*Proponemos tres hipótesis que nos permiten poner una parte del occidente del país como un ejemplo para profundizar en la desaparición de personas en el marco de la guerra contra las drogas
/ Isaac Vargas y Daniela Rodríguez* /
“A los chavos, el ‘narco’ les paga con eso, con la misma droga que producen y se crea un círculo sin salida”, nos contó Viridiana, en 2018, al entrevistarla en un pueblo al norte de Jalisco, cercano a la frontera con Guanajuato. En las últimas semanas, luego del hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, han circulado múltiples reportajes respecto al contexto de inseguridad en la entidad, el cual tiene cerca de doce años gestándose, particularmente a través de la proliferación de laboratorios para la elaboración de droga sintética en la entidad.
Para entender mejor la situación por la cual atraviesa Jalisco, proponemos tres hipótesis concatenadas entre sí, aunque postulamos que nuestro análisis, da insumos para explicar también el panorama de la desaparición de personas en otras regiones del país.
Hipótesis 1. El CJNG controla un territorio específico con el objetivo de mantener su actividad principal: la producción, trasiego y venta de metanfetamina
Sitios de exterminio y de entrenamiento manejados por el crimen organizado, como el Rancho Izaguirre, los entendemos a partir de lo que Doreen Massey, geógrafa inglesa, llama “un sentido global del lugar”. Es decir, un lugar conformado por el encuentro de procesos, tanto locales, regionales, nacionales e internacionales, que coexisten y se condensan para producir un sitio como el ubicado en Teuchitlán. Nos sumamos al pensamiento de Alejandra Guillén y Jonathan Ávila, cuyos trabajos sugieren que el Rancho Izaguirre se desprende de un sistema territorial más amplio, compuesto por un entramado de relaciones entre diferentes agentes, no únicamente criminales, pues debemos considerar también la forma en que actúan el gobierno, los empresarios y la población civil, que han posicionado a Jalisco, y parte del occidente, como un enclave internacional fundamental para la producción de metanfetamina.
Tan solo en 2011, las autoridades mexicanas decomisaron el 56% de la metilamina (uno de los principales componentes para la elaboración de cristal de metanfetamina) asegurada en todo el mundo. De 2006 a 2018, el occidente concentró el 67% de la totalidad de laboratorios incautados en doce años en México. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el gobierno asegura haber incautado al menos 90 toneladas de drogas en los últimos meses de 2024, aunque el foco de la atención, debido a la presión por parte de Estados Unidos, está puesto de momento sobre el fentanilo.
De hecho, la producción de fentanilo ha tenido un mayor crecimiento en la zona norte del país, mientras que el occidente se ha posicionado como referente en la elaboración de metanfetamina. El crimen organizado, como ente transnacional, posee variadas configuraciones de acuerdo con los grupos que lo representan y los territorios en que se despliega. Se trata de áreas geográficas o porciones territoriales en donde el capitalismo, aquí “personificado” a manera de un cártel, devora las relaciones sociales a través de la producción ampliada de una mercancía, en este caso ilegal. Es necesario remarcar la importancia de no desvincular los efectos de esa producción con el sistema internacional y las funciones que los estados-nación designan, o permiten, que desempeñen los territorios que le integran. Para desmenuzar esta reflexión, ponemos como ejemplo al CJNG y la economía de la metanfetamina.
En 2012 comenzó a gestarse una importante reconfiguración criminal en Jalisco que involucró a los sistemas institucional, empresarial y, desde luego, a integrantes de agrupaciones criminales a partir de la muerte de Ignacio ‘Nacho’ Coronel. Tras su asesinato en 2010 a manos del Ejército, se dio paso a la consolidación de una nueva red que hoy conocemos como el CJNG, cuya estrategia fue el uso de violencia extrema como estrategia para estructurar una red más grande compuesta de varias células criminales. Para llegar a su afianzamiento, el grupo ha desplegado una infraestructura de control que se ha conformado de tres etapas, siendo lo relatado en este párrafo la primera de ellas.
