*Había denunciado ante la Gobernadora amenazas y violencia.
26.03.2026 Temoac, Morelos.- El asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, activista social del municipio de Temoac, Morelos, ocurrió la tarde del jueves 26 de marzo de 2026 dentro de su propio domicilio, en el centro de la localidad, donde fue atacada de manera directa por hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte inmediata.
De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos, sujetos desconocidos ingresaron o se aproximaron a su vivienda y abrieron fuego contra ella en un ataque directo. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, al presentar varios impactos de bala.
Tras el crimen, elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona y realizaron el levantamiento de indicios balísticos, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.
El homicidio ocurrió en el municipio de Temoac, ubicado en la región oriente de Morelos, una zona que desde hace años enfrenta presencia de grupos delictivos y conflictos locales vinculados a disputas de poder y crimen organizado. En este contexto, la propia víctima había denunciado públicamente la situación de violencia e inseguridad meses antes de ser asesinada.
En agosto de 2025, Sandra Rosa Camacho solicitó directamente la intervención del gobierno estatal durante un acto público, donde expuso ante la gobernadora Margarita González Saravia la falta de condiciones de seguridad en su municipio. En ese momento, advirtió que su vida corría peligro, denunció presuntos vínculos de autoridades locales con grupos delictivos y pidió la presencia de la Guardia Nacional para proteger a la población.
El asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores, activista social y ex candidata política en el municipio de Temoac, Morelos, evidencia la violencia que enfrentan mujeres y defensoras en la entidad, una de las más golpeadas por el fenómeno feminicida en México.
De acuerdo con reportes periodísticos, Camacho Flores fue asesinada en un ataque directo que ha generado indignación entre organizaciones sociales y habitantes de la región. La víctima era reconocida por su participación comunitaria y por haber señalado públicamente problemas de inseguridad en su municipio.
Su caso se suma a una preocupante lista de agresiones contra mujeres que alzan la voz o participan en la vida pública.
El crimen ocurrió en un contexto de alta violencia en Morelos, donde las cifras reflejan una crisis persistente. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, tan solo en 2025 se registraron 121 feminicidios en la entidad, lo que coloca a ese año como el segundo más violento para las mujeres desde que se tiene registro. Desde el año 2000, la misma organización ha documentado al menos mil 665 casos de feminicidio en el estado.
La gravedad del problema se refleja también en tasas: en 2024, Morelos ocupó el primer lugar nacional en feminicidios por cada 100 mil mujeres, con una tasa de 4.73, superando a entidades históricamente violentas en este delito.
A pesar de que desde 2015 existe una Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado, legisladoras y organizaciones han señalado que las acciones implementadas han sido insuficientes y no han logrado reducir de manera significativa la incidencia.
En lo que va de 2026, colectivos feministas han advertido que la violencia no da tregua, con al menos 18 feminicidios registrados en los primeros meses del año, lo que mantiene a la entidad entre las más peligrosas para las mujeres.
El caso de Sandra Rosa Camacho también se inscribe en un patrón más amplio de violencia contra defensoras, activistas y mujeres con participación política en México, donde las amenazas, agresiones y asesinatos forman parte de una problemática estructural. Especialistas han señalado que estas agresiones buscan inhibir la participación femenina en espacios públicos y comunitarios, reproduciendo dinámicas de control y violencia de género.
Además, la impunidad sigue siendo un factor determinante. En Morelos, casos emblemáticos como el del activista Samir Flores —asesinado en 2019— han evidenciado fallas en las investigaciones, con procesos judiciales prolongados, testigos desaparecidos o muertos, y ausencia de sentencias firmes, lo que refuerza la percepción de falta de justicia en la entidad.
A nivel nacional, aunque las cifras oficiales indican una disminución en los feminicidios respecto a los picos registrados durante la pandemia —cuando se contabilizaban más de 11 asesinatos de mujeres al día—, organizaciones civiles advierten que la violencia persiste y que los avances han sido desiguales, especialmente en estados como Morelos.
El asesinato de Camacho Flores no solo representa la pérdida de una líder social, sino que vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan las mujeres que denuncian la violencia en sus comunidades. Su caso, como muchos otros en el estado, coloca nuevamente en el centro del debate la urgencia de fortalecer las políticas de protección, prevención e investigación, en una entidad donde la violencia feminicida se mantiene como una crisis sin resolver.
