*
24.11.2025. Ciudad de México.- En el marco de las Conferencias Magnas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Cámara de Diputados abrió sus puertas a activistas y legisladoras que coincidieron en la urgencia de transformar las estructuras que perpetúan la violencia de género.
La voz más contundente fue la de las madres buscadoras, quienes señalaron que hoy son víctimas de un doble delito: la desaparición de sus hijas e hijos y la persecución del crimen organizado por la labor de búsqueda que realizan.
Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, relató que la lucha de las madres es auténtica y nace del amor y la necesidad de encontrar a sus seres queridos.
Denunció que, además de la indiferencia institucional y la revictimización social, enfrentan amenazas directas de grupos criminales que buscan impedir las búsquedas en fosas clandestinas.
“Nosotras no buscamos culpables, porque ya los tenemos. Queremos que la autoridad los castigue, porque nadie merece desaparecer”, afirmó.
Flores subrayó que la impunidad ha obligado a las madres a realizar búsquedas con sus propios recursos, exponiéndose a riesgos extremos.
Recordó que la desaparición también deja huérfanos invisibles para las políticas públicas, pues ningún gobierno ha atendido la situación de niñas y niños que quedan sin apoyo tras la ausencia de sus padres. “Ningún gobierno toca el tema de los huérfanos, ningún gobierno dice que les dará becas, solamente las madres buscadoras”, señaló.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, reconoció la deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres y llamó a destinar todos los recursos materiales y humanos para garantizar una vida libre de violencia. Legisladoras como Anais Miriam Burgos Hernández y Gabriela Georgina Jiménez Godoy coincidieron en que las violencias contra las mujeres no son hechos aislados, sino resultado de estructuras históricas que normalizan la desigualdad y el machismo.
La artista y activista María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque con ácido, recordó que su caso evidenció la necesidad de tipificar la violencia ácida en la legislación mexicana. Explicó que la llamada Ley Malena ya ha sido reconocida en varios estados, pero falta avanzar en sentencias condenatorias y en la aplicación plena de la norma.
Las conferencias dejaron claro que la violencia contra las mujeres en México es múltiple y estructural. En el caso de las madres buscadoras, se trata de una doble victimización que combina la desaparición de sus familiares con la persecución criminal por exigir justicia y verdad.
Su presencia en la Cámara de Diputados visibilizó una crisis humanitaria que exige respuestas inmediatas y profundas: seguridad para quienes buscan, justicia para las víctimas y reconocimiento para los huérfanos que hoy permanecen invisibles.