Es alrededor de 2014 que da inicio la segunda etapa del cártel, en la cual la red criminal se mantuvo y creció mediante relaciones con más agrupaciones locales a través de la amenaza o la extinción, ya que si las mismas se negaban a colaborar eran eliminadas y “suplantadas”. Aunado a ello, comenzaron a florecer nexos con empresas privadas—creadas o usadas para el lavado de dinero—y con la política local, particularmente en la zona sur del estado. Y si bien la protección institucional, en apariencia, no provino en un principio del centro del poder estatal, sí estaba conectada con él mediante algunas personas que se vinculaban estrechamente con sus representantes. De este crecimiento regional es que se consolida una dinámica internacional al gestarse relaciones con otros actores con mayores alcances operativos. Así, el CJNG fue delineando un territorio y una infraestructura que hoy responde a negocios que satisfacen una demanda, es decir, que alimenta las necesidades del mercado.
La tercera etapa, la internacional, comenzó en 2015. Queremos precisar que la intersección entre la parte global y la conformación de un territorio económico-criminal en el estrato local se da por alianzas con la política, el control de células criminales más pequeñas, junto con la “adaptación” y/o “aceptación” de la población en donde se inserta este grupo criminal. Así, el control avanza en distintos lugares que le son favorables para las actividades en las que participa y que le permiten solidificar su presencia internacional. En términos espaciales, aquí distinguimos al menos tres: las fronteras, las ciudades (los principales centros urbanos) y los puertos.
Hipótesis 2. La conformación y despliegue de infraestructuras que fungen como el sistema operativo del CJNG
“Eran como las siete de la tarde y llegaron dos camionetas con unos diez hombres para llevarse a mi hijo. Camionetas grandes, ellos estaban vestidos como si fueran de la Fiscalía o policías, tenían la cara cubierta. Entraron a la casa con sus armas, gritando. Yo tengo recuerdos por momentos, pero las cosas son borrosas al mismo tiempo”. Este testimonio pertenece a Fabiola, madre buscadora cuyo hijo fue desaparecido en 2020 en un municipio del interior de Jalisco que forma parte de lo que Alejandra Guillén nombra como un circuito desaparecedor (por cuestiones de anonimato no es posible dar más datos del caso de Fabiola, pero el municipio al que nos referimos está conectado con los territorios en que Guillén ha hecho trabajo de campo). Este circuito se desprende de una infraestructura, “que utiliza muchos lugares, muchos vehículos, a muchas personas”.
Cuando hablamos de la infraestructura del narcotráfico, nos referimos a las pistas clandestinas de aterrizaje, a los laboratorios de producción de droga, o a los grandes edificios que son el resultado del lavado de dinero. Las infraestructuras entendidas como una entidad compuesta de elementos que se mueven, que se transforman, o desvanecen de acuerdo con como el negocio lo requiera, como lo son los llamados “narco-túneles”. Una infraestructura, en el sentido en que lo propone Waqas (antropólogo de la Universidad de Toronto), es una entidad que está constituida por historias, conocimientos y una diversidad de materialidades, abocada tanto a generación como al consumo de productos. Para ello, necesita crear relaciones sociales que van justo determinando el valor de lo que se produce (un gramo de metanfetamina no tiene el mismo costo en Jalisco, que al cruzar el Río Bravo). Para una infraestructura como la del crimen organizado, se requiere de un dinamismo que facilite la circulación de aquello que se produce y es catalogado como ilegal, el cual necesita de la permisibilidad o el silencio de autoridades que no obstaculicen el movimiento de la droga.
