*A Juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar. /
Los análisis y las pruebas sobre la elección del Poder Judicial fueron “mera especulación” se dijo en el Tribunal. No, se llama corrupción. Y, la electoral es uno de los peores rostros de la corrupción, tiene muchas aristas y consecuencias muy graves que se resumen en dos sola: la alteración del voto ciudadano y la atadura de quienes llegan al cargo con quienes los apoyaron.
El gobierno de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum no han tenido reparo en una multiplicidad de actos de corrupción en el ámbito electoral. Para colmo, en muchos de ellos los han acompañado las propias autoridades electorales que en lugar de velar por la legalidad han custodiado los intereses del nuevo partido hegemónico y sus dos presidentes.
Recién inaugurado el gobierno de López Obrador (10/01/2019) el presidente decidió personalizar los programas sociales. En Tlalnepantla, él mismo entregó las tarjetas bancarias a los jóvenes beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo mismo hizo en sus mañaneras entregando cheques simbólicos de otros programas. Esta conducta prosiguió durante todo su sexenio. Incluso en momentos de veda electoral.
Tampoco reparó en difundir propaganda gubernamental durante los periodos electorales, en apoyar públicamente a su partido y candidatos en las mañaneras y en denostar a los candidatos de oposición. Todavía en la última conferencia mañanera, previa a la jornada electoral del domingo 2 de junio, difundió información relacionada con programas sociales, obras y políticas públicas.
Sobre el dinero poco sabemos. Ya hemos demostrado que por cada peso que los partidos (todos) reportan al INE hay 25 no reportados y que, por cada peso permitido hasta llegar al tope de campaña marcado por ley, hay 15 escondidos.
De paso, el propio INE informa que Morena fue el partido más sancionado con multas por no haber reportado los gastos de campaña en distintas elecciones. Notablemente en las de 2024.
Lo que sí sabemos por un reportaje de Latinus es que en el caso de Morena se encontró evidencia de que el hermano del expresidente -Pío López Obrador- recibió 400 mil pesos para el movimiento (20/08/20). Y, por si hicieran falta pruebas, el propio presidente dijo en la mañanera del día siguiente que así fue. El INE resolvió que no había manera de probar que ese dinero era para financiar a Morena.
El caso fue cerrado la semana pasada con la siguiente joya argumentativa: “la dirección de auditoría dice que no se registraron operaciones en efectivo en favor de Morena por parte de las personas denunciadas, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen monto destino y carácter partidista del efectivo observado por tanto la conducta no se acredita.”
Su otro hermano -Martín Jesús- también fue exhibido por Latinus recibiendo 150 mil pesos en efectivo como parte de una serie de entregas dirigidas a AMLO. En este caso el expresidente declaró que él únicamente respondía por su hijo menor.
Otra práctica corrupta e ilegal, aunque no esté tipificada, fue la de penetrar las instituciones y poblarlas de personas afines al gobierno. Es lo que ocurrió con las autoridades, el INE y el TEPJF. La mayoría de sus integrantes se aseguran de dictar resoluciones que favorezcan a su patrón: el o la presidenta.
Antes, el TEPJF exoneró diversas conductas de dudosa o abierta ilegalidad por parte de Morena y, para rematar, cometió un fraude a la Constitución otorgando una sobrere-presentación a la coalición morenista.
Por cierto, pienso que deberíamos dejar de hablar de esa sobre-representación y mejor decir que, con el 46% de la votación, la oposición se quedó sólo con el 24% de los diputados.
En medio de estas ilegalidades tan sonadas hubo muchas otras que recibieron menos atención mediática pero que ahí están para cuando se estudie la manera grosera en que el partido en el gobierno cometió u ordenó la comisión de actos de corrupción e ilegalidad electoral. Por ejemplo, que el Senado asumiera la preselección de los aspirantes a ministros de la Corte o que el TEPJF hiciera caso omiso de que varias decenas de aspirantes no cumplieran con el requisito de la calificación exigida por ley.
Para rematar, el TEPJF validó la elección de los ministros de la Corte desechando las pruebas de mas de 160 medios de impugnación y el proyecto para anular la elección. La mayoría de siempre -Soto, Fuentes y de la Mata- decidieron que la distribución masiva de “acordeones” y la imposible coincidencia estadística entre su contenido y el resultado de la elección eran “insuficientes y meramente indiciarias”.
Como en las elecciones a cualquier otro puesto de elección popular pero con consecuencias, si cabe más graves, los nueve ministros y ministras, los integrantes del Tribunal de Disciplina y una buena cantidad de jueces y magistrados tendrán dueño. El dueño no será ése que llaman pueblo. Será la Presidenta de la República que decidió seguir adelante no sólo con la absurda directriz de su antecesor de elegir a los integrantes del Poder Judicial sino de apropiarse por entero de la SCJN. Ni López Obrador lo hubiese hecho mejor. Nueve de nueve.
