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01.11.2025. Malawi.- En respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Malawi según la cual negar a una superviviente de violación de 14 años de edad acceso a una interrupción segura del embarazo violó sus derechos a la salud sexual y reproductiva en virtud de las secciones 19 y 20 de la Ley sobre Igualdad de Género, Tigere Chagutah, director de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:
“En un país en el que el aborto sigue en gran medida criminalizado, esta sentencia histórica sienta un importante precedente. Afirma que obligar a una mujer o una niña a llevar a término un embarazo no deseado constituye una violación de sus derechos. Protege los derechos humanos y constitucionales de las supervivientes de violencia sexual a acceder a unos servicios de aborto de calidad, al tiempo que las protege de los riesgos potencialmente mortales asociados a los abortos inseguros.”
“La sentencia subraya además la necesidad urgente de que Malawi reforme sus restrictivas leyes sobre el aborto y revise sus directrices nacionales sobre la atención posterior al aborto. Sólo cuando esto se lleve a cabo podrá el país cumplir sus obligaciones, contraídas en virtud del derecho regional e internacional, de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva completos. El aborto seguro debe ser accesible y asequible para todas las mujeres y niñas de Malawi, incluidas las víctimas de violación.”
En un país en el que el aborto sigue en gran medida criminalizado, esta sentencia histórica sienta un importante precedente. Afirma que obligar a una mujer o una niña a llevar a término un embarazo no deseado constituye una violación de sus derechos.
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
“Ahora debe quedar claro que las leyes de aborto restrictivas y el estigma relacionado con el aborto contribuyen directamente a la mortalidad materna y al sufrimiento. El Parlamento de Malawi tiene la oportunidad de redactar un marco jurídico que proteja la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y las niñas.”
Información complementaria
En Malawi, el aborto se castiga con penas de hasta 14 años de prisión, con una excepción limitada “para preservar la vida de la madre”. El país tiene uno de los índices de mortalidad materna más altos del mundo, estimado recientemente en 381 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Se calcula que entre el 6% y el 18% de las muertes maternas se deben a complicaciones relacionadas con abortos inseguros.
La causa que ha dado lugar a esta sentencia se presentó contra el Fiscal General, el Ministerio de Salud y otros en nombre de una niña (nombrada como AC, ya que es menor) que quedó embarazada tras ser violada. Inicialmente, un médico que temía las consecuencias legales le denegó un aborto seguro en el Centro de Salud de Chileka. Sin embargo, tras una segunda opinión, más tarde se sometió a una interrupción segura del embarazo en el Hospital Central Queen Elizabeth.
El 28 de octubre de 2025, el tribunal le concedió 50 millones de kuachas (29.000 dólares estadounidenses) como indemnización por la violación de los derechos de AC, su dolor y sufrimiento, y su pérdida de servicios vitales.
