*Zurda.
/Ruth Zavaleta Salgado/
Frente a la reacción de indignación y coraje ciudadano por el terrible asesinato de Carlos Manzo, edil de Uruapan, actuó rápido la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió con la afectada viuda, Grecia Quiroz y, quizás, influyó para que ella aceptara ser nombrada de forma inmediata la nueva presidenta de ese municipio, pero también anunció un nuevo Plan Emergente para Michoacán, el tercero después de los que implementaron sus antecesores, los expresidentes Felipe Calderón (2009) y Enrique Peña Nieto (2014).
Sin embargo, en redes sociales se convocó a realizar una protesta nacional el 15 de noviembre como muestra de repudio al asesinato de Carlos Manzo, quien no sólo era presidente municipal, sino, también, el líder del Movimiento del Sombrero. Si bien es cierto, ese movimiento surgió localmente, sus causas son compartidas por los ciudadanos de otras entidades federativas en donde los grupos criminales operan con total impunidad para extorsionar, desaparecer personas y asesinar a cualquier actor que les implique un estorbo a sus intereses, ya sean líderes sociales, periodistas o presidentes municipales.
Es, entonces, con base al éxito o fracaso de la convocatoria de la protesta de esa fecha, la del 15 de noviembre, cuando se podrá evaluar si esas acciones de control de daños implementadas por la presidenta Sheinbaum fueron suficientes para frenar el enojo y la indignación de los ciudadanos, no sólo de Michoacán, sino también de toda la República por el asesinato de un edil que pidió ayuda a las autoridades federales y estatales y no fue otorgada o no fue suficiente para frenar los apetitos criminales que cegaron su vida mediante la terrible acción de un joven sicario de 17 años de edad, quien fue abatido después de cumplir el cometido que le encomendara o le obligara a realizar algún grupo criminal.
Este contexto podría significar un punto de quiebre respecto a la actitud de los ciudadanos frente al abuso criminal y la actitud de los gobernantes, porque a pesar de las cifras alegres de disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, la extorsión, las desapariciones forzadas y los asesinatos de líderes de diversas esferas de la vida pública han crecido exponencialmente desde el sexenio anterior. Tan sólo de 2019 a la fecha, han asesinado a 49 ediles, encabezando las cifras Oaxaca con más de 20 víctimas y le siguen Michoacán, Veracruz, Guerrero y Puebla. Durante mucho tiempo se ha normalizado el asesinato de los presidentes municipales justificando que eso pasa porque están involucrados con los criminales, pero no todos lo están.
Manzo dio una muestra de ello, y seguramente varias de las víctimas también eran honestas y por eso los mataron, pero el miedo también permea en el ánimo de los ciudadanos, muchos prefieren hacerse de la vista gorda cuando matan a sus gobernantes porque las acciones de los criminales tienen esa intención, ocasionar miedo y terror para que todos se sometan.
No obstante, el caso de Michoacán es emblemático porque no es la primera vez que los ciudadanos protestan y se organizan no sólo para exigir justicia, sino también para actuar valientemente y hasta temerariamente para repeler a los criminales, así surgieron las autodefensas en 2013, con los trágicos resultados para la mayoría de los que las encabezaron. Quizás por eso el coraje con el que los ciudadanos de Michoacán han salido a las calles, para no olvidar el legado de quienes han luchado por la justicia y la paz ¿los vamos a dejar solos?
Cabe señalar que la ejecución de Carlos Manzo tiene varias coincidencias con otro terrible homicidio sucedido en Colombia el 8 de junio, el de Miguel Uribe Turbay. Los dos tenían la misma edad, eran políticos carismáticos y fueron ejecutados en eventos públicos a manos de un solitario niño sicario ¿Quiénes son estos niños asesinos? En cualquiera de los dos casos, es un hecho terrible que afrenta a nuestras sociedades, porque resulta perturbador pensar que miles de niños, adolescentes y jóvenes no sólo están siendo reclutados como sicarios por los criminales, sino que también son víctimas de homicidios y desapariciones forzadas, ¿qué está haciendo el Estado para protegerlos?
