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13.08.2926. Ciudad de México .- La Presidencia de la República colocó esta semana en el centro de la discusión pública los nombres de periodistas, medios, políticos y personajes de oposición que, de acuerdo con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, formarían parte de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” utilizado para difundir mensajes contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación.
La presentación, realizada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde durante la conferencia “Derecho de Réplica”, provocó una reacción inmediata entre periodistas y opositores, quienes cuestionaron que desde Palacio Nacional se identifique públicamente a comunicadores críticos y se les agrupe dentro de una estructura presuntamente coordinada contra el gobierno.
La controversia adquiere una dimensión adicional por una declaración que la propia Claudia Sheinbaum hizo en 2021, cuando todavía era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En aquella ocasión, la entonces mandataria capitalina rechazó la elaboración de listas de adversarios políticos y respondió con una frase que hoy vuelve a circular en redes sociales: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas”.
El contraste es evidente: cinco años después, desde una oficina de la Presidencia se presentó una relación de periodistas, medios y figuras políticas señalados por el gobierno como participantes de una red de difusión de contenidos supuestamente contrarios a la administración federal.
La lista no fue presentada oficialmente como una “lista negra”. Alcalde evitó esa denominación y la planteó como parte de un análisis sobre la manera en que determinados mensajes se generan, retoman y multiplican en redes sociales. Sin embargo, la exhibición pública de nombres fue interpretada por sus críticos como una forma de señalamiento desde el poder.
Entre los periodistas mencionados aparecen Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón. También fueron incluidos medios como EL UNIVERSAL, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, además de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. En el mismo esquema aparecen políticos y personajes de oposición como Alejandro Moreno, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega, Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros.
La explicación de Alcalde fue que no se trataba simplemente de una relación de personas que critican a la administración, sino de una supuesta estructura organizada.
“Cuando el eco se disfraza de conversación: esta es la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México”, sostuvo la consejera jurídica al presentar su esquema.
De acuerdo con la explicación oficial, ese supuesto ecosistema estaría integrado por cuatro niveles: medios de comunicación y comentaristas, personajes políticos, cuentas consideradas de ataque y una narrativa relacionada con presiones externas.
La argumentación de la funcionaria se inscribe en una estrategia que el gobierno de Sheinbaum comenzó a desarrollar desde junio, cuando creó la conferencia semanal “Derecho de Réplica”, precisamente encabezada por Alcalde. El propósito declarado es responder con información oficial a lo que el Ejecutivo considera noticias falsas, narrativas engañosas o contenidos manipulados.
En una de las primeras ediciones de ese espacio, Alcalde explicó que el gobierno pretendía mostrar “con datos oficiales” el contraste con las narrativas que, desde su perspectiva, circulan en medios y redes sociales. También sostuvo que el formato de las conferencias mañaneras no siempre permite profundizar en la forma en que una determinada información es retomada y multiplicada.
La funcionaria ha ido todavía más lejos al defender la necesidad de discutir mecanismos para generar responsabilidad sobre quienes producen y difunden información.
“No hay ninguna intención de limitar la libertad de expresión”, aseguró Alcalde en una de sus intervenciones.
Pero inmediatamente planteó la necesidad de “generar condiciones para que haya responsabilidad de quienes emiten información, de verificar esa información y de que sea información objetiva”.
Ese argumento es precisamente uno de los puntos que preocupa a organizaciones y periodistas críticos: dónde termina el legítimo derecho de una institución pública a responder a una información falsa y dónde comienza una estrategia de presión contra quienes ejercen el periodismo crítico.
La diferencia no es menor.
Un gobierno tiene derecho a desmentir información incorrecta, solicitar una rectificación y presentar datos que contradigan una publicación. Pero señalar públicamente a periodistas y medios desde una plataforma oficial puede producir un efecto distinto, especialmente cuando el señalamiento proviene del máximo nivel del poder político y se acompaña de acusaciones sobre coordinación, intereses económicos o campañas contra el gobierno.
Ese es el argumento que han planteado quienes calificaron la presentación de Alcalde como un mecanismo de intimidación.
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, sostuvo que el gobierno debe tolerar el escrutinio público y advirtió que “el aparato de Estado no puede utilizarse para ajustar cuentas con ciudadanos”.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, fue todavía más directa y acusó al gobierno de reproducir prácticas que Morena había cuestionado durante años.
“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos”, afirmó.
