* Escrito por Arantza Díaz .
16.08.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a cargo de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, quien además es la primera mujer en presidir el órgano judicial, dio un revés al caso de María Elena Ríos, luego de darse a conocer la sentencia del juez José Gabriel Ramírez Montaño, que dejaba en libertad a tres de los presuntos agresores de la saxofonista, y además se conoció que el mismo juez será investigado por el dictamen que liberaba a los señalados por feminicidio en caso de tentativa.
Por la madrugada de este jueves 15 de agosto, comenzó a circular información relativa a la titular del Poder Judicial del Estado, quien ordenó a la Visitaduría General de la institución una investigación exhaustiva que finque las responsabilidades penales y administrativas en contra de quienes hayan ejercido actos de corrupción y colusión, entorpeciendo así, el acceso a la justicia de María Elena Ríos.
La resolución que dejaba sin efecto todas las medidas cautelares impuestas sobre los presuntos responsables de la tentativa de feminicidio contra la saxofonista; Vera Carrizal, Rubicel H y Rubén L., eliminaban la posibilidad de darle verdad y justicia a la sobreviviente de violencia ácida, situación que indignó a la sociedad mexicana.
En este sentido, según información expedida por el Tribunal, la responsabilidad inmediata cae sobre sobre el juez oaxaqueño José Gabriel Ramírez Montaño por sus posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y probables conductas ilícitas, siendo así, que se iniciará un proceso de investigación sobre cómo se gestan las dinámicas al interior del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial Mixteca, con sede en Huajapan de León, espacio desde donde se emitió la polémica resolución.
La magistrada Berenice Ramírez Jiménez, señaló que en todo caso donde se encuentre involucrada una mujer en situación de vulnerabilidad o violencia, no se puede permitir que las actuaciones y la impunidad, manchen el desempeño ético de las personas juzgadoras en la entidad de Oaxaca.
«No estoy de acuerdo con el fallo, soy una mujer institucional que respeta la autonomía judicial, sin embargo, se investigará a fondo la conducta dudosa de los involucrados y se les castigará con todo el peso de la ley, caiga quien caiga», (Berenice Ramírez Jiménez).
Un proceso con giros importantes: Caso Malena
«Este tribunal considera que la representación social con las pruebas aportadas no logró (…) la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia, he resuelto absolver a Vera Carrizal, Rubicel H y Rubén Loaiza Chávez», esta ha sido la resolución emitida por el juez oaxaqueño José Gabriel Ramírez con la que sepultó toda posibilidad de consolidar una sentencia para los 3 presuntos responsables del ataque ácido cometido contra María Elena Ríos.
El caso, terminó por estallar en un asunto político donde la sociedad civil, así como organizaciones defensoras de derechos humanos iniciaron el revuelo político para demandar al Tribunal que se consolide la justicia para María Elena Ríos.
Paralelamente, a esta voz se unió el gobernador, Salomón Jara quien condenó «enérgicamente» la liberación de los agresores de la saxofonista, refiriendo que esto es sólo una muestra de putrefacción en el Poder Judicial; su respuesta fue condenada por usuarios, quienes le increparon por sus abusos contra la población oaxaqueña y su presunto «oportunismo» al no mejorar las Fiscalías, que cuentan con rezagos a la hora de desarrollar carpetas de investigación.
Esto último, fue hilado al caso Malena, pues según el juez local que absolvió a estos tres personajes las pruebas contenidas en la carpeta de investigación poseen irregularidades, siendo esto, una responsabilidad absoluta de la fiscalía del Estado; su trabajo era contener, ordenar, verificar, cotejar y sustentar el delito, pero si este sistema fue endeble, entonces, la impunidad se abrió camino.
Y como si esta inacción no fuera suficiente, ahora se le une la presunta corrupción cometida por el juez José Gabriel Ramírez, originando así, una sentencia que apunta a la injusticia y a la colusión judicial estatal.
Esto último fue documentado por Cimacnoticias, cuando en septiembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resaltó que, en el desarrollo de sus investigaciones, la fiscalía oaxaqueña y el gobierno del estado presentaron información incompleta o negaron de manera reiterada su plena colaboración, con lo que se obstaculizó la investigación.
