Escrito por Berenice Chavarría Tenorio .
01.03.2023./CimacNoticias.com/ Toluca, Edomex.- Este 28 de febrero se llevó a cabo un acto de reconocimiento por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el que el titular de la dependencia, José Luis Cervantes Martínez, ofreció una disculpa a tres familias de mujeres víctimas de feminicidio y una de desaparición en la entidad. Sin embargo, para ellas las frases que emitió el funcionario forman parte de un discurso “vacío” en el que no se brinda dignidad y justicia.
En esta ocasión el fiscal José Luis Cervantes Martínez se disculpó con María Antonia Márquez, mamá de Nadia Muciño Márquez (asesinada en 2004); Laura Curiel, mamá de Daniela Sánchez Curiel (desaparecida en 2015); Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio (asesinada en 2017) y Ana Sosa, hija de Julia Sosa Conde (víctima de feminicidio en 2018).
El acto de reconocimiento y disculpa pública forma parte de la reparación al daño hacia las víctimas y fue impulsado por la organización Amnistía Internacional a raíz del informe Juicio a la Justicia, en el que se documentaron las deficiencias en las investigaciones penales y la revictimización que ha obstaculizado el acceso a la justicia para las mujeres en el Edomex.
Fiscal Edomex deja ver que dependencia a su cargo está rebasada
“Que se escuche bien y con claridad: no atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias. Les dejamos solos. Les ruego acepten estas disculpas que ofrecemos con vergüenza personal e institucional, pero sobre todo con gran respeto y consideración”, expresó el fiscal frente a las familias de las mujeres víctimas de violencia feminicida.
En medio de un discurso plagado de “vacíos”, como señalaron las madres, el fiscal José Luis Cervantes Martínez inició cambiando el nombre de una de las víctimas, llamando Diana a Daniela. Aunque inmediatamente fue corregido por las familias, la indiferencia institucional se dejó ver. Y así ha sido desde el 11 de marzo de 2015, cuando Daniela Sánhez Curiel desapareció en Tlalnepantla, Estado de México.
Hasta el día de hoy Daniela sigue desaparecida. Su familia está convencida de que fue víctima de feminicidio a manos de una anterior pareja suya, quien la agredía físicamente.
Cuando la madre de Daniela intentó dar seguimiento a la búsqueda de su hija tras interponer la denuncia, se encontró con autoridades descoordinadas, al grado de que tardó una semana en localizar al servidor público a cargo de la investigación.
A pesar de que Daniela desapareció en marzo, en la carpeta de investigación no constan diligencias hasta el mes de julio. Asimismo, no fue hasta seis meses más tarde que las autoridades empezaron a recabar entrevistas a personas cercanas a Daniela. Tampoco se trató de geolocalizar su teléfono, ni el de su expareja. Por otra parte, debido a un mal resguardo de los indicios por parte de las autoridades, se perdieron evidencias.
El cambio de nombre no fue la única deficiencia que dejó en claro el Fiscal. Incluso admitió que la dependencia ahora a su cargo lleva 15 años con el mismo personal y sin recursos suficientes para operar.
“Ojalá fuera nada más una carencia de recursos financieros, esta Fiscalía, a pesar de los millones de habitantes que tenemos hoy en día prácticamente tiene el mismo número de servidores públicos que tenía hace 10, 15 años. Pero sobre todo donde no se ha invertido o se ha querido invertir es en la capacitación de todo lo que rodea la violencia feminicida”.
Justamente la falta de capacitación ha quedado asentada en las investigaciones de casos como el de Diana Velazquez Florencio, víctima de feminicidio en 2017 en el Estado de México.
La joven fue privada de su libertad, agredida sexualmente, asesinada y abandonada en un terreno baldío en el municipio de Chimalhuacán. Las autoridades localizaron el cuerpo de Diana con signos de violencia el mismo día que desapareció; sin embargo, como primer registro de su incapacidad, ingresaron el cadáver como si fuera el de un hombre, lo que provocó que por varios días su familia se mantuviera en la incertidumbre.
Una vez identificado el cuerpo de Diana, las autoridades impusieron obstáculos por trámites burocráticos para hacer una exhumación del cuerpo, además se «perdió» la ropa que la joven llevaba el día de su feminicidio. Por estas omisiones, Lidia Florencio caminó y exigió por años para conseguir que el caso de su hija fuera investigado como feminicidio.
Entre retrasos, información incorrecta, omisiones y revictimización, el pasado mes de enero fue sentenciado uno de los feminicidas de Diana. Sin embargo, otro agresor continúa prófugo.
“Nada nos devolverá a nuestras hijas”: madres rechazan disculpa pública
El pasado 16 de noviembre de 2022 se había pactado la disculpa pública por parte del fiscal del Edomex. Pero una noche antes las familias fueron notificadas sobre la cancelación de dicho acto. Y la noticia no la recibieron por parte de las autoridades, sino a través del chófer de autobús que las llevaría hasta las instalaciones de la FGJEM en Toluca, Estado de México.
Esa no fue la única ocasión que la disculpa fue cancelada. Por lo que, esperando poco de las autoridades mexiquenses, acudieron a escuchar un mensaje en el que, aseguran, abundó la indiferencia e insensibilidad hacia las madres y sus hijas.