Entre los periodistas señalados también hubo reacciones. Héctor de Mauleón cuestionó el doble estándar que, a su juicio, existe alrededor de este tipo de prácticas, mientras Sergio Sarmiento ironizó con la etiqueta de “villanos según la 4T”. Denise Dresser también criticó que el gobierno federal elabore una relación de periodistas considerados incómodos.
El problema de fondo, sin embargo, no está únicamente en los nombres incluidos, sino en el precedente institucional.
Durante décadas, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que una de las principales amenazas para el ejercicio periodístico en México no solamente proviene de la violencia criminal, sino también de la utilización del poder público para descalificar, estigmatizar o señalar a comunicadores.
En ese contexto, la comparación con las palabras de Sheinbaum de 2021 resulta inevitable.
Cuando era jefa de Gobierno, Sheinbaum respondió a la propuesta del empresario Claudio X. González de elaborar una lista de personas vinculadas con Morena. La entonces mandataria capitalina incluso pidió que la incluyeran y argumentó que la elaboración de listas correspondía a regímenes que perseguían adversarios.
“¿Para qué quiere hacer una lista?”, preguntó entonces.
Y agregó: “Entonces, esto es la derecha en nuestro país: una oposición fascista”.
En aquel momento, la discusión estaba relacionada con el llamado a identificar a personajes vinculados con Morena. Sheinbaum defendía a su movimiento frente a una iniciativa proveniente de un sector empresarial y opositor.
Ahora el escenario es inverso: es una institución del gobierno federal la que presenta una clasificación de personas y organizaciones que, según su interpretación, participan en una estructura de difusión contra el gobierno.
La Presidencia puede argumentar que existe una diferencia sustancial. No se trata, dirá, de perseguir opiniones políticas sino de documentar cómo se distribuye información falsa o manipulada.
De hecho, la propia Sheinbaum ha establecido esa distinción.
En julio, la presidenta sostuvo que México es un país democrático y que las diferencias políticas forman parte de esa democracia.
“Todos tenemos posiciones políticas diferentes. Es la mejor demostración de que hay democracia en el país”, afirmó.
Pero en la misma intervención hizo una separación entre la crítica y lo que considera desinformación.
“Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con las noticias falsas, con las mentiras que se acostumbran en algunos medios decir todos los días”, señaló.
También defendió expresamente el espacio encabezado por Alcalde: “por eso, el ‘Derecho de Réplica’ que hace Luisa, el ‘Detector de mentiras’ que hacemos todos los miércoles”.
Ahí está una de las claves del debate.
El gobierno sostiene que no está elaborando listas de enemigos ni censurando periodistas, sino identificando redes de desinformación y ejerciendo su derecho a responder.
La oposición y parte del gremio periodístico sostienen que el problema es precisamente que el Estado está pasando de responder a contenidos concretos a identificar y agrupar personas que cuestionan al poder.
La diferencia entre ambas cosas puede parecer semántica, pero tiene consecuencias democráticas.
La libertad de expresión protege particularmente el discurso crítico hacia los gobiernos. Una democracia no se mide únicamente por la posibilidad de que los medios publiquen información favorable al poder, sino también por la posibilidad de cuestionarlo, investigarlo y confrontarlo sin temor a represalias.
Por eso resulta relevante que la propia Alcalde haya insistido en que el objetivo no es limitar la libertad de expresión.
“Hoy lo importante, y para eso existe este espacio, pues es poner en evidencia con datos duros, con datos oficiales, con datos de las propias dependencias, qué es lo que está sucediendo”, sostuvo.
Ese sería, en principio, un ejercicio legítimo: responder con datos, corregir errores y ejercer el derecho de réplica.
El punto de tensión aparece cuando la réplica deja de concentrarse exclusivamente en una afirmación verificable y comienza a construir mapas de adversarios, redes de influencia y supuestos bloques políticos alrededor de periodistas y medios.
Alcalde ha descrito esta estructura como un fenómeno internacional. En julio afirmó que, desde su perspectiva, existe “un ecosistema bien estructurado de la derecha internacional” cuyos integrantes tienen vínculos y funcionan de manera coordinada para amplificar determinadas informaciones.
También ha defendido que la desinformación no solamente afecta a la persona mencionada en una noticia.
“Se daña un pueblo, se daña una sociedad, se daña una democracia”, argumentó al explicar la posición del gobierno frente a las noticias falsas.