La infraestructura para traficar drogas está conformada por materialidades como lo son cámaras de videovigilancia instaladas por grupos criminales que monitorean los territorios que reclaman como suyos. Otro elemento son las llamadas narco-tienditas que aparecen y cierran cada tanto, cuyo negocio es la venta de drogas al menudeo. En 2022 dimos a conocer, como parte de un trabajo de investigación, el caso de una mujer identificada como “la Patrona” en Aguascalientes. Debido a los ajustes criminales ocurridos en la zona en que ella tenía “narco-tiendas”, decidió ocultarse por una temporada en una finca dentro del municipio de Cosío. Dicha finca era custodiada por jóvenes usuarios de metanfetamina que servían como sus vigilantes y le notificaban de la presencia de la “contra” (cárteles rivales), de militares, o de la Guardia Nacional. Una parte del pago a estos jóvenes era en especie, se les pagaba con meta por su lealtad a la Patrona.
Por su parte, el CJNG ha diseñado en el territorio jalisciense una suerte de infraestructura —a manera de matriz— que alberga más infraestructuras, cada una enfocada en particulares actividades (producción de mercancía, cobro de piso, desaparición de personas), pero todas interrelacionadas entre sí. Un punto para destacar aquí es la cualidad del camuflaje ideada por el CJNG, al emplear una diversidad de insumos y tecnologías que van desde sofisticadas herramientas hasta poner el cuerpo; como en el caso de los maleteros obligados a ocultar drogas en los compartimentos de camiones de pasajeros o dentro de figuras religiosas. Este caso da pie a mencionar que consideramos al cuerpo como el principal instrumento que sostiene la infraestructura, no únicamente del mercado de la metanfetamina, sino que del mercado del crimen organizado en su totalidad. Es por lo anterior que la mano de obra es la base de una economía alimentada por el reclutamiento forzado, lo que nos lleva a la tercera y última hipótesis, a desmenuzar una parte de la infraestructura de la desaparición.
Hipótesis 3. El crimen organizado, en este caso el CJNG, requiere de personas que sean utilizadas como mano de obra, para ello se llevan a cabo estrategias de reclutamiento
Mediante expresiones culturales, como la música, se ha difundido masivamente una idea la cual presupone que ingresar a grupos criminales significa tener éxito y gloria inmediatos. Cuando hablamos de la mano de obra del narco hacemos referencia a un grupo de personas que ingresan a diversas actividades criminales. Planteamos que las redes del crimen organizado se conforman por jerarquías que dividen a sus integrantes mediante eslabones cuya posición tiene un valor diferenciado. La mano de obra a la que hacemos alusión es el estrato más bajo, su relación con otros integrantes en una posición más alta se representa con la dupla de “jefe-siervo”, en donde el siervo es utilizado y reemplazado una vez que ya no le sirve a la lógica criminal. En este sentido, aunque en oposición a relatos que construyen el imaginario del narcotráfico, difícilmente hay ascensos en la jerarquía criminal, sobre todo si se inicia en y desde la base de una organización.
Una maquinaria global del tipo criminal como la planteada en este texto requiere de “recursos humanos” suficientes para abastecer sus necesidades. Junto a la producción de metanfetamina, la introducción del CJNG a otro tipo de actividades ilegales ha traído consigo el reclutamiento de población mediante dos modus operandi: la imagen de prosperidad asociada con el crimen y la desaparición forzada. En una investigación todavía en curso, establecemos que debido a estas estrategias se pueden distinguir dos particulares tipos de reclutamiento, el “voluntario” (enraizado en la vida cultural) y el forzado, siendo este último el que tratamos aquí. No obstante, la dimensión cultural, aunque excede los límites de este trabajo, es un factor clave que abre puertas de análisis para continuar reflexionando acerca de estrategias de reclutamiento más sutiles, e insertas en la vida cotidiana de nuestras sociedades. Un ejemplo que nos habla de ello ocurrió el 29 de marzo en Guadalajara, cuando durante el concierto del grupo Los Alegres del Barranco, se proyectaron imágenes del reconocido públicamente como líder del CJNG.
