*Entre 2022 y septiembre de 2026 se documentaron 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, con solo cuatro sentencias condenatorias.
*Foto: Captura de pantalla / Marcela de Jesús Natalia denunció ante la CIDH que la falta de justicia prolonga los riesgos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
La periodista indígena ñomndaa Marcela de Jesús Natalia denunció las omisiones del Estado mexicano para investigar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada este 29 de octubre.
Desde su experiencia como comunicadora y defensora de derechos humanos de la Costa Chica de Guerrero, Marcela expuso las consecuencias de la violencia, el desplazamiento forzado y la falta de respuestas judiciales efectivas. Su participación también buscó visibilizar las agresiones que enfrentan otras personas defensoras, periodistas, familiares y comunidades en México.
La audiencia, correspondiente al 197 periodo de sesiones de la CIDH, donde se abordó la situación de las personas defensoras de derechos humanos. En este espacio, organizaciones civiles expusieron los obstáculos para acceder a la justicia y la persistencia de agresiones contra quienes defienden derechos, territorios y libertades.
Marcela de Jesús denuncia violencia y falta de justicia
Marcela inició su intervención saludando en su lengua, el ñomndaa, y se presentó como mujer indígena, periodista y defensora de derechos humanos de la Costa Chica de Guerrero.
Durante su participación, recordó que fue encarcelada durante tres años, sobrevivió a un atentado con arma de fuego que le dejó secuelas permanentes y enfrenta el desplazamiento interno como consecuencia de su labor periodística y de defensa de derechos humanos.
“Mi participación en esta audiencia no busca hablar solamente de mi experiencia personal, vengo en representación de muchas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares y comunidades que han enfrentado amenazas, desplazamineto, desapariciones y asesinato por defender sus territorios, sus recursos naturales, la libertad de expresión entre otros”.
La periodista sostuvo que México continúa siendo un país donde las agresiones contra personas defensoras no reciben una respuesta judicial efectiva. Señaló que esta falta de respuesta favorece la impunidad y convierte el acceso a la justicia en un proceso marcado por el desgaste físico, económico y emocional, además de la incertidumbre para las víctimas.
De acuerdo con las cifras presentadas durante la audiencia, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2026 se documentaron 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos. De estos casos, 20 habrían sido judicializados y únicamente cuatro cuentan con sentencia condenatoria.
Marcela advirtió que estas cifras reflejan la dimensión de la impunidad y mencionó que entre las víctimas se encuentran 19 mujeres buscadoras.
CIMAC documentó 530 agresiones contra mujeres periodistas
La violencia contra quienes defienden derechos humanos también tiene impactos diferenciados para las mujeres, quienes enfrentan agresiones relacionadas con su labor periodística y con las desigualdades estructurales de género.
Marcela señaló que, del 1 de octubre de 2022 al 1 de septiembre de 2026, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) registró 530 agresiones contra mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, algunas de ellas con componentes de género.
“Estas cifras se acrecientan cuando las violencias del contexto se entrecruzan con desigualdades y violencias estructurales que enfrentamos las mujeres en el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión”.
La periodista también hizo referencia a otros grupos históricamente invisibilizados, entre ellos personas afromexicanas, indígenas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y personas migrantes, quienes enfrentan condiciones particulares de exclusión y obstáculos para acceder a la justicia.
Advirtió que las consecuencias de la falta de protección y de acceso a la justicia van más allá de las víctimas directas, pues alcanzan a sus familias y comunidades. La imposibilidad de participar en los procesos judiciales, señaló, profundiza las condiciones de exclusión e impunidad.
Ante este panorama, Marcela planteó la necesidad de que el Estado cuente con un registro de las denuncias por estos delitos y de que las fiscalías investiguen las agresiones considerando la labor de defensa de derechos humanos de las víctimas.
“Por ello resulta indispensable que el estado cuente con un registro de denuncias de estos delitos, porque hemos documentado que en muchas fiscalías del país desvinculan las agresiones por su labor de defensa de derechos humanos cuando esta línea de investigación no se incorpora de manera clara y oportuna se pierde la posibilidad de comprenser el contexto de las agresiones”.