El razonamiento merece ser discutido: la desinformación efectivamente puede provocar daños sociales y políticos. El problema democrático aparece cuando es el propio gobierno quien determina públicamente qué periodistas, medios o cuentas forman parte de una supuesta maquinaria de desinformación, particularmente cuando esas personas no son acusadas de haber cometido un delito ni existe una resolución judicial que determine que forman parte de una operación ilegal.
La presentación de esta semana tampoco se produjo en un vacío político.
Desde junio, el gobierno federal impulsa el debate sobre derechos de las audiencias y ha planteado lineamientos para medios electrónicos. Alcalde ha explicado que entre los objetivos se encuentran garantizar información veraz y oportuna, distinguir información noticiosa de opinión, diferenciar publicidad de contenido editorial y garantizar el derecho de réplica.
La funcionaria aclaró además que, por ahora, el gobierno no pretende extender esos lineamientos a la prensa escrita y argumentó que en los medios impresos resulta más sencillo distinguir publicidad, información y opinión.
El momento político añade otra capa al conflicto. A menos de un año de las elecciones intermedias de 2027, la confrontación entre gobierno y oposición se encuentra en aumento. Morena conserva una posición dominante en el Congreso, mientras que los partidos opositores buscan reconstruirse y los medios críticos mantienen una presencia importante en la discusión pública.
En ese escenario, identificar a periodistas y políticos como integrantes de un supuesto ecosistema opositor puede tener una lectura política aunque el gobierno sostenga que se trata exclusivamente de un análisis de redes.
Y es precisamente ahí donde las palabras de Sheinbaum de 2021 adquieren fuerza.
La entonces jefa de Gobierno advertía sobre el peligro de elaborar listas para identificar adversarios y asociaba esa práctica con el macartismo y el nazismo. Hoy, la Presidencia sostiene que la relación presentada por Alcalde no es una lista de enemigos, sino una radiografía de cómo se amplifican determinados mensajes.
La diferencia entre ambas posiciones dependerá, en última instancia, de qué ocurra después de la exhibición.
Si el gobierno utiliza la información para responder públicamente con datos, ejercer el derecho de réplica y demostrar errores verificables, el ejercicio puede ubicarse dentro de sus atribuciones de comunicación institucional.
Pero si la identificación pública de periodistas críticos se convierte en un mecanismo para desacreditarlos, estigmatizarlos, abrir expedientes, condicionar su acceso a información o generar consecuencias administrativas, económicas o legales por el contenido de sus opiniones, entonces el debate dejaría de ser sobre desinformación y pasaría directamente al terreno de la libertad de expresión.
Hasta ahora, no existe evidencia presentada públicamente de que todos los nombres incluidos en la relación hayan participado en una operación coordinada o ilegal contra el gobierno. Lo que sí existe es una clasificación elaborada y expuesta desde una institución de la Presidencia, acompañada de una explicación política sobre la manera en que, según el gobierno, funciona la amplificación digital opositora.
Por eso, más allá de simpatías partidistas, el episodio plantea una pregunta que trasciende a Morena y a la oposición: ¿puede un gobierno señalar y agrupar públicamente a sus críticos sin generar un efecto intimidatorio?
La respuesta debería ser especialmente cuidadosa en un país donde ejercer el periodismo continúa implicando riesgos.
Sheinbaum tiene razón en una parte esencial de su argumento: una democracia necesita combatir la desinformación. Pero también necesita garantizar que el combate a la mentira no termine convirtiéndose en una herramienta para castigar la crítica.
Y ahí aparece la contradicción que hoy pesa sobre el discurso oficial.
La mujer que en 2021 decía que “el macartismo” y “el nazismo” eran quienes hacían listas enfrenta ahora una escena políticamente incómoda: desde su propia Presidencia, una de sus principales colaboradoras acaba de presentar una relación de periodistas, medios, opositores y empresarios considerados parte de una estructura que, según el gobierno, opera contra la Cuarta Transformación.
El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que esa relación no es una lista de enemigos, sino una herramienta de análisis y rendición de cuentas; y que el ejercicio del derecho de réplica no terminará convertido en un mecanismo de presión contra las voces que cuestionan al poder.
Porque en una democracia, el gobierno también tiene derecho a responder.
Pero los periodistas tienen el mismo derecho a preguntar, investigar, cuestionar y disentir.
Y ese derecho no debería depender de aparecer o no aparecer en una lista elaborada desde Palacio Nacional.