Por Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI
En una sociedad democrática y plural como la nuestra, el vínculo entre los medios de comunicación y las agencias gubernamentales es deseable, oportuno y pertinente. Siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios de comunicación son instrumentos esenciales para la libertad de pensamiento y de expresión, por ello es importante destacar el carácter de los medios como actores irremplazables en las democracias dado que han mostrado ser un canal que permite impulsar una mayor conciencia cívica y fomentar el conocimiento y la exigencia de derechos. En función de lo anterior, prever que los medios de comunicación se rijan dentro de marcos normativos y principios de legalidad, en observancia de los derechos humanos, es contribuir al logro de su función social en una democracia.
Diversos reportes de asociaciones civiles han identificado la importancia de conocer los criterios bajo los cuales se asignan los recursos públicos en materia de comunicación social, para así, reforzar buenas prácticas en materia de libertad de expresión y publicidad oficial. La organización de la sociedad civil “Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.” aseguró que, la libertad de expresión se beneficiará de prácticas más transparentes, y posibilitaría un entorno con mayor pluralidad en los medios. No obstante, Fundar, Artículo 19 y otras organizaciones civiles han advertido que, el sobreejercicio de estos recursos permite su asignación discrecional, y posibilita la proliferación de malas prácticas en la contratación y promoción de publicidad, pervirtiendo la relación medios-autoridades, y poniendo en tela de juicio la objetividad de los medios, y el ejercicio del derecho a la información de la sociedad.
Ejercer recursos públicos por concepto de publicidad oficial no debe conllevar una carga negativa, pues como Fundar y Artículo 19 han manifestado, el Estado está obligado a informar sobre sus acciones, y la publicidad oficial es un canal relevante para satisfacer el derecho a la información que tiene toda sociedad, así como para lograr el pleno ejercicio de otros derechos humanos. Sin embargo, es fundamental que dicho ejercicio de recursos públicos para la comunicación gubernamental, tal como indicaron las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, esté cimentado por “…criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.”1
Es indispensable que las comunicaciones gubernamentales sean transparentadas en todo momento y que se apeguen a los criterios constitucionales de eficacia, economía y honradez. Asimismo, es fundamental señalar que la falta de claridad en términos de la regulación de publicidad oficial abre el camino para que los derechos fundamentales de libertad de expresión y de acceso a la información sean comprometidos o vulnerados, toda vez que las autoridades podrían limitar el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación.
Por ello, es indispensable que los medios de comunicación continúen constituyéndose como actores objetivos, éticos y transparentes. Los medios son vehículos necesarios para la construcción de sociedades más informadas y participativas en los asuntos públicos. Si bien pueden existir reticencias a este cambio de paradigma, el derecho de acceso a la información pública se erige como un insumo de vital importancia para promover un ejercicio periodístico apegado a la imparcialidad para ofrecer información veraz, oportuna y confiable a la ciudadanía, al tiempo que posibilita que los medios no estén supeditados a las dinámicas políticas y del ejercicio del poder.
En ese sentido, el INAI realiza un ejercicio continuo y recurrente de revisión para garantizar el derecho de acceso a la información de los particulares interesados en conocer cómo se ejercen los recursos públicos con fines propagandísticos. Desde hace algunos años, este ha sido un tema de interés ciudadano recurrente. Al realizar una búsqueda de las solicitudes de información que se le han formulado al Gobierno Federal relativas a la publicidad oficial y al gasto en comunicación social, se encuentran al menos 481 y 147 resultados, respectivamente.
Por lo anterior, es importante garantizar una rendición de cuentas efectiva en lo relativo al gasto de comunicación social y publicidad oficial por parte de las autoridades. Solo en la medida en que la relación entre medios y autoridades suceda bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas, habrá de consolidarse el ejercicio periodístico como insumo para impulsar un pluralismo mediático que garantice la diversidad en los contenidos. Indudablemente, el vínculo entre medios y autoridades es un elemento indispensable para establecer una sociedad verdaderamente democrática, participativa e interesada en los asuntos públicos.
1 FUNDAR, ARTICLE 19 (2009) “Publicidad oficial en México: la censura estructural”. En: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/libertaddeexpresion.pdf
