Maternidad subrogada: ¿solidaridad o explotación moderna?

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/ Gladys Pérez Maldonado /

La maternidad subrogada ha sido presentada como un acto de generosidad y una esperanza para quienes no pueden tener hijos por medios naturales. Sin embargo, detrás de esta aparente solución moderna al problema de la infertilidad, se esconde un fenómeno profundamente controversial que nos obliga a cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar para satisfacer un deseo, por legítimo que sea.

En su forma más idealizada, la gestación subrogada es un acuerdo voluntario entre adultos: una mujer decide gestar un bebé para otra persona o pareja, que anhela ser madre o padre. Pero esta imagen simplificada no siempre refleja la complejidad del proceso, especialmente cuando el factor económico entra en juego. ¿Puede hablarse de libre elección cuando muchas mujeres aceptan ser vientres subrogados por necesidad económica?

Un estudio del Centro de Bioética Global de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, estimó en 2023 que más del 70% de las mujeres que participan en procesos de subrogación comercial en países en desarrollo lo hacen motivadas principalmente por dificultades económicas. En México, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la mayoría de las gestantes contratadas en estados como Tabasco o Sinaloa ganan entre 120,000 y 180,000 pesos por embarazo, una cantidad significativa para mujeres en situación de pobreza, pero muy inferior a lo que pagan los padres intencionales a las agencias, que pueden cobrar hasta 1 millón de pesos por proceso completo.

En países como Estados Unidos, donde la subrogación está regulada en algunos estados, el mercado de la gestación subrogada mueve más de 6,000 millones de dólares anuales, según un reporte del Instituto Hastings en 2022. La diferencia es que allí, en teoría, existen garantías legales más sólidas tanto para la gestante como para los futuros padres.

México ha sido unos de los destinos más frecuentes para la gestación subrogada internacional, especialmente en estados como Tabasco o Sinaloa, donde hasta hace poco existe un marco legal que lo permite. No obstante, reformas recientes han restringido su uso, especialmente para extranjeros, ante denuncias de explotación de mujeres y tráfico de menores.

“Hay mujeres que lo hacen por elección propia y con pleno conocimiento, pero también hay casos en los que la necesidad económica las obliga a alquilar su vientre, lo cual plantea dilemas morales muy complejos”, comenta la doctora Adriana Vargas, experta bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No se puede hablar de libertad en un sistema donde una parte tiene el poder económico y la otra depende de ese dinero para sobrevivir”, señala la socióloga Laura Jiménez, especialista en género y derechos reproductivos. “La subrogación corre el riesgo de reducir a la mujer a una función biológica, como si su cuerpo fuera una incubadora a disposición de quien pueda pagarla”.

Por otro lado, las parejas que recurren a este método argumentan que la maternidad subrogada les permite formar una familia que de otro modo no sería posible. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 190 millones de personas en el mundo viven con infertilidad, una condición que puede ser devastadora desde el punto de vista emocional. Para muchas de ellas, la subrogación es la única esperanza real de tener un hijo biológico.

Sin embargo, en los casos de subrogación internacional —en los que ciudadanos de países ricos contratan a mujeres de países en desarrollo—, las desigualdades se amplifican. Un informe de la organización Surrogacy360 alerta que los vacíos legales en América Latina permiten que las mujeres firmantes carezcan de protección jurídica ante complicaciones médicas o conflictos legales posteriores al nacimiento.

La legalización y regulación estricta podrían ofrecer una salida intermedia, protegiendo a la gestante sin criminalizar a las familias. Sin embargo, mientras no exista una legislación uniforme y ética, seguiremos navegando en un terreno ambiguo, donde los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de la infancia pueden quedar relegados frente al poder del dinero. Como dato interesante debemos mencionar que en países como Francia, Italia y España la maternidad sobrogada está prohibida o no reconocida legalmente.

A medida que la ciencia avanza y los modelos familiares se transforman, la sociedad se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre el deseo de formar una familia y la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas.

La maternidad subrogada no es solo una cuestión de ciencia o de contratos legales: es, ante todo, una cuestión humana. Y como tal, exige una reflexión profunda, honesta y colectiva…