Por otro lado, desde 2017, con las primeras revelaciones de los campamentos de adiestramiento en Jalisco, se hizo evidente la relación entre desaparición forzada y el reclutamiento por parte de grupos criminales. Si bien es importante tener en cuenta la relación desaparición-reclutamiento forzado, también lo es dejar en claro que no es un vínculo del todo directo. Es decir, ni todas las desapariciones en Jalisco ocurren porque las personas son reclutadas forzadamente, ni todo el reclutamiento es a través de la desaparición. Con ello nos referimos a la citada dimensión cultural y a los imaginarios de prosperidad tanto social como económica en un país con un futuro poco promisorio para sus juventudes, como lo ha argumentado Rossana Reguillo.
Respecto a la relación desaparición-reclutamiento forzado, una vez que el CJNG se asentó como una red criminal más estable, surgió la necesidad de incorporar personas ya no solo para el conflicto territorial, sino que para el establecimiento de otras actividades. Lograrlo requirió ya no únicamente de propuestas atractivas que hicieran que la población entrara por “aparente gusto”, sino que también se requieren de formas de reclutamiento forzado en donde hasta ahora podemos hablar de dos: el secuestro fortuito y a través de engaños con ofertas laborales. La desaparición por medio de vacantes laborales representa un dato relevante, porque nos muestra cómo la infraestructura de las desapariciones gestada en Jalisco se interconecta con otras entidades de las que provienen personas interesadas en conseguir un trabajo. Esta estrategia de reclutamiento consta en subir ofertas de trabajo para contratar vigilantes, guardias de seguridad o en fábricas, entre otros, con sueldos de entre 3 y 5 mil pesos semanales.
Cuando la gente acepta, pueden ocurrir dos cosas: que se trasladen al estado de Jalisco, en específico a zonas urbanas como Puerto Vallarta o Guadalajara, o si las personas viven en la entidad, se pasa por ellas en determinados puntos. Generalmente, el traslado está lleno de dudas que no son respondidas, por lo cual, al llegar a su primer destino, las llamadas casas de resguardo, se encuentran con una realidad demasiado distinta a lo que esperaban. Ahí las personas son “resguardadas” hasta que se concentra la cantidad de individuos que la agrupación criminal necesita para ser enviados a sitios de adiestramiento, como el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
Así, proponemos prestar atención periodística y académica a indagar en la formulación de posibles enclaves de adiestramiento o exterminio, no únicamente en zonas cercanas a las fronteras, los principales centros urbanos y los puertos; los tres pilares espaciales que hemos detectado. Como parte de un proyecto en curso, en años recientes hemos encontrado que, debido a la preponderancia y poder del CJNG, parece existir una proliferación de sitios similares al encontrado en Teuchitlán. Una regionalización de lugares como el Rancho Izaguirre, para desde ahí reclutar y gestionar la vida de las víctimas. En trabajo de campo, en la zona sur de Jalisco (cercana a la costa), cuando los hallazgos de los campamentos de Tala estaban todavía en discusión, uno de nosotros logró tener acceso a variados testimonios de algunos vecinos de aquella región sureña. Los locales hablan de sitios en la zona montañosa creados “para entrenar e incluso castigar a integrantes que no acatan órdenes”. Con ello proponemos que, en el caso de Jalisco y posiblemente en otros estados, el “circuito desaparecedor” está en expansión, incluso saliéndose de los tres pilares espaciales a los que típicamente parecen recurrir las organizaciones. Es necesario estudiar más de cerca la faceta regional del crimen, o de otra manera, la regionalización creada a través de sus necesidades y conocimientos de la geografía en que crea sus infraestructuras.
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Isaac Vargas es candidato a doctor en Antropología por la Universidad de Toronto. Sus investigaciones se concentran en los procesos de búsqueda llevados a cabo por las madres de personas desaparecidas en Jalisco y Michoacán. También investiga acerca de la economía de la metanfetamina en el occidente del país.
Daniela Rodríguez Contreras es maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán, su trabajo se basa en la construcción de territorios criminales en el occidente de México. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-Xochimilco, en donde desarrolla un proyecto sobre el reclutamiento por parte del crimen organizado en Jalisco.
Foto de portada: Madres buscadoras caminan hacia el Ranchi Izaguirre. Lucía Flores/Obturador MX
