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20.10.2026 Italia.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció este martes un nuevo paquete de medidas de seguridad para frenar los disturbios, los saqueos y las agresiones durante las manifestaciones, con sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros para quienes participen en actos violentos colectivos.
“Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no”, advirtió la jefa de Gobierno al presentar las disposiciones aprobadas por su gabinete el 20 de octubre de 2026, tras los enfrentamientos registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades del norte de Italia.
El decreto introduce el delito de participación violenta en una manifestación y amplía las consecuencias legales para quienes se integren en grupos de cinco o más personas y pongan en riesgo la seguridad pública mediante el lanzamiento de piedras, petardos u otros objetos. Las penas podrán aumentar cuando los participantes oculten su rostro o causen lesiones.
“Quien rompe, paga”, resumió Meloni al explicar otra de las medidas: la posibilidad de exigir a los padres el pago de multas y la reparación de daños provocados por sus hijos menores de edad, tanto en bienes públicos como privados.
La disposición forma parte de una estrategia que busca responsabilizar también a las familias por los daños ocasionados por adolescentes durante episodios de violencia colectiva. El Gobierno sostiene que los saqueos y la destrucción de establecimientos no pueden justificarse como formas de protesta política o expresión del descontento social.
El paquete también endurece las disposiciones aplicables a menores de edad. El Gobierno busca hacer operativa de inmediato una regla que presume que los adolescentes de entre 14 y 18 años comprenden sus actos, salvo que se demuestre lo contrario, y extiende a los menores la posibilidad de retención preventiva en determinadas circunstancias para evitar delitos. La aplicación de estas medidas y sus alcances jurídicos dependerán de las condiciones previstas en el decreto.
Otra de las disposiciones contempla sanciones para quienes promuevan, incluso mediante plataformas digitales, la organización de grupos destinados a realizar manifestaciones violentas. Para estos casos se establecen penas de entre cuatro y 12 años de prisión, según la información difundida por la agencia italiana ANSA.
Meloni defendió las medidas al señalar que detrás de los comercios afectados hay familias, trabajadores y propietarios que pueden perder sus ingresos como consecuencia de los saqueos. Afirmó que la oposición al Gobierno y el malestar social no justifican la destrucción de establecimientos ni el robo de mercancías.
Los disturbios que motivaron la respuesta oficial incluyeron enfrentamientos con policías, daños a establecimientos comerciales y saqueos en Milán y otras localidades del norte del país. Los hechos elevaron la presión sobre el Gobierno para reforzar los mecanismos de prevención y actuación de las fuerzas de seguridad.
El decreto contempla además ampliar los recursos de la justicia juvenil, incorporar más magistrados y aumentar la capacidad de los centros de internamiento. El objetivo declarado es que las sanciones puedan aplicarse con mayor eficacia también a los adolescentes que cometan delitos.
La respuesta gubernamental incluye el refuerzo de la presencia militar en Milán. Sin embargo, la propuesta inicial de otorgar a los militares facultades propias de policía judicial encontró objeciones durante las conversaciones con la Presidencia de la República, por lo que ese componente fue modificado. La intervención de las fuerzas armadas deberá mantenerse dentro de las competencias legalmente establecidas.
La administración de Meloni ha impulsado desde su llegada al poder, en 2022, diversas reformas de seguridad que amplían sanciones y facultades de las autoridades. El nuevo decreto profundiza esa línea y abre el debbate sobre la forma en que el Estado debe responder a la violencia durante las movilizaciones sin equiparar los actos delictivos con el ejercicio pacífico del derecho a manifestarse.