*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
La población penitenciaria mexicana ha crecido de manera acelerada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con cifras oficiales y reportes recientes, el país pasó de 236,773 personas privadas de la libertad al cierre de 2024 a 276,873 en septiembre de 2026, un aumento cercano al 17%, si se compara con la cifra aproximada de 232,000 internos que se manejaba al inicio del sexenio, el incremento ronda el 19% o 20%. La propia presidenta reconoció en agosto de 2026 que la población carcelaria había crecido entre 14% y 15% durante su administración.
Este crecimiento no es un dato menor, pues revela que la política de seguridad está produciendo más detenciones, pero que el sistema de justicia penal no tiene la capacidad -ni la orientación- para procesar con rapidez, legalidad y respeto a los derechos humanos a quienes ingresan a los centros penitenciarios.
Conviene precisar un punto, no es cierto que solo el 4% de los internos esté sentenciado. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, al cierre de 2025 el 57.8% de las personas privadas de la libertad tenía sentencia, mientras que el 42.2% -97,722 personas- seguía en proceso. Un año antes, la proporción con sentencia era de 63.7%.
El dato correcto es, sin embargo, más preocupante que el erróneo, más de cuatro de cada diez personas encarceladas no tienen una condena firme. Eso significa que una parte enorme de la población penitenciaria está privada de libertad antes de que se determine su responsabilidad penal, lo cual expone fallas graves en prisión preventiva, defensoría, investigación y administración de justicia.
Atribuir el problema exclusivamente a la Reforma Judicial sería simplificar, la presión sobre las cárceles se explica, en buena medida, por la estrategia de seguridad del gobierno federal, se reportan 70,571 detenciones por delitos de alto impacto en los primeros dos años del sexenio, un ritmo superior al de la administración anterior. Pero una política que llena cárceles sin fortalecer simultáneamente juzgados, fiscalías, defensoría y mecanismos alternativos convierte a la prisión en una válvula de contención, no en una política de justicia.
El problema no es solo el hacinamiento, el gobierno ha anunciado la construcción de seis nuevos penales -en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz- con una capacidad conjunta de 18,480 lugares. La medida busca elevar la capacidad nacional de 205,170 a 248,648 espacios.
El problema es evidente, aun si los seis centros se construyeran y se ocuparan de inmediato, la capacidad proyectada seguiría siendo inferior a los 276,873 internos reportados en septiembre de 2026. La aritmética no cuadra.
Hoy, 156 centros penitenciarios operan con excedente y hay 45,099 personas por encima de la capacidad instalada. El caso más extremo es el penal de Neza-Bordo, en el Estado de México, diseñado para 16,310 personas y actualente aloja a 38,681, un exceso de 137%. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó medidas inmediatas ante esa situación.
En Veracruz, la posible ampliación del penal de Papantla y la construcción de un nuevo centro pueden aliviar una presión local real, pero sería un error presentarlos como solución de fondo. Un penal nuevo no corrige la prisión preventiva injustificada, no acelera las sentencias, no garantiza una defensa eficaz y no transforma la reinserción en una política pública seria. No se trata solo de un problema de espacio.
El hacinamiento no es únicamente un problema de infraestructura, es una violación sistemática de los derechos humanos. Cuando una persona duerme en pisos, pasillos o espacios improvisados; cuando carece de atención médica oportuna; cuando convive con violencia, corrupción o grupos criminales que operan dentro del penal, el Estado incumple su obligación de garantizar una privación de libertad legal, digna y segura.
Una política penitenciaria responsable debe actuar en tres frentes, reducir entradas innecesarias, acortar permanencias indebidas y garantizar condiciones dignas para quienes sí deben permanecer recluidas.
Primero, hay que revisar caso por caso a las 97,722 personas que permanecen sin sentencia, deben priorizarse las audiencias de revisión, la defensa pública suficiente y la liberación de quienes han estado encarceladas por más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir. La prisión preventiva no puede convertirse en castigo anticipado.
Segundo, deben ampliarse las salidas alternativas. La suspensión condicional del proceso, el trabajo comunitario, la reparación del daño, los tratamientos para adicciones y otras medidas cautelares no son “beneficios” para delincuentes, son instrumentos legales para evitar que el encierro se utilice de forma automática en delitos de baja gravedad o cuando no existe riesgo procesal.
Tercero, cada detención debe tener un plan procesal verificable, capturar sin capacidad de investigar, imputar, defender y sentenciar no fortalece la seguridad, produce cárceles saturadas, expedientes abandonados y personas privadas de libertad durante años sin una respuesta judicial definitiva.
En este escenario México necesita una agenda penitenciaria con al menos ocho compromisos verificables: Reducir la prisión preventiva injustificada, con revisiones judiciales periódicas y defensoría pública fortalecida.
Es primordial aplicar con rigor las medidas alternativas a la prisión para delitos de menor gravedad y para quienes no representan riesgo; Descongestionar el sistema de justicia penal, ampliando juzgados, fiscalías, servicios forenses y defensoría, no solo celdas.
Hace falta garantizar estándares mínimos de vida digna, salud, agua, alimentación, higiene, contacto familiar, educación, trabajo y protección contra la tortura; Profesionalizar y auditar a los custodios, con supervisión civil, control interno, videovigilancia funcional y sanciones efectivas por abusos.
Se necesita publicar indicadores abiertos y periódicos sobre población, capacidad, personas sin sentencia, tiempo de reclusión, muertes, quejas de tortura y resultados de reinserción.
Los seis nuevos penales anunciados contemplan educación, capacitación laboral, salud y deporte. Eso sería positivo si se tradujera en presupuesto etiquetado, personal especializado, continuidad de programas al egreso y evaluación independiente. De lo contrario, serán cárceles modernas que reproducirán las mismas fallas de las antiguas.
La medida del éxito no debe ser cuántas personas se detienen ni cuántas celdas se construyen. Debe ser cuántas personas reciben una sentencia oportuna, cuántas evitan el encierro cuando la ley lo permite, cuántas salen con una posibilidad real de reinserción y cuántas permanecen en condiciones dignas mientras cumplen una pena.
México no necesita únicamente más cárceles. Necesita un sistema de justicia penal que sepa distinguir entre quienes deben permanecer privados de la libertad por sentencia o riesgo real y quienes pueden responder al proceso sin cárcel. Mientras esa distinción no exista, cada nuevo penal será apenas un parche para una crisis que comienza mucho antes de que alguien cruce las rejas.
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