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08.03.2026 EUA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra actores vinculados al régimen cubano y elevó nuevamente el tono de Washington contra La Habana, a la que acusó de representar una amenaza para la seguridad estadounidense por sus presuntos vínculos con Rusia, China e Irán, así como por actividades de inteligencia y por el suministro de armas.
Rubio informó que fueron sancionadas cinco entidades cubanas y ocho individuos a los que el gobierno de Donald Trump relaciona con la obtención de armamento para el régimen de Miguel Díaz-Canel. El funcionario advirtió además que las medidas no se limitarán necesariamente a los ciudadanos y empresas directamente señalados, pues también podrían alcanzar a instituciones financieras y compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales o proporcionen servicios a los sancionados.
“El régimen comunista cubano es un patrocinador estatal del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista venenosa y sirve como base de operaciones para Rusia, China e Irán a solo 90 millas de nuestras costas”, sostuvo Rubio al comunicar la decisión.
El mensaje forma parte de una política de presión mucho más amplia de la administración Trump hacia Cuba, que durante 2026 ha combinado sanciones económicas, restricciones financieras, medidas contra funcionarios y empresas estatales y una retórica cada vez más centrada en la seguridad nacional estadounidense.
Cuba permanece actualmente en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo. El Departamento de Estado identifica a Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria como los cuatro países incluidos en esa categoría. La designación cubana fue restablecida por la primera administración de Donald Trump en enero de 2021, después de que Barack Obama hubiera retirado a la isla de esa lista en 2015.
El episodio adquiere especial relevancia porque la política de Washington hacia La Habana ha dado un giro todavía más severo durante el segundo gobierno de Trump. En mayo de 2026, el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14404, mediante la cual amplió las herramientas para imponer sanciones contra personas y organizaciones relacionadas con el gobierno cubano, su aparato de seguridad y determinados sectores estratégicos de la economía de la isla.
La nueva arquitectura de sanciones permite actuar no sólo contra funcionarios cubanos, sino también contra personas extranjeras que proporcionen apoyo al gobierno de Cuba o a individuos y entidades bloqueadas. Entre los sectores considerados particularmente sensibles se encuentran energía, defensa y material relacionado, minería y metales, servicios financieros y seguridad.
El alcance extraterritorial de estas medidas es uno de los elementos más importantes del anuncio de Rubio. El gobierno estadounidense busca que bancos y compañías de terceros países calculen cuidadosamente el riesgo de mantener relaciones con entidades cubanas sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, ha advertido que instituciones financieras extranjeras y otras personas no estadounidenses pueden quedar expuestas a sanciones si realizan determinadas operaciones con entidades bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva 14404. Incluso las operaciones con compañías que pertenezcan directa o indirectamente en 50 por ciento o más a determinadas entidades cubanas sancionadas pueden generar riesgos.
La advertencia de Rubio fue directa: “Cualquiera que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado ellos mismos”. También reclamó que los bancos y empresas extranjeras que mantengan fondos o presten servicios a las entidades señaladas terminen esas actividades.
No se trata de una acción aislada. Desde mayo, Washington ha ido ampliando progresivamente la lista de instituciones cubanas sometidas a sanciones. El 7 de mayo, Estados Unidos sancionó, entre otros actores, al Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido como GAESA, un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con una importante presencia en sectores económicos estratégicos de Cuba.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro incorporó a la lista de personas bloqueadas a funcionarios y organismos relacionados con el aparato político, militar y de seguridad cubano. Entre las entidades sancionadas en junio aparecieron el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, los Comités de Defensa de la Revolución, Minera La Victoria y Amistur Cuba.
En junio también fue sancionada Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal encargada de buena parte de las actividades petroleras de la isla, profundizando la presión sobre uno de los sectores más sensibles para una economía que atraviesa una severa crisis energética. ([OFAC][6])
Y en julio, Washington amplió nuevamente las medidas contra entidades cubanas al sancionar al Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX, y al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, GEMAR. El gobierno estadounidense estableció además reglas específicas para que las compañías extranjeras pudieran cerrar operaciones con esas entidades sin quedar inmediatamente expuestas a sanciones, aunque advirtió que debían actuar con cautela.
El argumento de seguridad nacional
Rubio está presentando esta política no solamente como una estrategia para castigar al gobierno cubano por la represión interna o por su modelo económico, sino como una cuestión de seguridad nacional estadounidense.
El secretario de Estado ha sostenido en diferentes ocasiones que La Habana mantiene vínculos estratégicos con países considerados adversarios de Washington. En una audiencia del Senado antes de asumir como secretario de Estado, Rubio afirmó que Cuba mantenía relaciones con Irán y que en la isla operaban instalaciones de inteligencia vinculadas con otros países. También sostuvo que el gobierno cubano protegía a fugitivos de la justicia estadounidense.
Uno de los argumentos que más peso ha adquirido en Washington es la relación de Cuba con China. En los últimos años, funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por instalaciones de inteligencia china en la isla, debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos.
La administración Trump ha incorporado además a Cuba dentro de una narrativa más amplia sobre la expansión de fuerzas políticas y estratégicas consideradas hostiles a Estados Unidos en el hemisferio occidental.
