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21.07.2026 EUA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una de las condenas más severas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras el anuncio de que en Nicaragua ya no volverán a celebrarse elecciones, al considerar que esa decisión confirma el abandono definitivo de cualquier apariencia democrática en el país centroamericano.
En un mensaje difundido este martes por el Departamento de Estado, Rubio afirmó que las declaraciones del mandatario nicaragüense evidencian “la verdadera naturaleza autoritaria” del régimen y sostuvo que tanto Ortega como la copresidenta Rosario Murillo “han abandonado incluso la apariencia de la aprobación popular”.
“La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU. El compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”, escribió Rubio en su cuenta X.
El funcionario estadounidense aseguró que el pueblo de Nicaragua tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes y llamó a la comunidad internacional a incrementar la presión diplomática contra el gobierno sandinista.
“No nos quedaremos de brazos cruzados”, advirtió Rubio al reiterar que Washington continuará trabajando con sus aliados para exigir el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense surgieron horas después de que Daniel Ortega anunciara públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, al asegurar que no permitirá que la oposición vuelva a disputar el poder mediante las urnas. Durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que impulsará reformas legales para impedir que los partidos opositores puedan regresar al gobierno, al acusarlos de actuar bajo intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos.
Para Rubio, ese anuncio representa el reconocimiento explícito de que el gobierno nicaragüense ha dejado atrás cualquier compromiso con los principios democráticos.
“El régimen Ortega-Murillo demuestra su miedo a la voluntad del pueblo”, sostuvo el secretario de Estado, quien añadió que la eliminación de los procesos electorales confirma el deterioro institucional que, según Washington, se ha venido profundizando desde hace varios años.
El funcionario recordó que Estados Unidos desconoce la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2021, en las que Ortega obtuvo un nuevo mandato después de que varios aspirantes presidenciales opositores fueran encarcelados, inhabilitados o forzados al exilio antes de los comicios. Aquella elección fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales, gobiernos occidentales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denunciaron la ausencia de condiciones para una competencia libre y equitativa.
Rubio insistió en que la comunidad internacional debe responder de manera coordinada frente a lo que calificó como un nuevo paso hacia la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua y reiteró que los nicaragüenses conservan el derecho irrenunciable de elegir a sus dirigentes mediante elecciones libres y transparentes.
El anuncio de Ortega marca un punto de inflexión en la historia política reciente del país. Aunque desde hace años distintos organismos internacionales sostenían que el sistema electoral nicaragüense había perdido credibilidad debido a las detenciones de opositores, el cierre de espacios políticos y el control gubernamental sobre las instituciones, nunca antes el mandatario había declarado de forma abierta que las elecciones dejarían de existir como mecanismo para renovar el poder.
Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha concentrado progresivamente el control de las instituciones del Estado. En 2025 impulsó una reforma constitucional que fortaleció aún más el poder del Ejecutivo, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y otorgó a Rosario Murillo el cargo de copresidenta, consolidando un esquema de gobierno compartido dentro del mismo núcleo familiar.
Tras las protestas masivas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de exiliados según organismos internacionales, el gobierno nicaragüense intensificó la persecución contra opositores, periodistas, organizaciones civiles, universidades y representantes de la Iglesia católica. Desde entonces, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto sanciones contra funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas.
Aunque Marco Rubio no anunció nuevas medidas concretas contra Managua, dejó claro que Washington buscará mantener el aislamiento internacional del gobierno de Ortega y promover acciones conjuntas con otros países para responder a la eliminación de los procesos electorales. “El pueblo de Nicaragua merece decidir su futuro”, reiteró el secretario de Estado al concluir su posicionamiento.