*La impunidad sigue siendo la constante en la justicia estatal y federal.
26.01.2026 Salamanca, Guanajuato.- El domingo 25 de enero de 2026, la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, fue escenario de una de las agresiones armadas más cruentas registradas en el país en lo que va del año.
Un comando armado irrumpió en un campo de fútbol donde se desarrollaba un partido amateur y una convivencia vecinal. Los atacantes, a bordo de dos camionetas, abrieron fuego con armas de alto calibre de manera indiscriminada contra jugadores y asistentes, dejando un saldo de once personas muertas y al menos doce heridas. Autoridades de salud reportan que cuatro personas permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado.
Testigos aseguran que se escucharon más de cien detonaciones en cuestión de minutos, lo que convirtió el lugar en un campo de terror. El ataque ocurrió alrededor de las cinco y media de la tarde, cuando familias y vecinos se encontraban reunidos en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas.
Entre las víctimas se cuentan jugadores, espectadores, una mujer y un menor de edad. La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, junto con la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al sitio para auxiliar a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.
Testigos refieren que en el lugar había al menos unas 300 personas que presenciaban los encuentros deportivos, cuando llegaron los delincuentes en al menos 3 camionetas.
Al menos 10 personas murieron en el lugar, 5 de ellos eran de una empresa de seguridad privada y 5 asistentes. La victima numero 11 falleció al recibir atención médica en el hospital ante la gravedad de lesiones, mientras tanto Paramédicos trasladaron a unas 12 personas heridas a hospitales.
Al Hospital General de Irapuato ingresaron 6 hombres de 15, 23, 24, 34, 48 y 50 años. En la Clínica Vasco de Quiroga 1 joven de 22 años; mientras el IMSS recibió a 3 hombres de 22, 22 y 27 años
Sin embargo, pese al despliegue inmediato, los agresores lograron escapar sin que hasta ahora se haya reportado ninguna detención.
Los antecedentes de violencia en Guanajuato explican en parte la magnitud de este hecho. El estado se ha consolidado como el más sangriento del país en los últimos años, con cifras de homicidios dolosos que superan a las de cualquier otra entidad.
La confrontación entre grupos criminales, principalmente vinculados al narcotráfico y al huachicol, ha dejado una estela de masacres en municipios como Irapuato, Celaya y ahora Salamanca.
En semanas previas, ligas deportivas locales habían suspendido actividades por amenazas y extorsiones, lo que evidencia un clima de inseguridad que permea incluso en espacios comunitarios.
La reacción oficial ha sido de condena y promesas de coordinación. El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, calificó el ataque como un acto de barbarie y solicitó apoyo adicional al gobierno estatal y federal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su administración mantiene comunicación con las autoridades de Guanajuato y que se reforzará la presencia de fuerzas federales en la región. Sin embargo, la percepción ciudadana es de desconfianza y hartazgo, pues la impunidad sigue siendo la constante.
Organizaciones civiles y colectivos de víctimas han señalado que este multihomicidio refleja la incapacidad de las instituciones para garantizar seguridad básica. En redes sociales, habitantes de Salamanca y de otras ciudades del estado expresaron indignación y miedo, recordando que Guanajuato ha sido durante años el epicentro de la violencia nacional.
Analistas advierten que la falta de resultados en la captura de los responsables y la ausencia de estrategias efectivas de prevención consolidan la imagen de un gobierno que, pese a los discursos, no logra contener la espiral sangrienta.
La masacre en Salamanca se suma a una larga lista de hechos que marcan la crisis de seguridad en México. Más allá de las cifras, el ataque en una cancha de fútbol comunitaria simboliza la vulnerabilidad de la vida cotidiana frente a la violencia organizada. Mientras las autoridades insisten en que habrá justicia, la realidad muestra que los agresores siguen libres y que la población permanece expuesta a nuevas tragedias.
