron en las horas previas a que el gobierno cubano hiciera un corte masivo del Internet en la isla.
“Si ustedes no dan información como gobierno, nosotros vamos a buscar otra forma de obtenerla. Le hemos dicho a la gente: este es el mapa, ayúdenos a completarlo”, me dijo Gallego. Y les han ayudado.
Así, colaborando de dato en dato, las organizaciones Cubalex y Human Rights Watch llegaron a la cifra de 382 personas, con nombres y apellidos, que fueron detenidas durante las protestas del #11JCuba o en las horas y días posteriores, cuando agentes de Seguridad del Estado los sacaron de sus casas. Otros testimonios hablan de cientos de miles de protestantes y miles de detenidos.
Las detenciones son el capítulo más reciente de una operación ocurrida en los últimos meses para señalar y coartar al periodismo independiente que se hace dentro de Cuba, o sobre Cuba desde el extranjero. En los espacios noticiosos de la televisión pública cubana les han llamado mercenarios, empleados de agencias de inteligencia extranjeras o incitadores de la violencia. Han detenido a periodistas, acusándolos de desacato, desorden público o incitación a delinquir. En otros casos, han impedido que salgan de sus casas para hacer su trabajo.
Esto lo han padecido, de un modo u otro, periodistas de los medios Yucabyte, Periodismo de Barrio, Rialta, El Estornudo, El Toque, Diario de Cuba, Tremenda Nota, 14ymedio, Cubaencuentro, La hora de Cuba, entre otros. Pero este acoso ha traído también un efecto positivo. “Salir en la prensa oficialista, a pesar de los prejuicios, te da a conocer a un público que quizá de otra manera no te conocería”, me dijo Gallego.
Es claro que el gobierno cubano no sabe lidiar con un país donde la gente ya no parece estar dispuesta a quedarse callada. Con las voces independientes, los gritos en los barrios, los posts, las cadenas de WhatsApp, se gesta hoy una nueva voz colectiva en Cuba. Esa voz parece encaminada a tejer otra relación de la sociedad cubana con su gobierno. Celebro que exista un periodismo que dé cuenta de esta revolución por la voz y por la vida, tan distinta de aquella, la de los vetustos discursos de “patria o muerte, venceremos”.
