- IMPRONTA .
/ Carlos Miguel Acosta Bravo/
La “amenaza por narcodrones” fue un incidente en el que autoridades de Estados Unidos reportaron la incursión de uno o varios drones vinculados a cárteles mexicanos en el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, lo que llevó al cierre temporal del espacio aéreo en ese corredor fronterizo y la suspensión de vuelos durante varias horas, aunque en un inicio la FAA publicó por error que la restricción duraría hasta el 20 de febrero (unos diez días, no 20), aviso que luego corrigió al levantarse la medida el mismo día. Para México, el hecho de que Washington haya atribuido de inmediato esos drones a organizaciones criminales mexicanas eleva la narrativa de “narcoterrorismo” asociado a actores de origen mexicano, con implicaciones en seguridad, presión diplomática y riesgo de endurecimiento de la agenda bilateral.
¿En qué consistió el cierre del espacio aéreo?, en este sentido la FAA emitió una restricción temporal de vuelo sobre El Paso, Texas, y parte del sur de Nuevo México, invocando “razones especiales de seguridad”, que suspendió todos los vuelos comerciales y de aviación general hacia y desde El Paso durante la noche y primeras horas del 11 de febrero.
El aviso inicial hablaba de una restricción hasta el 20 o 21 de febrero (es decir, unos diez días), lo que generó alarma y cancelaciones masivas, pero posteriormente las autoridades aclararon que se trató de un error y reabrieron el espacio aéreo tras aproximadamente ocho a diez horas, restableciendo la operación normal.
Funcionarios estadounidenses indicaron que el cierre respondió a una “incursión” de drones pertenecientes a un cártel mexicano, y que el Departamento de Defensa actuó para neutralizarlos, incluso utilizando capacidades militares cercanas a El Paso y Santa Teresa.
La vinculación de los drones con cárteles mexicanos un funcionario del gobierno de EUA señaló a medios como CNN y BBC que los drones eran de un cártel mexicano y que habían violado el espacio aéreo estadounidense, lo que detonó la decisión de cerrar el corredor aéreo por motivos de seguridad nacional.
El Departamento de Defensa estadounidense informó que tomó “acciones para desactivar” o neutralizar los drones y, una vez hecha la evaluación de riesgo, concluyó que ya no existía amenaza para vuelos comerciales, permitiendo reabrir el espacio aéreo.
Medios y analistas han enmarcado estos aparatos como “narcodrones”, es decir, drones usados por organizaciones del narcotráfico para vigilancia, traslado de droga o posibles ataques, reforzando la etiqueta de actores “narcoterroristas” vinculados a México.
La reacción y posición del gobierno mexicano la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno “no tiene ninguna información” que confirme el uso de drones en la frontera y anunció que México investigará las razones del cierre del espacio aéreo en Texas.
La posición oficial mexicana ha sido de cautela y negación de evidencia concluyente hasta el momento, insistiendo en la defensa de la soberanía y rechazando la idea de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir cárteles.
Esta reacción busca contener el salto discursivo desde “narcotráfico” hacia “narcoterrorismo”, categoría que en Estados Unidos se usa para justificar eventualmente acciones más agresivas o extraterritoriales.
Las implicaciones para México de que sean drones “mexicanos” en seguridad y narrativa, que Estados Unidos atribuya la incursión a cárteles mexicanos refuerza la percepción de que el crimen organizado de origen mexicano constituye una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, acercando el discurso a la designación de estas organizaciones como “narcoterroristas”.
En política bilateral, el incidente ocurre en un contexto de tensiones por narcotráfico y comercio; puede alimentar propuestas en el Congreso estadounidense para ampliar sanciones, condicionar cooperación o incluso habilitar acciones unilaterales más intrusivas en la frontera y el ciber/espacio aéreo.
En cooperación operativa, se incrementa la presión para que México fortalezca controles sobre drones en su frontera norte (regulación de venta, registro, zonas de exclusión, intercambio de información), y para profundizar mecanismos conjuntos de detección y neutralización de aparatos no tripulados.
El impacto de las acusaciones hacia México ha sido hasta el momento diplomático, las acusaciones públicas de que drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo estadounidense complican el discurso de la 4T sobre respeto absoluto a la soberanía, y obligan a México a responder con investigaciones, gestiones diplomáticas y quizá nuevas ofertas de cooperación para evitar que el tema escale a mayor confrontación.
En lo mediático y de opinión pública, el episodio alimenta una narrativa en medios y en la clase política estadounidense de “frontera bajo ataque” por tecnología del narco, lo que a su vez presiona a la Casa Blanca y al Congreso para “ser duros” con México, incluyendo demandas de más acciones contra cárteles y control fronterizo.
En cuanto al tema jurídico y de política interna en EUA, en la medida en que estos casos se presenten como precedentes de “narcoterrorismo” desde México, pueden justificar iniciativas para catalogar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, con efectos en sanciones financieras, operaciones de inteligencia y posible uso ampliado de fuerza.
Para México en clave de riesgo, el país queda en una posición vulnerable si no logra documentar bien los hechos y mostrar acciones internas frente al uso criminal de drones; el costo no es solo reputacional, sino en forma de presiones en otros frentes (TMEC, migración, armas) donde Estados Unidos puede usar este tipo de incidentes como argumento adicional.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
