Miscelánea, salud y política
/ Judith Álamo López /
“Nuestros pueblos crecieron adorando semidioses humanos capaces de prometer todo y crear un solo milagro: su perpetuación simbólica”.Richard McGee Morse
Por si no fueran suficientes los indicios de la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales, a cuatro días de los comicios estatales del próximo domingo 5 de junio, la clase política ha entrado a una lucha en lodo, donde al parecer va ganando quien tiene a su favor el aparato estatal, aunque los resultados los veremos hasta la próxima semana, cuando conozcamos los candidatos ganadores y perdedores en seis estados de la República.
El peligro de normalizar los escándalos políticos se asemeja a lo que ha ocurrido con la violencia en México, a diario escuchamos a la mayoría de los lectores de noticias, con su mejor sonrisa y voz engolada, inconmovibles, presentar los más siniestros casos de asesinatos o ejecuciones, hallazgos de restos humanos, víctimas de infanticidio, de feminicidio, desapariciones forzadas, violencia de género, robo con violencia, etc.
Los políticos, especialmente los que detentan el poder, al violar cotidianamente la ley, participan en la degradación de nuestro sistema político electoral. No es nuevo, dirían varios colegas del periodismo político, antes cometieron excesos los gobernantes del PRI y del PAN, sin duda. Pero nunca antes se había dado un fenómeno en el que abiertamente hicieran proselitismo político el presidente de la República, los miembros de su gabinete, el presidente y los legisladores de su partido político. Todos bajo el cobijo del poder se convirtieron en transgresores flagrantes del orden jurídico, con un objetivo: ensanchar y conservar el poder político. Esto, a los ciudadanos debe preocuparnos.
En el cierre del periodo de activismo electoral, la parafernalia morenista incluyó un acto de proselitismo acudiendo a la Fiscalía General de la Repúlica a denunciar a los diputados de oposición por “traición a la patria”, cuando los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica lo hicieron en pleno uso de sus facultades, libertades y prerrogativas legales. Sólo se trata de satanizar a quien piensa diferente al “Amado Líder”, al caudillo populista en que se ha convertido AMLO desde que asumió la presidencia, deseoso de perpetuarse en el poder, escribe Diego Fonseca.
También de Morena, a través de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se exhiben tres diferentes grabaciones de conversaciones privadas de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, presidente del PRI, exhibiendo presuntos actos de extorsión, un lenguaje mezquino y soez contra los periodistas y transacciones millonarias.
Lo más delicado, a reserva de analizar la veracidad de la información expuesta, es que las grabaciones ilegales son difundidas por una gobernadora de Morena en funciones, cuyo sueldo, producción radiofónica y colaboradores son pagados por el erario público. Sansores acusa al dirigente priísta de “lavado de dinero” y de involucar a su mamá en el delito de prestanombres. Graves imputaciones que tendrá que probar.
El líder del PRI, por su parte, también compartió una grabación, una conversación privada con su amigo Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas, quien en “clave” le hace llegar una amenaza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtiéndole que el Número Uno, o sea AMLO, se irá con todo en su contra si el PRI no vota a favor de la reforma eléctrica. Nadie de la Fiscalía de Delitos Electorales ni de la Fiscalía General de la República han brincado para averiguar y detener tanta ruindad.
¿A quién beneficia filtrar la sombra de la duda sobre el líder del PRI? ¿Será que la maquinaria gubernamental ya trabaja en su contra? Por cierto, ya nadie cree en los políticos impolutos. Hacer campaña en México requiere de mucho dinero, y obtenerlo obliga a hacer alianzas, ¿quiénes pueden y quieren financiar liderazgos políticos para aumentar las ganancias de sus negocios? Busquemos respuestas.
Los ataques arteros buscan minar la alianza opositora (PAN/PRI/RD). Parece que el fin justifica los medios, López Obrador y su equipo -“corcholatas” incluidas- persiguen mantener el poder territorial. La mira está puesta en ganar la elección presidencial de 2024.
Mucho se ha comentado la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana con el propósito de visitar diversas obras carreteras en el llamado “Triángulo dorado”, donde por cierto, propuso cambiar el nombre del peligroso y violento sitio dedicado a la plantación de amapola, por el de “Triángulo de gente buena y trabajadora”. ¿Lo puede usted entender? Varios analistas ven estos hechos como la confirmación de una oscura alianza con el crimen organizado.
