Leopoldo Mendivil /La Crónica.
Mi esposa recibió un mensaje WhatsApp de una sobrina: “Hola, me están extorsionando. Están enviando a mis contactos una foto horrible. Por favor, no hagan caso ni contesten ningún mensaje sobre este tema.”
Debajo de la foto de Magdalena (nombre ficticio), venía una denuncia: “VIOLADORA Y RATERA”. Luego un supuesto testimonio de que era acosadora y secuestradora de menores.
La pesadilla empezó el domingo, cuando Magdalena recibió un mensaje con una liga y que, para su desgracia, abrió. Eso permitió a los delincuentes hackear su celular: contactos, datos personales, redes sociales, fotos, etc.; es decir, toda la vida que guardamos en nuestros teléfonos.
A partir de ahí le llegaron las llamadas de los maleantes: “Tenemos todos tus datos si no nos mandas dinero te vamos a boletinar en todas tus redes.” De ahí escalaron a mensajes de audio bastante soeces
Magdalena supuso que era carrera de resistencia, pero al día siguiente recibió la foto en cuestión y ahí sí entró en pánico. Ella es maestra en una primaria y dos mamás de sus alumnos ya habían recibido la dichosa imagen. Magdalena temía perder su empleo, antigüedad, reputación y quién sabe cuántas cosas más.
Estuvo a punto de ceder, pero tuvo el tino de correr a la dirección del plantel y contar lo ocurrido; afortunadamente, recibió apoyo del área legal y de sistemas, así como la indicación de levantar una denuncia.
“No eres la única,” le dijo la agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Edomex-Toluca. “Desde que empezó la pandemia se han incrementado mucho estos casos. Qué bueno que no caíste, porque no te los quitas de encima y cada vez piden más.”
Celebro que la Fiscalía Edomex haya ido un paso más allá de abrir la carpeta de investigación, pues proporcionó a Magdalena el número de un comandante de la policía, como contacto de emergencia las 24 horas.
Mi sobrina política es uno más de los casos que a diario se dan en el país. En 2021 se denunciaron nueve mil 500 extorsiones, 12 por ciento más que el año anterior. Vaya usted a saber a cuántos cientos de miles ascienden estos delitos si consideramos la cifra negra.
A la fecha existen 220 mil números en la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude, creada en abril de 2020, donde también se incluyen las peticiones urgentes de dinero de supuestos familiares o de rescate por secuestro ficticio.
En teoría, dicha Base busca “identificar, prevenir y mitigar todos los delitos (…) vinculados a la extorsión y fraude telefónico”. Alcanzar su propósito presenta varios obstáculos y no encontré información que me haga suponer que han sido vencidos.
El primer obstáculo es encontrar personal confiable; es decir, no sólo que sea experto en telecomunicaciones, sino que la integridad de la Base esté a salvo, pues contiene datos de la víctima.
El decreto de creación no establece cuál es la capacidad de cada una de las instancias receptoras de denuncias, a saber, “Centros de Atención de Denuncia Anónima, Centros de Atención de Llamadas de Emergencia y las dependencia encargadas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno”.
Asimismo, la Base “busca establecer procedimientos homologados que garanticen el control y seguimiento de dichos números a nivel nacional.” No veo por ningún lado la participación de los Institutos Federal de Telecomunicaciones y Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos”, ya no digamos de los operadores de líneas.
En las noticias de la zona metropolitana me encuentro que, con relativa frecuencia, atrapan bandas de extorsionadores; en gran medida ocurre cuando las autoridades trabajan coordinadamente, como es el caso de la CDMX y el Edomex.
Lo malo es que estas bandas se reproducen como hongos. Y aunque “aquí nos tocó vivir”, a muchos ya se nos está acabando la resignación
