*El Comité recomendó prohibir actividades de extracción de Gas Natural de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla.
06.08.2026., Ciudad de México. México necesita gas natural para mover buena parte de su sistema eléctrico y de su industria, pero hoy depende en gran medida de las compras a Estados Unidos. Ese es el problema que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca atender y que llevó a revisar una posibilidad que durante años ha generado controversia: aprovechar los yacimientos de gas no convencional que existen en el subsuelo mexicano.
La novedad anunciada este jueves no es que el gobierno haya autorizado una explotación generalizada mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. Lo que hizo es aceptar las primeras conclusiones de un grupo de 54 científicos, especialistas, tecnólogos y humanistas que analizaron dónde podría estudiarse esa alternativa y bajo qué condiciones.
Y las conclusiones no son un cheque en blanco para extraer gas.
El comité recomendó que en la cuenca Tampico-Misantla, una extensa región que abarca zonas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, se prohíba la explotación de gas de yacimientos no convencionales. En cambio, planteó que solamente se estudie la posibilidad de desarrollar estos recursos en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas.
Pero antes de hablar de producción, todavía falta saber algo básico: si realmente existen las condiciones para hacerlo sin comprometer el agua.
Por eso, una de las primeras acciones será que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua perfore pozos de exploración para determinar si en las profundidades de esas regiones existen formaciones de agua salada y si están separadas de los acuíferos que abastecen a las poblaciones.
La diferencia es importante. El gobierno pretende evitar que para extraer gas se utilice agua destinada al consumo humano, la agricultura u otras actividades. El comité planteó que, si eventualmente se desarrolla algún proyecto, se utilice exclusivamente agua salada de formaciones profundas o agua residual, y que al menos 75 por ciento del líquido empleado sea reutilizado o reciclado.
En otras palabras, todavía no se está hablando de perforar masivamente para sacar gas. Primero se quiere comprobar qué hay debajo de la tierra, cuánto hay, qué agua existe en esas profundidades y si está realmente aislada de los acuíferos superficiales.
El tema adquiere relevancia porque México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural diariamente y produce internamente una parte mucho menor de esa cantidad. En abril, el gobierno federal informó que aproximadamente 75 por ciento del gas que utiliza el país es importado, principalmente desde Estados Unidos.
La dependencia tiene una explicación sencilla: el gas natural es fundamental para generar electricidad. De acuerdo con las cifras presentadas por la especialista Alma América Porres Luna, cerca de 70 por ciento de la electricidad mexicana se produce utilizando gas natural. El combustible también se emplea en industrias, instalaciones de Petróleos Mexicanos, hogares y comercios.
Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum habla de reducir la importación, el objetivo no es únicamente petrolero. Se trata de disminuir una dependencia que alcanza directamente al sistema eléctrico y a la actividad económica del país.
“¿Qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior”, explicó la presidenta al presentar las conclusiones del comité. Su argumento es que incluso si México explotara una mayor cantidad de gas no convencional, seguiría necesitando importar una parte, pero producir más dentro del país permitiría reducir esa dependencia.
La discusión, sin embargo, tiene otra cara: el gas no convencional no se extrae de la misma manera que un yacimiento convencional.
En muchos casos se requiere fracturar las rocas que contienen el hidrocarburo mediante la inyección de líquidos a alta presión. Esa técnica, conocida como fracturación hidráulica o fracking, ha sido cuestionada en distintos países por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo, los ecosistemas y las emisiones asociadas a la producción de hidrocarburos.
Precisamente por eso, el comité científico puso varias condiciones antes de siquiera considerar una eventual explotación.
Entre ellas están demostrar que los acuíferos utilizados para consumo humano no tienen conexión con las formaciones profundas de agua salada, establecer una línea base sobre la calidad del agua y los ecosistemas antes de cualquier actividad, vigilar permanentemente las aguas superficiales y subterráneas y contar con un monitoreo científico externo e independiente.
También se plantea limitar el uso de sustancias químicas potencialmente dañinas, publicar cuáles aditivos se emplean y cómo son manejados, además de establecer sistemas cerrados para el tratamiento y almacenamiento del agua utilizada en las operaciones.
