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04.06.2026 Washington, D.C.- El Secretario Marco Rubio anunció este jueves que acaban de sancionar a nivel internacional a las principales entidades de influencia externa e interna del régimen cubano y a la familia de Diaz-Canel, asi como al gobernante cubano.
El gobierno de Estados Unidos, en voz del Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva ronda de sanciones contra cinco entidades vinculadas al Estado cubano, en una medida que profundiza la política de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump hacia el gobierno de La Habana.
La decisión fue dada a conocer por el Departamento de Estado, que preside Marco Rubio, que acusó al régimen cubano de mantener una red internacional de apoyo a movimientos políticos radicales y de participar en actividades que, según Washington, representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Las sanciones fueron impuestas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), a la empresa turística Amistur Cuba S.A., a los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR) y a la compañía Minera La Victoria S.A.
En su pronunciamiento, las autoridades estadounidenses señalaron que estas organizaciones forman parte de la estructura institucional que sostiene al gobierno cubano y que contribuyen, directa o indirectamente, a la proyección internacional de la influencia política de La Habana.
El Departamento de Estado advirtió además que cualquier persona física, empresa o institución financiera que mantenga relaciones comerciales o de servicios con las entidades señaladas podría enfrentar medidas punitivas por parte de Estados Unidos. La advertencia se extiende a bancos extranjeros y compañías internacionales que realicen operaciones con dichas organizaciones.
La medida se fundamenta en facultades derivadas de una orden ejecutiva emitida por Trump para endurecer las restricciones económicas y financieras contra Cuba, una política que representa un retorno a la estrategia de máxima presión aplicada durante su primer mandato y que contrasta con los intentos de acercamiento impulsados durante la administración de Barack Obama.
La nueva ofensiva económica llega en un contexto de renovada confrontación ideológica entre Washington y varios gobiernos de izquierda en América Latina. Funcionarios estadounidenses han sostenido en reiteradas ocasiones que Cuba continúa desempeñando un papel activo en la promoción de movimientos políticos afines en la región, una acusación que el gobierno cubano rechaza de manera sistemática.
Entre las entidades sancionadas destaca el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, creado en 1960 con el objetivo de fortalecer los vínculos internacionales de Cuba mediante intercambios culturales, académicos y políticos. Durante décadas, el organismo ha mantenido relaciones con organizaciones sociales, sindicatos, movimientos de solidaridad y grupos políticos de distintos países.
También figura entre los sancionados el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una de las instituciones más influyentes dentro de la estructura estatal cubana. Además de sus funciones militares, diversos análisis internacionales han señalado que sectores vinculados a las fuerzas armadas mantienen participación en actividades económicas estratégicas de la isla.
Los Comités para la Defensa de la Revolución, otra de las entidades incluidas en la lista, constituyen una de las organizaciones de base más emblemáticas del sistema político cubano. Fundados en 1960 por Fidel Castro, los CDR cuentan con presencia en prácticamente todos los barrios del país y participan en actividades comunitarias, campañas de salud pública y programas de movilización social.
La inclusión de Amistur Cuba S.A. y Minera La Victoria S.A. refleja el interés de Washington por afectar fuentes de ingresos vinculadas a sectores económicos específicos. Aunque las autoridades estadounidenses no detallaron públicamente el alcance financiero de cada sanción, especialistas consideran que el objetivo es limitar la capacidad de estas entidades para realizar transacciones internacionales o acceder al sistema financiero global.
Las nuevas restricciones se producen en un momento especialmente delicado para la economía cubana. La isla enfrenta una prolongada crisis caracterizada por escasez de alimentos, medicamentos, combustibles y energía eléctrica, además de elevados niveles de inflación y una fuerte emigración de ciudadanos hacia otros países de la región y Estados Unidos.
Desde la perspectiva de La Habana, las sanciones estadounidenses forman parte de una política de bloqueo económico que el gobierno cubano denuncia desde hace más de seis décadas. Las autoridades de la isla sostienen que estas medidas afectan directamente a la población y obstaculizan el desarrollo económico nacional.
Por su parte, Washington argumenta que las sanciones buscan presionar a las autoridades cubanas para impulsar cambios políticos y democráticos, así como limitar la capacidad del gobierno para financiar actividades que considera contrarias a los intereses estadounidenses.
La decisión también tiene implicaciones regionales. Cuba mantiene relaciones políticas y de cooperación con diversos gobiernos latinoamericanos y organizaciones sociales internacionales, por lo que las nuevas restricciones podrían afectar algunas operaciones financieras y proyectos de colaboración desarrollados a través de las entidades sancionadas.
Analistas consideran que el anuncio confirma el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia Cuba y anticipa una etapa de mayores tensiones diplomáticas entre ambos países. Mientras Washington insiste en aumentar la presión sobre el gobierno cubano, La Habana mantiene su postura de rechazo a las sanciones y denuncia lo que considera una estrategia de asfixia económica con fines políticos.
Las medidas entrarán en vigor de manera inmediata y serán supervisadas por las agencias federales encargadas de la aplicación de sanciones internacionales, que tendrán la facultad de investigar y penalizar operaciones realizadas con las organizaciones incluidas en la nueva lista.
MENSAJE DE MARCO RUBIO
Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de izquierda radical. El régimen en La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado movimientos violentos marxistas y tercermundistas en todo nuestro hemisferio y más allá. Hoy, estamos apuntando a la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba.
De conformidad con las autoridades de sanciones creadas por la histórica Orden Ejecutiva de Cuba del presidente Trump, estoy designando a las siguientes entidades:
1. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR)
2. Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)
3. Amistur Cuba S.A.
4. Comités para la Defensa de la Revolución (CDR)
5. Minera La Victoria S.A.
Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de sanciones ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades.
La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de EE.UU. y participar en operaciones de influencia para exportar su “revolución” venenosa y malvada a nuestro país y al resto del mundo.