Marcela advirtió que la impunidad genera nuevos riesgos y transmite un mensaje que desalienta la defensa de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.
“Defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede tener consecuencias letales, sin que existan garantías efectivas de justicia”.
Al finalizar su intervención, subrayó que sobrevivir a una agresión no significa dejar de ser víctima. Explicó que continúa enfrentando las consecuencias del desplazamiento forzado y vive en alerta ante la posibilidad de que las agresiones se repitan, con afectaciones a su salud física y mental.
“No he podido recuperar mi vida y he tenido que enfrentar el desplazamiento forzado para proteger mi integridad. Vivo en un estado de alerta constante a que las agresiones se repitan, afectando mi salud física y mental. Mientras el Estado siga sin responder de manera efectiva a las agresiones, permanecerán impunes. El riesgo no terminará para quienes hemos sobrevivido”.
Organizaciones advierten obstáculos para defender derechos humanos
Durante la audiencia también participó Saulo Loya, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Guerrero, quien señaló que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con su intervención, las desapariciones y agresiones contra personas defensoras persisten, mientras que las acciones del Estado mexicano siguen siendo insuficientes para garantizar su protección y el acceso a la justicia.
Por su parte, Sibely Cañedo, integrante de Iniciativa Sinaloa, describió el contexto de violencia que atraviesa esa entidad desde septiembre de 2024, en medio de la confrontación entre grupos del crimen organizado.
La participante sostuvo que esta violencia generalizada tiene impactos diferenciados en quienes defienden derechos humanos y ejercen la libertad de expresión. También señaló que persisten los obstáculos para acceder a la justicia en Sinaloa y otras entidades del país.
“En muchos casos, los delitos cometidos contra personas defensoras se desarrollan en contextos en los que existen indicios de corrupción, conflictos de interés o posibles vínculos entre autoridades y los actores señalados como responsables de las agresiones. Esta situación resulta preocupante cuando la labor de defensa cuestiona intereses políticos, económicos o criminales, o cuando entre las posibles líneas de investigación se encuentra la participación de personas servidoras públicas. Es así como las personas defensoras encuentran múltiples barreras para acceder a la justicia”.
Las intervenciones coincidieron en señalar la necesidad de fortalecer las investigaciones, garantizar la protección de las personas defensoras y asegurar que las agresiones sean investigadas sin descartar, desde el inicio, su posible relación con la labor de defensa de derechos humanos o el ejercicio periodístico.
Piden una fiscalía especializada y un registro nacional de agresiones contra personas defensoras
Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en Chiapas, señaló que los obstáculos para acceder a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos en México son estructurales y que 90 por ciento de los casos permanece en la impunidad.
Entre los principales problemas identificó la falta de análisis de contexto, la omisión de antecedentes de amenazas, las demoras en las investigaciones, las deficiencias en la valoración de pruebas y la limitada participación de las víctimas, así como la ausencia de enfoques diferenciados e interseccionales.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que la impunidad incrementa los riesgos para las víctimas, sus familias, organizaciones y comunidades, además de inhibir el ejercicio individual y colectivo del derecho a defender derechos humanos.
Como parte de sus recomendaciones, pidió al Estado mexicano implementar un plan nacional para aplicar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías de las 32 entidades federativas, con presupuesto, responsables, indicadores y plazos verificables.
También solicitó garantizar la capacitación del personal encargado de las investigaciones, difundir el protocolo entre las personas defensoras y las comunidades, y crear un registro nacional homologado de agresiones que permita conocer las características de las víctimas, las posibles motivaciones de los ataques y el avance de los procesos judiciales.
Asimismo, planteó establecer mecanismos periódicos de monitoreo y evaluación, con participación de víctimas y organizaciones civiles, además de crear una fiscalía especializada a nivel federal, con autonomía funcional y capacidad para atraer casos locales cuando existan criterios de gravedad o posibles vínculos de agentes estatales con las agresiones.
Por último, pidió a la CIDH solicitar información periódica sobre las investigaciones, judicializaciones, sentencias y reparaciones, así como brindar asistencia técnica al Estado mexicano para implementar y evaluar el protocolo, en coordinación con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.