En julio, el Departamento de Estado publicó un extenso informe titulado “Cuba: Capital of 21st Century Communism”, en el que acusó al gobierno cubano de haber desarrollado durante décadas una campaña de influencia política en Estados Unidos y de haber respaldado movimientos de izquierda radical. El documento generó controversia porque incluyó referencias a organizaciones y activistas estadounidenses de izquierda y vinculó a Cuba con episodios de violencia política que Washington atribuye a sectores radicales.
El giro hacia una política de confrontación también coincide con la decisión de Rubio de colocar el combate contra la violencia política de extrema izquierda entre las prioridades de la política antiterrorista estadounidense. En julio, el secretario dijo ante representantes de más de 60 países que Washington pretendía redirigir parte de sus esfuerzos internacionales de contraterrorismo hacia lo que denominó “terrorismo de extrema izquierda”. Reuters reportó que Rubio vinculó a Cuba con la construcción de movimientos de izquierda radical en Estados Unidos, aunque no presentó públicamente pruebas que sustentaran todas esas afirmaciones.
La dimensión económica de la ofensiva
Las nuevas sanciones llegan cuando Cuba atraviesa una de las etapas económicas y energéticas más complicadas de las últimas décadas. La isla ha enfrentado escasez de combustible, apagones prolongados, dificultades para importar bienes esenciales y una profunda crisis de liquidez.
La presión estadounidense se ha concentrado particularmente en el sector energético. Las sanciones contra CUPET y otras estructuras económicas controladas por el Estado buscan reducir las fuentes de financiamiento que permiten al gobierno cubano mantener sus operaciones.
El objetivo declarado por Washington es impedir que los recursos económicos terminen fortaleciendo al aparato militar, de inteligencia y de seguridad cubano. Sin embargo, la política también genera preocupación por sus posibles efectos indirectos sobre la población cubana, que ya enfrenta severas dificultades para acceder a electricidad, alimentos, medicamentos y transporte.
La discusión sobre las sanciones a Cuba tiene, por ello, dos dimensiones enfrentadas. Para Washington, se trata de una herramienta de presión destinada a debilitar a un gobierno que considera autoritario y hostil. Para sus críticos, el endurecimiento de las medidas puede profundizar las condiciones económicas que padecen los ciudadanos comunes sin necesariamente producir una transición política.
La historia detrás de la confrontación
La hostilidad entre Washington y La Habana se remonta a los primeros años de la Revolución cubana. Después del triunfo de Fidel Castro en 1959, las relaciones entre ambos países se deterioraron rápidamente hasta desembocar en la ruptura diplomática y en un embargo económico que se mantiene, con modificaciones, hasta la actualidad.
Durante la Guerra Fría, Cuba se convirtió en uno de los principales aliados de la Unión Soviética en el continente americano. La crisis de los misiles de 1962 colocó a ambos países al borde de una confrontación nuclear y convirtió a la isla en uno de los puntos centrales de la disputa entre Washington y Moscú.
Décadas después, Cuba desarrolló relaciones estrechas con Venezuela, Rusia, China e Irán, aunque la naturaleza y alcance de esos vínculos han variado según el momento.
El regreso de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021 fue particularmente controvertido. La administración Biden intentó retirar a la isla de esa clasificación en enero de 2025, pero el proceso no llegó a consolidarse antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El actual gobierno estadounidense mantiene la designación.
Una política que vuelve a endurecerse
El anuncio de Rubio muestra que Washington no está apostando en este momento por una normalización de las relaciones con La Habana. Por el contrario, la estrategia consiste en aumentar progresivamente el costo financiero y político para el gobierno cubano y para quienes hagan negocios con sus principales estructuras estatales.
El mensaje del secretario de Estado también deja claro que Estados Unidos pretende que la presión trascienda sus propias fronteras. Al advertir a bancos y empresas extranjeras que podrían ser sancionados por trabajar con los actores señalados, la administración Trump busca dificultar que Cuba encuentre mecanismos alternativos para acceder a financiamiento, servicios y comercio internacional.
La frase con la que Rubio cerró su advertencia resume la posición de Washington: Estados Unidos, afirmó, no tolerará “un estado renegado que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles en nuestra puerta de entrada”.
Más allá de la retórica utilizada por el secretario de Estado, el anuncio confirma una tendencia que se ha acelerado durante 2026: la relación entre Estados Unidos y Cuba vuelve a entrar en una etapa de máxima tensión, con sanciones dirigidas no sólo contra funcionarios, sino contra empresas estratégicas, instituciones económicas y posibles intermediarios internacionales.
La incógnita ahora es hasta dónde llegará esta política. Washington ha dejado claro que pretende aumentar la presión; La Habana, por su parte, enfrenta una crisis interna cada vez más profunda. El punto de choque entre ambas estrategias será determinar si el aislamiento económico consigue modificar el comportamiento del gobierno cubano o si, como ha ocurrido durante décadas, termina prolongando una confrontación cuyo costo también recae sobre la población de la isla.