El comité tampoco dejó fuera a las comunidades que viven en las zonas donde podrían desarrollarse estos proyectos. Sus conclusiones establecen que antes de iniciar cualquier actividad productiva tendría que realizarse una consulta previa, libre e informada con la población involucrada.
Esto cobra especial importancia porque no se trata de territorios deshabitados. La decisión sobre un proyecto energético puede afectar tierras agrícolas, actividades económicas, disponibilidad de agua, empleos y ecosistemas, de ahí que los especialistas hayan planteado que también se impulse la proveeduría local para que una eventual actividad genere beneficios económicos en las regiones y no solamente en las empresas encargadas de la extracción.
El comité también hizo una recomendación que cambia el sentido de la discusión: antes de buscar más gas en el subsuelo, México debería utilizar mejor el que ya tiene y reducir su desperdicio.
Entre las medidas planteadas están aumentar la generación de electricidad mediante fuentes renovables, mejorar la eficiencia energética, incrementar la producción nacional de gas convencional y evitar que el gas asociado a la extracción de petróleo sea quemado en los campos petroleros.
Es decir, la estrategia no depende exclusivamente del fracking.
La propia presidenta había planteado en abril que el gobierno quería conocer si las nuevas tecnologías podían disminuir los impactos ambientales que históricamente han acompañado a la fracturación hidráulica. En aquella ocasión anunció la creación del comité científico precisamente para determinar si existían condiciones técnicas para avanzar y, de ser así, cómo hacerlo.
Ahora los especialistas entregaron sus primeras conclusiones y la respuesta es más matizada que un simple “sí” o “no”.
Hay una zona donde la recomendación es no hacerlo: Tampico-Misantla. Y hay otras dos regiones donde se propone continuar investigando: Sabinas-Burro-Picachos y Burgos. Pero incluso en estas últimas la explotación queda condicionada a estudios que todavía deben demostrar la existencia de reservas suficientes, agua salada profunda disponible, separación hidráulica de los acuíferos superficiales y viabilidad económica.
El gobierno tampoco podrá saber de inmediato cuánto gas puede obtenerse. Para ello serán necesarios nuevos estudios geológicos y geofísicos y posteriormente pozos exploratorios que permitan calcular las reservas.
Ese punto es fundamental porque tener indicios de gas no significa automáticamente que sea rentable extraerlo. Se necesita conocer cuánto existe, cuánto costaría producirlo, qué infraestructura sería necesaria y qué impacto tendría su explotación.
La discusión llega además en un momento en que México busca reducir su vulnerabilidad energética frente a Estados Unidos. El gobierno reconoce que existen contratos y una relación comercial estable para adquirir gas estadounidense, pero considera estratégico aumentar la producción nacional.
El problema es que disminuir la dependencia externa no necesariamente significa apostar todo al gas. De hecho, una de las conclusiones centrales del comité es que la prioridad debe ser acelerar las energías renovables y consumir la energía de manera más eficiente.
Así, el debate que se abre no es simplemente entre “fracking sí” o “fracking no”. La pregunta que tendrá que responder el gobierno en los próximos meses es si México puede producir una parte mayor del gas que necesita sin poner en riesgo sus reservas de agua, sus ecosistemas y las actividades de las comunidades.
Por ahora, la respuesta todavía está en proceso de construcción.
Lo que sí comenzó es una etapa de exploración científica. Antes de extraer gas habrá que demostrar que existe, que puede ser aprovechado económicamente y, sobre todo, que las condiciones ambientales permiten hacerlo sin comprometer recursos que resulten más importantes para la población.
El comité continuará asesorando al gobierno y deberá incorporar nuevas evidencias conforme avance la investigación. Mientras tanto, la administración de Sheinbaum intenta resolver una contradicción que lleva años pesando sobre el sistema energético mexicano: un país que produce hidrocarburos, pero que importa la mayor parte del gas que necesita para generar electricidad.
La apuesta oficial es reducir esa dependencia. La incógnita que queda abierta es cuánto costará conseguirlo y cuáles serán las consecuencias ambientales de intentarlo.
Esta versión busca que el lector entienda primero el problema —la dependencia del gas estadounidense— y después qué significa realmente explorar el gas no convencional, sin presentar el anuncio como una decisión definitiva de explotar mediante fracking.