*IMPRONTA (2/2)
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
Durante meses, la conversación pública en México se ha concentrado en el precio de la gasolina. Si sube o baja unos centavos, si el subsidio alcanza o no, si el impacto inflacionario será inmediato. Pero esa discusión, aunque relevante, se está quedando corta. El verdadero problema no está en el combustible en sí, sino en lo que ese combustible encarece silenciosamente, la producción de alimentos.
México entra al segundo semestre de 2026 en una fase delicada. No se trata de un “shock” repentino, sino de algo más complejo y persistente, los costos ya aumentaron —y ahora empiezan a trasladarse al consumidor.
El punto de partida parece, a primera vista, relativamente estable. La gasolina magna ronda los 24 pesos por litro y el diésel se mueve entre 28 y 30 pesos, ambos contenidos por subsidios gubernamentales. Sin embargo, esta estabilidad es, en buena medida, artificial. México importa cerca de la mitad de los combustibles que consume, lo que significa que los precios internos siguen dependiendo del mercado internacional, donde el petróleo ha superado recientemente los 100 dólares por barril.
El escenario más probable para la segunda mitad del año es uno de precios “controlados pero altos”. El gobierno mantendrá los subsidios para evitar un golpe directo al consumidor, pero eso no implica una reducción real de costos, sino apenas una contención temporal. Detrás de esa política hay una presión creciente sobre las finanzas públicas y un riesgo latente, si el petróleo vuelve a subir, por la imposibilidad de seguir manteniendo el subsidio fiscal, el diésel podría superar fácilmente el umbral de los 30 pesos por litro, encareciendo de inmediato toda la cadena logística del país.
Y es ahí donde comienza el verdadero problema. Porque si hay un insumo crítico para el campo mexicano, ese es el diésel. No solo mueve tractores y maquinaria, define el costo de producir alimentos. Hoy, el gasto en combustible puede alcanzar alrededor de 1,800 pesos por hectárea, una cifra que, sumada a otros insumos, está reconfigurando la economía agrícola.
Sin embargo, el factor más preocupante no es el combustible, sino los fertilizantes. Este es el problema menos visible y, al mismo tiempo, el más determinante. En los últimos meses, los precios de insumos clave como la urea y los fosfatos han registrado incrementos que van del 46% al 57%, con aumentos adicionales en 2026 que superan el 30%. A esto se suma un dato crítico, México importa entre el 70% y el 75% de los fertilizantes que utiliza.
La combinación es explosiva. Dependencia externa, precios internacionales elevados —ligados al gas natural— y una capacidad limitada para absorber los costos. El escenario base apunta a fertilizantes caros pero relativamente estables en el corto plazo, aunque con menor disponibilidad, especialmente para pequeños productores. Los programas públicos, en este contexto, comienzan a perder alcance, simplemente hay menos insumos para repartir.
El problema es que los efectos no son inmediatos ni visibles. Muchos productores han optado por reducir el uso de fertilizantes, cambiar cultivos o simplemente aceptar menores rendimientos. Estas decisiones no generan titulares, pero sí consecuencias inevitables, cosechas más débiles meses después.
El ciclo agrícola primavera–verano 2026 ya está en marcha, y se sembró bajo estas condiciones adversas. El costo por hectárea de cultivos como el maíz ha aumentado de aproximadamente 45,000 a 55,000 pesos. Esto implica que, incluso si las condiciones climáticas son favorables, la rentabilidad será menor y la presión por recuperar costos será mayor.
¿Qué significa esto para los consumidores? Que el verdadero impacto está por venir. Aunque la inflación general ronda el 4.5%, los alimentos ya muestran aumentos mucho más pronunciados. Frutas y verduras han subido alrededor de 10% anual, con casos extremos como el jitomate, que ha registrado incrementos de hasta 90%.
Para el segundo semestre de 2026, el escenario más probable es una inflación alimentaria persistente, en un rango de 5% a 8%. Los productos más afectados serán aquellos más sensibles a los costos energéticos y de insumos como el maíz —y, por ende, la tortilla—, las hortalizas como jitomate, chile y cebolla, y las proteínas animales, cuyo costo depende tanto del alimento como del transporte.
El riesgo, sin embargo, no es menor. Si los precios internacionales de la energía vuelven a repuntar, la inflación alimentaria podría superar el 10%, con aumentos significativos en productos básicos como la tortilla, el pollo, el huevo y las verduras esenciales.
A este panorama se suman factores internos que agravan la situación protestas de productores del sector agrícola, problemas de inseguridad y logística, menor inversión en el campo y una dependencia estructural tanto de energía como de fertilizantes importados. Lo que en otros países es un problema serio, en México se convierte en uno más profundo.
La conclusión es incómoda, pero necesaria. Los combustibles en México están artificialmente contenidos, pero siguen siendo caros en términos reales. Los fertilizantes se han convertido en el principal cuello de botella del sector agrícola. Y los alimentos, inevitablemente, seguirán encareciéndose.
La narrativa debe cambiar. Ya no se trata solo de vigilar el precio de la gasolina en las estaciones de servicio. El verdadero indicador a observar está en los mercados, en las tortillerías, en el costo de la canasta básica.
México está entrando a una nueva etapa donde la energía cara ya no es el problema más visible. El problema real es el resultado de esa energía, alimentos más costosos.
Porque, al final, la inflación no se mide en barriles de petróleo, sino en lo que cuesta comer.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
