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12.04.2024.-La magistrada Elba Sánchez Pozos ha denunciado la situación desde 2019 y en diversos o medios informativos ha explicado su denuncia contra Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusándolo de abuso de función, conflicto de interés, tráfico de influencias, entre otros cargos.
De acuerdo a lo manifestado en entrevistas radiofónicas sus denuncias no obedecen – ni se vinculan- a temas electorales pues su agravio deriva de un mobbing laboral que ha documentado fehacientemente frente a juzgadores por una presunta presión ejercida por Arturo Zaldívar en su contra, derivada de una denuncia por “malas prácticas” de colegas que la magistrada presentó desde abril de 2019.
Sánchez Pozos, quien actualmente se desempeña como magistrada de Circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Zapopan, Jalisco, enfatizó a Joaquín López Doriga que la denuncia contra Zaldívar no responde a motivaciones políticas en contra de la Cuarta Transformación, como él ex ministro ha esgrimido con Ciro Gómez Leyva
aduciendo que es una venganza porque forma parte de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
En Radio Fórmula, la magistrada expresó su deseo de que sus colegas que han experimentado violaciones a la independencia judicial también tuvieran el valor de denunciar abiertamente y se sumaran en lugar de recurrir a denuncias anónimas.
Sánchez Pozos detalló que Zaldívar habría ejercido presión sobre ella (Mobbing laboral) luego de que presentara una denuncia por presuntas malas prácticas de algunos de sus colegas, lo que molesto al entonces Presidente de la Suprema Corte.
Dijo que Zaldívar ordenó iniciar una investigación sobre los actos denunciados, los cuales considera de naturaleza delictiva, pero que no se tomaron acciones al respecto sino al contrario inició un hostigamiento.
Posteriormente, la magistrada fue suspendida y trasladada a Culiacán, Sinaloa, un lugar conocido como área de castigo dentro de la institución lugar al que nunca llegó pues la suspendieron por un año y la confinaron a su hogar con solo el 33 por ciento del salario, pese a ser jefa de familia .
La magistrada reveló que la colega denunciada tenía una estrecha relación con Zaldívar, lo que, según ella, la expuso a represalias por parte del exministro.
Enfatizó que su “destitución de funciones” fue consecuencia directa de su decisión de denunciar actos indebidos e ilegales de sus colegas, quienes formaban parte del círculo de poder de Arturo Zaldívar.
La magistrada Elba Sánchez Pozos ha manifestado su determinación de llevar adelante esta denuncia, respaldada por su convicción de que la presión y el castigo que sufrió fueron injustos y motivados por su intento de exponer prácticas irregulares dentro de la institución judicial.
En 2022 denunció en el espacio informativo de Carmen Aristegui que el Consejo de la Judicatura Federal desechó de forma definitiva los cuatro expedientes de queja que la magistrada Elba Sánchez Pozos había presentado.
