*Linotipia.
/Peniley Ramírez /
Era abril de 2006. Un convoy de cinco camionetas llegó al hangar presidencial de Venezuela en el aeropuerto de Maiquetía. En las camionetas viajaban 5.5 toneladas de cocaína. Allí, elementos de la Guardia Nacional de Venezuela sacaron la droga, la subieron a un avión y pagaron sobornos para modificar el plan de vuelo. El avión era un DC-9, con capacidad para más de 80 pasajeros. El vuelo llegó a Ciudad del Carmen, Campeche. Y allí autoridades mexicanas incautaron la droga.
Entonces, a los venezolanos les informaron que debían pagar otro soborno para que no se supiera quién, en Venezuela, autorizó el despegue. Poco después, los narcotraficantes pagaron 2.5 millones de dólares para que el envío no fuera investigado en Venezuela. Quien recibió el dinero fue Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela y uno de los coacusados de Nicolás Maduro en el caso en su contra en Nueva York.
Los detalles de esta operación y las acusaciones contra Cabello están contenidos en la acusación ampliada, por la que Nicolás Maduro y su esposa se declararon no culpables esta semana ante una corte en NY.
Poco después de las elecciones mexicanas de 2006, la revista Proceso publicó que, durante los meses que siguieron al decomiso en Campeche, no se habían movido las investigaciones. Esto ocurrió porque estaban involucrados altos mandos de la Policía Federal Preventiva. El expediente de la investigación decía que agentes de la Policía intentaron que el avión aterrizara en Toluca o Monterrey y buscaron sobornar a militares para que no revisaran la aeronave. La droga, decía el expediente que obtuvo Proceso, estaba en 128 maletas del Cártel de Sinaloa que decomisaron. La DEA ya monitoreaba la operación. El avión, con matrícula N900SA, se había usado en otros vuelos con drogas desde Venezuela.
Durante el siguiente gobierno, las operaciones continuaron. Entre 2006 y 2008, cuando Maduro era el canciller venezolano, otorgó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y permitió que aviones operaran como vuelos diplomáticos desde México hacia Venezuela, cuando en realidad transportaban dinero obtenido de la venta de drogas. Maduro, dice la acusación de NY, llamaba a la embajada de Venezuela en México. Decía que una misión diplomática llegaría en un avión privado. “Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México, bajo los auspicios de una misión diplomática, su avión transportaba el dinero del narcotráfico”. Después, sin escrutinio por tratarse de un vuelo diplomático, el avión volvía a Venezuela.
En los años siguientes, “Los Zetas” sobornaban a Cabello y otros oficiales venezolanos para transportar decenas de miles de kilogramos de cocaína desde puertos de Venezuela en portacontenedores. Mientras tanto, Joaquín “El Chapo” Guzmán financiaba la instalación de laboratorios de cocaína en Colombia, desde donde la droga viajaba a Venezuela, luego a México y a EU.
Han pasado casi 20 años desde el periodo en el que comenzaron los hechos que EU imputa a Maduro. Ahora, cinco años después de que los fiscales de Nueva York hicieron pública la primera acusación contra él, esta segunda acusación destaca aquel decomiso en Campeche. Al acusar al presidente de Venezuela, la nueva indagatoria pone énfasis en el papel estratégico que habría desempeñado México en el tránsito de drogas entre Venezuela y Estados Unidos.
Entre las dos acusaciones, de 2020 y la actual, hay cambios importantes en lo que respecta a México. La nueva acusación señala que Maduro y sus socios habrían hecho negocios ilegales con “Los Zetas” y el Cártel de Sinaloa. Pero también describe a México como un punto clave en la operación regional, que incluye a Venezuela como contraparte para trasladar la droga hacia el norte y el dinero hacia el sur.
Hace una semana, la incursión ilegal de Estados Unidos en Caracas “extrajo” a Maduro, un Presidente en funciones, de su país. Mucho se ha escrito sobre la corrupción de Maduro, el peligro democrático de las acciones de Trump y el futuro de la democracia global. En México, vale también preguntarnos cuánto de este trasiego global está bajo investigación y quiénes, entre los participantes mexicanos, siguen impunes.