Es evidente el control de la zona por el Cártel de Sinaloa, sin embargo el mandatario ahí se siente seguro. Reporteros de los diarios Reforma, El Universal y Milenio, que realizaban la cobertura de la gira, informaron que a AMLO estuvo muy campante, pero ellos sí fueron detenidos en un retén, por una decena de hombres y apuntados con armas largas, tipo AK-47 (cuernos de chivo), vestidos de militares, sin serlo. Enterado del percance, López Obrador, frente a la prensa minimizó el incidente: “no pasa nada, no pasó nada afortunadamente”, y sobre el uso indebido de uniformes, dijo que ¨también los usan en otros lados, como en Jalisco”, y recurrió a su argumento preferido: “son inventos de los conservadores”.
Las dudas sobre a quién defiende AMLO crecen. También los desengaños y certezas: una de ellas es que no podrá cumplir sus promesas de esclarecer y llevar justicia a los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Me refiero a la opinión externada por el sacerdote jesuita David Fernández Dávalos,, quien dijo que no será posible deslindar responsabilidades ni sancionar a los culpables de los crímenes desde la llamada guerra sucia hasta la actualidad, si no cambia la relación del Estado con los grupos paramilitares y militares, de inteligencia y seguridad nacional dedicados a combatir la insurgencia.
La pregunta fue, si será posible castigar a los responsables aún cuando el gobierno de la 4T aún cuando lo ofreció en campaña, optó por militarizar su gobierno. Fernández Dávalos consideró que llevar ante la justicia a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad ameritaría que los responsables dejaran de estar protegidos por el Estado, incluyendo a miembros las Fuerzas Armadas, del Ejército, en particular, y agentes de la extinta dirección Federal de Seguridad o del CISEN.
Indicios revelados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el informe sobre avances del caso Ayotzinapa, presentado hace dos meses, encontraron evidencias de que los jóvenes eran vigilados por contrainsurgencia y narcotráfico por parte de marinos. militares y personal del CISEN, por lo que al ser secuestrados por una organización criminal, pudieron ser rescatados por dichos elementos, sin embargo, los testimonios dicen lo contrario.
El maestro Fernández Dávalos, sacerdote jesuita, Rector de la UIA en la CDMX, es integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CVJ), instalada por el gobierno en octubre de 2021, intervino en la presentación del libro “El Caparazón de las Tortugas”, escrito por Helena Varela Guinot.
El libro, además de ser un acucioso estudio del tema, es un bello ejemplar que da rostro y corazón a cada una de las víctimas y refiere el acompañamiento a sus familiares por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC) durante los 8 años transcurridos desde la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Fue escrito bajo los auspicios de la Universidad Iberoamericana, con el apoyo del Centro Prodh y otras organizaciones defensoras de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Un hecho que consternó a OSC fue el ocurrido hace 10 días: dos sicarios asesinaron a Cecilia Monzón, en San Pedro, Cholula. Fue una defensora de casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso, víctimas de agresiones físicas o demandantes de pensiones alimenticias. Ella misma padeció de las trabas que existen en el sistema judicial mexicano para resolver temas con enfoque de género, pues quedó pendiente una denuncia por pensión alimenticia en contra del priista Javier López Zavala, padre de su hijo. Un día antes denunció ante la Fiscalía General del Estado de Puebla que su proceso legal no avanzaba, pese a cumplir con todos los elementos de prueba. Muy lamentable caso, fue condenado por el gobierno español, pues esta apreciada activista tenía doble nacionalidad.
Un caso más de incumplimiento de promesas y evidencia de la impunidad que prevalece en el Estado mexicano frente al crimen es el caso del feminicidio de la fotoreportera María del Sol Cruz Jarquín, hija de Soledad Jarquín Edgar. Mañana, 2 de junio, se cumplirán 4 años de su asesinato y aún se desconoce quién o quiénes ordenaron su ejecución, junto con Pamela y Adelfo.
Nada se ha avanzado pese a que la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca junto con luchadoras sociales solidarias han tocado muchas puertas, recurrieron al presidente López Obrador, al gobernador de Oaxaca, Alejadro Murat, al fiscal Alejandro Gertz, al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a legisladores, a organizaciones de derechos humanos…
Resume Soledad Jarquín: “en la búsqueda de justicia hemos encontrado omisión, corrupción y negligencia institucional, por ello es importante al menos restituir la dignidad humana de las víctimas con el reconocimiento público de los derechos que se violentaron a esas personas”. Pese a toda esta frustración, su lucha continúa y recurrirá a organismos internacionales, como la ONU y la CIDH.