Por dichas omisiones la CNDH pidió al entonces gobernador de Oaxaca y al fiscal general de la entidad que procedieran a la inmediata reparación del daño ocasionado a la víctima y a sus familiares, “en los términos y condiciones que establece la Ley General de Víctimas”. Sobra decir, que estas reparaciones nunca fueron proporcionadas.
La CNDH evidenció que la FGE de Oaxaca no elaboró un plan de protección en coordinación con otras dependencias de la administración pública estatal o municipal, ni ejecutó adecuadamente medidas en favor de la sobreviviente ni de sus familiares.
¿Qué sigue ahora? Lo primero que hay que referir, es que sólo se ha hecho hincapié en Juan Antonio V.C, pero no se debe dejar en segundo plano que también están implicados Rubicel H. y Rubén Loaiza Chávez, quienes son acusados de ser los autores materiales del ataque. Con el pronunciamiento de la titular del Tribunal, Berenice Ramírez Jiménez y el señalamiento directo que se la ha hecho al juez José Gabriel Ramírez por presunta corrupción, la dinámica que se gestará en el Estado de Oaxaca podría resultar un hito histórico que devele las deficiencias del Poder Judicial Estatal y los nexos de poder que sostienen las personas enjuiciadoras.
Entretanto, sólo queda permanecer expectantes sobre el caso y a dónde conducirá la investigación que ha ordenado la magistrada al interior del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial Mixteca; el caso de María Elena Ríos aún no queda zanjado y este férreo posicionamiento expedido por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca a cargo de una mujer magistrada, deja por sentado que en esta lucha por la justicia aún queda camino por recorrer.
Esto, no sin antes, reconocer la intervención de Berenice Ramírez Jiménez que movió sus piezas para darle un revés a la sentencia y con ello, también abrir la ventana para saber qué está sucediendo en el sistema judicial oaxaqueño, entidad que tiene registrados 33 feminicidios bajo la gubernatura de Salomón Jara y una tasa alta en homicidios dolosos cometidos contra mujeres sólo en lo que va del 2024, (47), número mayor que los presentados en la capital mexicana según datos del Secretariado Ejecutivo.
Como último pendiente, hay que recordar que el segundo presunto autor intelectual de este ataque es Juan Antonio N., hijo de Juan Antonio N y que permanece prófugo de la justicia. Además, el quinto probable agresor, identificado como Ponciano H. quien falleció al interior del centro penitenciario, es decir, que los 3 hombres que permanecerán bajo arresto gracias al trabajo del Tribunal de Justicia son las últimas piezas que permitirían esclarecer los hechos sobre lo sucedido en 2019, cuando se atentó contra la vida de María Elena Ríos.
¿Quién es la magistrada Berenice Ramírez Jiménez?
«Esposa, madre, oaxaqueña y apasionada por los derechos huanos», se lee en la descripción de su perfil oficial que, además, posee el sello de su gubernatura: «Mujeres transformando la justicia».
Magda Berenice Ramírez Jiménez hizo historia el pasado enero del presente año cuando el Pleno sometió a votación su candidatura alcanzando la mayoría de los votos (21) y que le valdrían convertirse en la primera mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y con ello, también dirigir el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
La magistrada fue electa por un periodo de 4 años, de 2024 a 2028 y también, existe la posibilidad de que la presidenta busque nuevamente la candidatura al terminar su gestión.
De profesión abogada y maestra en derecho procesal constitucional, Magda Berenice Ramírez Jiménez ha sido clave en la defensa de los derechos humanos, especialmente, de niñas, niños, mujeres y personas con discapacidad, impulsando la sensibilidad dentro del Tribunal para brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad – discapacidad: «quienes viven en estas condiciones enfrentan múltiples dificultades para ejercer sus derechos, incluyendo, el acceso a la justicia».
«Hoy las mujeres en el ámbito jurisdiccional somos muy valiosas porque hacemos que nuestra presencia no sea sólo un discurso, sino una realidad que nos recuerda constantemente que en este periodo tenemos que seguir trabajando por la igualdad, la inclusión y la no discriminación por razón de género» (Berenice Ramírez Jiménez, durante su toma de protesta ante el Pleno).
