*Astrolabio Político.
/Por: Luis Ramírez Baqueiro/
“No hemos venido a expropiar por expropiar, sino a defender la soberanía de la nación.” – Lázaro Cárdenas del Río.
La soberanía de una nación no solamente se mide por su capacidad para defender sus fronteras o tomar decisiones sin injerencias extranjeras. También se mide por su capacidad para producir, almacenar y garantizar la energía que necesitan sus habitantes, industrias y economía.
Y es precisamente ahí donde México enfrenta una de sus mayores vulnerabilidades.
La declaración del exgobernador de Veracruz y actual director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Cuitláhuac García Jiménez, encendió las alarmas al reconocer que nuestro país cuenta con capacidad de respuesta equivalente a apenas tres días de consumo ante una interrupción extraordinaria del suministro de gas natural.
El funcionario explicó que México dispone de aproximadamente 21 mil kilómetros de gasoductos cuyo contenido podría aprovecharse temporalmente. Sin embargo, esta capacidad operativa no sustituye las instalaciones de almacenamiento estratégico que requiere el país.
Conviene aclararlo: México no se quedaría automáticamente sin gas ni electricidad al cuarto día, pero su margen de maniobra ante una emergencia prolongada sería preocupantemente limitado.
Actualmente importamos alrededor del 75 por ciento del gas natural que consumimos, principalmente desde Estados Unidos. Un combustible indispensable para generar electricidad, sostener procesos industriales y mantener funcionando buena parte de nuestra economía.
Lo verdaderamente inquietante es que desde 2018 existía una política orientada a disponer, para 2026, de almacenamiento estratégico equivalente a cinco días de consumo nacional. Ocho años después, esa meta sigue sin alcanzarse.
¿Cómo permitimos que nuestra seguridad energética quedara tan expuesta?
Trump, el gas y la presión económica
La situación adquiere dimensiones mayores frente a la política comercial del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha convertido los aranceles y las negociaciones económicas en instrumentos recurrentes de presión hacia México.
Recientemente trascendió que su administración impulsa mayores compras mexicanas de gas estadounidense y nuevas asociaciones energéticas entre empresas de ambos países.
Aunque no existe evidencia de una amenaza concreta de cerrar los gasoductos, la dependencia mexicana representa una vulnerabilidad que podría aprovecharse en futuras negociaciones.
Basta imaginar una interrupción del suministro en pleno invierno, particularmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora o Tamaulipas. Los efectos podrían traducirse en apagones, paros industriales, desempleo y pérdidas económicas.
Ciertamente, suspender deliberadamente las exportaciones también perjudicaría a las empresas estadounidenses. Sin embargo, la interdependencia comercial no elimina los riesgos.
Y menos cuando los fenómenos climáticos pueden provocar emergencias como la registrada en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal paralizó instalaciones energéticas de Texas y ocasionó restricciones de gas y apagones en México.
La memoria selectiva del PRI
En este escenario, el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, advirtió sobre una posible crisis energética y responsabilizó a los gobiernos de Morena por la insuficiencia de previsiones y el debilitamiento de alternativas de generación eléctrica.
El legislador cuestionó las decisiones adoptadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador respecto a proyectos de energías renovables y exigió fortalecer la soberanía energética.
Su preocupación merece atención. Sin embargo, también obliga a revisar la historia, porque esta vulnerabilidad no nació con la Cuarta Transformación.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también se registraron graves problemas de abastecimiento.
La Auditoría Superior de la Federación documentó que durante 2012, último año del gobierno panista, Pemex emitió 22 alertas críticas por desequilibrios en el sistema nacional de gasoductos. Entre 2012 y 2013 se acumularon 35 alertas de esta naturaleza.
La escasez provocó restricciones industriales y obligó al gobierno de Peña Nieto a instrumentar importaciones extraordinarias de gas natural licuado mediante las terminales de Altamira y Manzanillo.
Incluso, durante 2012, fallas en instalaciones del Activo Integral Veracruz provocaron restricciones al suministro en regiones industriales.
Es decir, el problema tiene antecedentes perfectamente documentados durante administraciones panistas y priistas.
Por ello, resulta conveniente que Moreira incorpore también esos antecedentes a sus cuestionamientos. La responsabilidad energética nacional no comenzó en 2018, aunque tampoco exime a los gobiernos posteriores de explicar por qué no han solucionado las deficiencias heredadas.
La seguridad energética exige soluciones, no amnesia partidista.
Veracruz, parte de la solución
México tampoco está condenado a depender exclusivamente de Estados Unidos. Existen proveedores internacionales de gas natural licuado, como Qatar, Trinidad y Tobago, Nigeria y Australia.
Sin embargo, diversificar importaciones requiere contratos, terminales de regasificación, infraestructura de transporte e inversiones considerables.
Y aquí aparece Veracruz, entidad históricamente estratégica para el desarrollo energético nacional.
Nuestro estado posee importantes yacimientos de gas natural, instalaciones petroquímicas y redes de ductos.
Destaca Ixachi, cuya producción ha contribuido significativamente al abastecimiento nacional. También Lakach, yacimiento localizado en aguas profundas del Golfo de México, cuyo desarrollo continúa enfrentando desafíos financieros y operativos.
Adicionalmente, el campo JAF ha sido considerado para desarrollar almacenamiento subterráneo, aprovechando instalaciones geológicas que permitirían resguardar gas y utilizarlo durante contingencias.
Estas oportunidades no significan que Veracruz pueda sustituir inmediatamente las importaciones estadounidenses, pero sí demuestran su potencial estratégico.
La gobernadora Rocío Nahle García, conocedora del sector energético por su paso por la Secretaría de Energía, tiene una oportunidad para fortalecer la coordinación con Pemex, CENAGAS y el Gobierno Federal en proyectos de producción y almacenamiento.
Porque la verdadera soberanía energética no consiste en dejar de comprar gas estadounidense, sino en garantizar alternativas suficientes para enfrentar cualquier contingencia.
Lo revelado por Cuitláhuac García debe convertirse en una llamada de atención nacional, no en otra disputa partidista.
México necesita inversión, infraestructura, diversificación y decisiones que trasciendan los periodos sexenales.
Porque una nación puede superar tres días de emergencia.
Lo verdaderamente peligroso es pasar décadas sin prepararse para el cuarto día.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx