*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo/
Cada uno de esos episodios, tomado por separado, podría parecer un escándalo acotado; en conjunto, alimentan la imagen de un poder morenista impregnado de corrupción, abuso y desconexión con las reglas mínimas de ética pública, y eso erosiona el relato de “autoridad moral” que Morena ha usado como capital político central.
Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, fue detenido en la Operación Enjambre, acusado de encabezar desde el ayuntamiento una red de extorsión y corrupción contra empresas tequileras y cerveceras, con presuntos vínculos al CJNG.
El golpe es doble para Morena: refuerza la narrativa de “narcopolítica municipal” asociada a sus cuadros locales y exhibe que la infiltración criminal no es un problema de partidos anteriores, sino vigente bajo su gobierno.
En términos de percepción, esto alimenta la idea de que Morena no ha sido capaz de blindar sus candidaturas y gobiernos locales de la cooptación criminal, justo cuando el discurso oficial prometía “limpiar” la vida pública de estas prácticas.
El video del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, mientras dos colaboradores le limpian los zapatos en un acto oficial, se viralizó y fue interpretado como gesto de prepotencia, elitismo y cultura cortesana, pese a sus disculpas posteriores.
Aunque el Poder Judicial tiene autonomía, políticamente se asocia a la reforma impulsada por Morena y la 4T; por eso, escenas de servilismo y privilegios contradicen el discurso de “justicia cercana, austera y del pueblo” con el que se justificó la reconfiguración del tribunal.
El costo para Morena está en la coherencia: si el emblema de la nueva Corte luce prácticas de viejo régimen, se debilita la narrativa de que la reforma judicial significó una ruptura ética y no sólo un reacomodo de cuotas de poder.
En Campeche, la crisis entre el Congreso local y la gobernadora Layda Sansores ha escalado hacia acusaciones públicas de autoritarismo, persecución a críticos, uso de procesos judiciales para castigar disidencias, y un estilo de gobierno descrito como de control político y represalias, que ha provocado incluso una fractura interna al interior de Morena.
Ese patrón incluye conflictos con medios, opositores y hasta con figuras de su propio partido, lo que proyecta la imagen de una mandataria que rompe puentes y gobierna más desde la amenaza que desde el consenso.
Para Morena, Campeche se convierte en un caso de estudio negativo: un gobierno propio que ilustra lo que sus adversarios llaman “autoritarismo guinda”, útil para que la oposición argumente que, donde Morena concentra poder, suben los abusos y cae la calidad democrática.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, arrastra señalamientos de presunta narcopolítica y vínculos con el crimen organizado, centrados en las investigaciones contra su exesposo, Carlos Torres, por integrar una red de tráfico de armas, dinero y drogas ligada a Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa, y en versiones de indagatorias de Estados Unidos por lavado de dinero.
A ello se suman acusaciones previas de presuntos acercamientos con el CJNG, así como amenazas y narcomantas donde grupos criminales la señalan y la colocan en el centro de disputas territoriales; aunque varias imputaciones no han derivado en sentencias firmes, el desgaste de imagen es profundo.
El efecto para Morena es que la frontera norte, clave por T-MEC y violencia, se asocia a gobiernos con sospechas graves de connivencia o incapacidad para contener al crimen, debilitando la credibilidad del proyecto de seguridad de la 4T a nivel nacional.
En el plano electoral, estos casos refuerzan la narrativa de que Morena se ha convertido en un “nuevo PRI”: alcalde ligado a extorsión y cártel, gobernadoras acusadas de autoritarismo y narcopolítica, y una cúpula judicial afín con símbolos de privilegio, todo lo cual mina la promesa de cambio ético.
En la gobernabilidad interna, exhiben fisuras entre grupos morenistas (como en Campeche) y tensiones entre discurso y práctica, lo que puede traducirse en menor disciplina partidista y más costo para la dirigencia nacional al defender casos indefendibles.
En términos de opinión pública, lo que se erosiona no es sólo la imagen de actores individuales, sino la idea de que Morena mantiene una “superioridad moral” sobre sus adversarios; cada nuevo escándalo hace más verosímil para la ciudadanía que la corrupción, el abuso y la cercanía con el crimen son problemas sistémicos del poder, incluso cuando ese poder se ejerce en nombre de la transformación.
