* URGEN A QUE LAS UNIVERSIDADES DEBEN RECONOCERSE COMO VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA
*Especialista participó en Encuentro de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las IES
28/10/2022/ México.- El número de mujeres en edad universitaria que ha sido víctima de desaparición forzada asciende a más de 58 mil 700, por lo que las instituciones de educación superior (IES) deben reconocerse como víctimas, puesto que puede tratarse de miembros de su comunidad, señaló la maestra Norma Patricia Flores López, secretaria ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al participar en el VI Encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las IES.
En la actividad –convocada por esta casa de estudios, entre otras instituciones universitarias– afirmó que se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de individuos o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La especialista por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México expuso que la desaparición es un tema “nuevo para las universidades”; sin embargo, éstas “tienen que empezar a trabajar”, a realizar esfuerzos para abordar la problemática y también “tienen que reconocerse como víctimas o como ofendidas, puesto que se les ha despojado de una o de varias integrantes de su colectividad”.
Para atender este fenómeno las instituciones podrían identificar los recursos con que cuentan; por ejemplo, las investigaciones tendrían que empezar a realizarse de manera interdisciplinaria y transversal, con perspectiva en derechos humanos y de género, porque “hablamos de que la desaparición forzada es una realidad social”.
La especialista en Justicia para Adolescentes del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas señaló que “si estamos formando a los profesionales –antropólogos, abogados y psicólogos– para que puedan enfrentarse a esta problemática, podemos empezar con los aportes desde la indagación”.
Otra acción radica en los servicios a la comunidad, porque “tenemos que abandonar ideas individualistas y pensarnos como sociedad, apoyarnos y brindar ayudas indispensables para consolidarnos de manera colectiva” y, en ese sentido, “la universidad debe romper la barrera, donde de la muralla para adentro somos comunidad y para afuera no somos nada”.
Además deben realizarse esfuerzos a la creación de normatividad, tales como protocolos que puedan normar las líneas de prevención, atención y, en su caso, apoyos a las personas víctimas de desaparición forzada.
Otro elemento importante que las IES deben abordar es la identificación de factores de riesgo, tal es el caso de las rutas más peligrosas que traza el alumnado, el profesorado y el personal administrativo; los transportes en que se han registrado problemáticas para llegar a las escuelas, incluso el regreso a sus hogares; las zonas más arriesgadas, y los grupos más afectados, como el de las mujeres o de jóvenes que participan en movimientos estudiantiles.
Adicionalmente las universidades pueden realizar actividades de prevención, entre ellas, pláticas previas a movilizaciones, pues “si ponemos más esfuerzo en estas tareas, podemos tener una actuación proactiva y no reactiva” en la protección de los integrantes universitarios.
La maestra Flores López consideró que las IES aún no comprenden la conexión entre la desaparición forzada y la comunidad universitaria y es importante reconocerla y entender que el problema no se atiende sólo en el Ministerio Público ni en las fiscalías, sino también desde la universidad.
Es necesario construir en las instituciones de educación superior una cultura de salvaguardia a sus miembros basada en derechos humanos y que registren los casos que ocurran dentro de su comunidad, porque “no es posible que no contemos con el número exacto del alumnado o profesorado víctima de desaparición forzada”.
Las IES deben fortalecer la difusión de los derechos humanos, impulsar su participación en el contexto actual de los movimientos sociales, generar espacios libres de violencia, fomentar la cultura de la paz y crear instrumentos suficientes y eficientes, así como asignar los recursos necesarios para la debida atención de los casos en los contextos educativos.
En la Unidad Cuajimalpa se hacen esfuerzos como el denominado Proyecto de desaparición forzada en México y América Latina, que ha conjuntado diversas sociedades que trabajan con el propósito de fomentar el respeto a los derechos de las víctimas como las personas buscadoras de sus familiares.
Otras participantes en esta mesa fueron las doctoras Sabina García Peter, de la Universidad Libre de Berlín, y Hortensia Moreno, directora de Debate Feminista, quienes hablaron sobre Patriarcado, género y violencia en Instituciones de Educación Superior: abriendo espacios críticos de intercambio
También Luna Cárdenas Guevara, Natalia Florián Candela y Geraldine Torres Gutiérrez, estudiantes de la Universidad de Colombia, desarrollaron el tema Pensar el trabajo en campo desde el cuidado como una estrategia de resistencia frente a las violencias, y el doctor Arturo Gerardo Ruiz Utrilla, académico del Colegio de la Frontera Sur, dictó la ponencia El agente de Matrix como aportaciones conceptuales en la compresión de la violencia por motivos sexogenéricos.