Por ello las familias rechazaron la disculpa emitida por el fiscal de la entidad. Una de ellas fue María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, quien aseguró: “a nombre propio y de mi familia lo reitero: No la aceptamos”.
Y es que Nadia Muciño Márquez fue asesinada en 2004. En la primera fase de la investigación la Fiscalía sostuvo que Nadia se había suicidado, sin considerar la posibilidad de un asesinato y la violencia pre-existente contra ella por parte de su entonces esposo.
A pesar de ello, la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación solicitó que se girara una orden de aprehensión en contra de la pareja de Nadia y su hermano, la cual se emitió el 30 de marzo de 2005. Sin embargo, en 2009 se condenó al cuñado de Nadia y fue absuelto un año después debido a que los magistrados consideraron que los testimonios de los niños -hijos de Nadia- eran “fantasiosos” y no tenían valor.
En el año 2012, ocho años después del asesinato, el esposo de Nadia fue detenido y condenado en 2017 por el delito de homicidio, debido a que en 2004 -año en que se perpetró el asesinato- todavía no existía el tipo penal del feminicidio.
La disculpa también fue rechazada por Ana Sosa Conde, hija de Julia Sosa, víctima de feminicidio en la entidad. Fue el pasado 16 de octubre de 2018 cuando Julia salió de su casa en el municipio de Ozumba, Edomex, y no volvió. Sus hijas intentaron denunciar su desaparición, pero las autoridades les dijeron que no podían interponer una denuncia debido a que aún no habían pasado 72 horas. Cuatro días después se presentó la denuncia formal; sin embargo, no se llevaron a cabo las acciones de búsqueda adecuadas.
Las hijas de Julia tomaron en sus manos la búsqueda y el 23 de octubre llegaron hasta la pareja de su madre, quien les entregó las llaves del rancho donde ella trabajaba.
Empezaron a excavar hasta que encontraron una sábana, que identificaron como de su madre, y vieron una parte de un cuerpo humano, por lo que decidieron llamar a las autoridades. Sin embargo, les dijeron que no podían acudir porque «no tenían personal suficiente», así que las hijas de Julia se quedaron toda la noche resguardando el lugar.
Fue un día después, a las dos de la tarde, cuando llegó al rancho un agente de la policía municipal para resguardar el lugar hasta la llegada del personal del Ministerio Público, quienes acudieron a las 17:30, casi 21 horas después del aviso. Las autoridades siguieron la excavación y confirmaron el hallazgo de una persona sin vida, las hijas de Julia confirmaron que se trataba de su madre.
Ese día las hijas de Julia también fueron informadas de que la pareja de su madre se había quitado la vida.. Para la Fiscalía el caso se cerró y no hubo nada más qué investigar. “Ya se murió, ya se murieron los dos, así que se quede”, expresaron las autoridades mexiquenses.
Es por ello que Ana Sosa, hija de Julia, expresó que esperaría un compromiso por parte de la Fiscalía en el caso de su madre, pues junto a sus hermanas tienen indicios de que en el feminicidio participó una segunda persona. Sin embargo, el titular de la dependencia no se responsabilizó por acciones futuras que pudieran brindar justicia a la familia.
Disculpas públicas no son suficientes
Aunque las disculpas públicas están incluidas en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; Ley de Víctimas; Ley de reparaciones; Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución Mexicana, estas no son una medida suficiente para reparar el daño a las familias.
Y en este caso, la disculpa no contó con la participación de las madres quienes previamente hicieron una petición en específico al fiscal de la entidad para que se incluyeran las particularidades de cada caso.
“La disculpa que se había acordado tenía en detalle todas las omisiones y deficiencias que cometieron en esta fiscalía en la investigacion de cada una de las desapariciones y feminicidios de estos cuatro casos que están documentados. El discurso que leyó el fiscal no tenía ese nivel de detalle, preocupa que se trató de un discurso genérico que podría repetirse prácticamente para cualquier víctima de feminicidio y cualquier fiscalía en cualquier entidad federativa del país”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Es por ello que la organización, en su informe Juicio a la justicia, recomendó a la FGJEM:
- Incrementar el equipo de peritos y peritas asignados a la Fiscalía de Género, de forma que tengan capacidad para asumir las primeras diligencias de casos de desapariciones y feminicidios.
- Incrementar el equipo de agentes del Ministerio Público y policías de investigación de las Fiscalías Especializadas en Feminicidio y Desapariciones.
- Garantizar la accesibilidad y disponibilidad de las víctimas al acceso a la justicia. En ese sentido, valorar la posibilidad de crear nuevas agencias (sedes/oficinas) de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Desapariciones que alcancen la mayor parte del territorio mexiquense, de manera que se reduzcan los desplazamientos que deben realizar los/as servidores/as públicos/as. En este sentido, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) recomienda aumentar el número de entidades receptoras de denuncias.
- Crear una unidad de análisis (o reforzar otra unidad ya existente) con profesionales especializados en el análisis de datos (análisis georreferencial, análisis de video, etc.) que responda a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y con la que los y las agentes del Ministerio Público y policías de investigación puedan tener un contacto directo.
