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/ Yamiri Rodríguez Madrid /
Hoy, en la Universidad Veracruzana (UV) se libra una batalla que va más allá del nombre del próximo rector. Se debate el sentido mismo de la autonomía universitaria.
De acuerdo con el más reciente desplegado firmado por tres aspirantes a la Rectoría, la prórroga no está contemplada en la normatividad interna de la UV. Es más, la Junta de Gobierno, al dar trámite a dicha solicitud, habría incurrido en violaciones puntuales: no solo omitió emitir la convocatoria para la sucesión rectoral en los plazos que marca la ley, sino que también ignoró el límite de edad establecido para aspirar al cargo y eliminó de facto cualquier competencia interna.
En este contexto, la marcha de estudiantes frente a la Rectoría no fue una expresión aislada. Fue la manifestación de una comunidad cansada de decisiones tomadas entre pocos, de espaldas a quienes mantienen viva a la institución con su esfuerzo diario.
Aun con todo esto el gris rector, Martín Aguilar Sánchez se aferra al cargo; él, sociólogo de formación; integrante prominente del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, conoce a la perfección la figura de las dictaduras, de los sindicalismos charriles, de esos que no sueltan el hueso y, aún así, los emula sacando conejos de la chistera con tal de no dejar la rectoría y seguir cobrando su jugoso sueldo como cabeza de la máxima casa de estudios en la entidad.
Lo que no entiende Martín Aguilar y su camarilla es que la UV no necesita una prórroga; necesita legitimidad. Necesita que sus decisiones estén fundadas en derecho, pero también en ética pública. Que quienes aspiran a conducirla lo hagan desde la competencia abierta y no desde la comodidad del cargo.
La Universidad Veracruzana tiene la oportunidad de enviar un mensaje distinto: que el futuro se construye con participación y legalidad, no con atajos ni simulaciones. Y si el estudiantado, es parte fundamental de ese camino, más que una concesión, será una reivindicación democrática largamente esperada.
@YamiriRodriguez