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/Escrito por Lucía Melgar Palacios./
En el reciente Examen Periódico Universal del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a México, 115 países presentaron 318 recomendaciones (más que en 2018) que abarcan desde el acceso a la educación, la salud, los derechos de los pueblos indígenas, hasta las violaciones al derecho a la vida, la integridad, la vida privada, sintetizadas en tortura, prisión preventiva oficiosa, uso excesivo de la fuerza, espionaje, ataques a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y territorio, abusos contra población migrante, solicitante de asilo, refugiada o apátrida, y la flagrante impunidad de estas violaciones.
Apegada a la costumbre de presumir la aprobación de leyes, firma de protocolos y convenios internacionales, con una retórica de “compromiso” con los derechos humanos, ahora sazonada con el falaz lema “Primero los pobres”, la delegación mexicana aceptó la mayoría de las recomendaciones menos polémicas y “tomó nota” (para después o nunca) de catorce fundamentales, que apuntan a la honda crisis de derechos humanos que atravesamos.
Sin duda es importante que México reconozca sus obligaciones internacionales, firme tratados que obligan a los Estados a garantizar los derechos humanos, y acepte recomendaciones.
Más importante es que esté dispuesto a cumplir plenamente y no deje a medias las recomendaciones, como ha sucedido con las del Comité CEDAW o de la Corte Interamericana, en los que toca, por ejemplo a graves violaciones de derechos de las mujeres, como los casos del Campo algodonero, Atenco, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
En esta ocasión, como han señalado voceros y voceras de ONGs que conformaron el Colectivo EPUmx, México dejó pendientes (y en los hechos rechaza) recomendaciones que apuntan a factores que minan la posibilidad de garantizar derechos básicos como el derecho de mujeres y niñas a una vida sin violencia, el derecho a la salud y a la educación. ¿Por qué? Porque las recomendaciones en vilo atañen directamente a la militarización, el uso excesivo de la fuerza, la tortura y el espionaje, las violaciones al derecho a la justicia que representan la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, los agravios a la población migrante y la falta de prevención y atención a la población desplazada internamente.
Lejos de creer que en México no hay crisis de derechos humanos gracias a múltiples leyes, los examinadores del EPU subrayaron la necesidad de desmilitarizar a la Guardia Nacional, de establecer un calendario para el retiro gradual de las fuerzas armadas de la seguridad pública y adoptar una política de seguridad humana y prevención, y de acabar con la impunidad.
Plantearon asimismo que debería establecerse un mecanismo de rendición de cuentas de las instituciones militares ante la sociedad y acotarse el fuero militar. Para la ciudadanía crítica es evidente que sin estos cambios a la política gubernamental (radicales en estos momentos, dada la tendencia autoritaria y punitivista predominante), se mantendrán arbitrariedades y excesos – violaciones a derechos humanos- de las instituciones militares y militarizadas, protegidas además por la opacidad que se les ha permitido por años.
También es evidente que la prisión preventiva oficiosa constituye un mecanismo para encarcelar a inocentes que favorece la arbitrariedad oficial – injusticia que podría aumentar si la GN tiene facultades de investigación.
Las numerosas recomendaciones sobre la política hacia la población migrante y la población en desplazamiento forzado interno (de la que ni siquiera conocemos el número real de personas afectadas) apuntan a su vez a la enorme tragedia humana que la violencia criminal e institucional ha intensificado.
Contra la discriminación institucionalizada, se plantea la necesidad de prevenir, investigar y castigar los abusos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración contra la población migrante, de eliminar la detención administrativa – que ya ha llevado a tragedias como el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, y garantizar el derecho de asilo y la protección de apátridas.
Se insta también a atender el drama de la población forzada por la violencia a dejar todo atrás y a proteger su vida, seguridad y derechos. Negar estas terribles realidades es de un cinismo apabullante.
En vez de idealizar el “legado” del presidente, su virtual sucesora debería cuestionar y abandonar la política oficial de simulación y autoengaño y enfrentar con política pública eficaz y respetuosa de los derechos humanos esta gravísima crisis humana.
