LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
Esta historia comenzó en septiembre de 2008. Poco después de que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos hundió al país en una recesión económica, el efecto llegó a México y a Metrofinanciera. En ese momento, Metrofinanciera era una empresa que otorgaba créditos para comprar y construir casas y tenía el mayor banco de tierras del país. Después de que acusaron a uno de sus socios de mal manejo de la compañía, los acreedores solicitaron un concurso mercantil.
El socio, Armando Guzmán, fue acusado en 35 casos, desde civiles hasta mercantiles y penales. El gobierno de Estados Unidos le otorgó un asilo político en 2015. Desde entonces, ha seguido litigando sus casos y ha sostenido que se falsificaron documentos de la empresa, para perjudicarla. Uno de los juicios está radicado en Nuevo León. En ese, otra de las empresas de Guzmán, Hipotecaria México, se presentó como acreedora de Metrofinanciera.
Guzmán era dueño originalmente de ambas compañías y después de que perdió Metrofinanciera litigó, entre otros casos, que Hipotecaria México le cobrara a Metrofinanciera por incumplimiento de pagos en un contrato que ambas empresas firmaron en 2007.
¿Por qué nos interesaría leer ahora sobre este asunto? Porque su capítulo más reciente involucra a la actual Secretaría de Hacienda y el dinero del gobierno mexicano.
El 28 de junio de este año, después de un litigio que ha durado una década, un juez en Nuevo León determinó que Metrofinanciera debía pagar 21 mil millones de pesos a su acreedora, Hipotecaria México, la empresa que aún es de Guzmán. El 6 de julio, Metrofinanciera apeló, alegando que el monto estaba mal calculado.
Pidieron que se entrevistara de nuevo a uno de los peritos que revisó el contrato. Esto ocurrió en la primera semana de septiembre. Entonces, Hacienda tomó cartas en el asunto.
Unos días antes de que el juez resolviera la apelación, el 14 de septiembre, la Procuraduría Fiscal de la Federación, como representante jurídica de Hacienda, envió una carta al juzgado como interesado en el caso con la figura jurídica amicus curiae que permite, dice la carta, que “terceros promuevan voluntariamente una opinión técnica” en un litigio.
La carta era inédita hasta ahora.
Hacienda no había litigado el caso, pero es accionista de Metrofinanciera, una de las partes. Algunos especialistas me explicaron que, en un caso así, puede cuestionarse que Hacienda se presente, en este momento clave, como “un tercero que opina voluntariamente”.
Los elementos técnicos que presentó Hacienda fueron sobre sus propios intereses. Anunció en su carta que el gobierno federal es dueño del 40% del capital de Metrofinanciera, a través de acciones de Sociedad Hipotecaria Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Hacienda. Dice la carta: “En caso de que se condene a Metrofinanciera a pagar los 21 mil millones de pesos, Metrofinanciera se ubicaría en estado de insolvencia y se tendría que solicitar la realización de un concurso mercantil”. Con esto, “el gobierno federal perdería sus acciones con un valor aproximado de 668 millones de pesos” y se vería “seriamente afectado”.
Después de esto, este “tercero voluntario” detalla lo que había declarado el perito días antes y hasta se da por enterado de qué decían los registros contables en el expediente. Al final explica, técnicamente, por qué considera que el juez tuvo un error de cálculo.
Nueve días más tarde, el 23 de septiembre, el juzgado emitió otro documento. El juez dijo que había realizado “una nueva reflexión”, analizó nuevamente las cláusulas del contrato de 2007 y decretó que la cláusula penal no podía exceder el valor de la cuantía principal, es decir que las penas por incumplimiento no podían ser más altas que el acuerdo original. Por tanto, Metrofinanciera no le debía a su acreedor 21 mil millones de pesos, sino solo 34.9 millones.
Falta mucho por ocurrir en este caso, que continúa en litigio. Por ahora, me parece que hay preguntas pertinentes: ¿por qué apareció Hacienda al rescate, en este momento, y por qué el juez cambió radicalmente su determinación después de eso? ¿Cuánto más nos falta por saber de ese caso y del papel de Hacienda en estos 10 años y quién ha ganado con este caso?
