*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
El futuro hídrico de México en la próxima década dependerá menos de construir grandes obras y más de recuperar la capacidad de gobernar el agua, tratar y reutilizar, reducir fugas, proteger acuíferos, modernizar el riego y hacer cumplir obligaciones internacionales sin sacrificar el derecho humano al agua.
El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce que 95% del territorio norte y centro enfrenta estrés hídrico alto o muy alto y que 286 de 653 acuíferos carecen de disponibilidad. La pregunta ya no es si México tiene suficiente agua, sino si puede gestionarla con justicia, eficiencia y sostenibilidad.
México recibe 1,464,734 hectómetros cúbicos de precipitación anual, pero solo dispone de 471,713 hectómetros cúbicos de agua renovable. La distribución es desigual: 76.3% del volumen concesionado se destina a agricultura de riego, 15% a abastecimiento público, 5% a industria autoabastecida y 4% a generación de energía.
El problema no es solo escasez física. Es una crisis de gestión, 30% de los principales ríos monitoreados presenta algún grado de contaminación, y 286 de 653 acuíferos carecen de disponibilidad. La sobreexplotación, el cambio climático y la falta de tratamiento agravan la presión sobre las fuentes.
La contaminación del agua en Guadalajara es un ejemplo crítico de la falla sistémica. Ríos, acuíferos y redes de distribución reciben descargas sin tratamiento adecuado, mientras la infraestructura de saneamiento no crece al ritmo de la urbanización.
El Programa Nacional Hídrico contempla el saneamiento de los principales ríos contaminados y la construcción o rehabilitación de infraestructura hidráulica. Pero la meta debe ir más allá de construir plantas, debe garantizar que operen, que tengan mantenimiento, que tengan personal capacitado y que exista supervisión continua.
El caso de San Luis Potosí, donde existen plantas recicladoras de agua potable pero inoperantes, ilustra el problema de fondo, no basta con invertir en infraestructura si no hay operación, mantenimiento y gobernanza. Una planta que no funciona es dinero perdido y agua que no se recupera.
El Programa Nacional Hídrico contempla el fomento del reúso de aguas residuales tratadas bajo principios de economía circular. Pero para que eso funcione, se requiere
Diagnóstico técnico de por qué las plantas están inoperantes, presupuesto garantizado para operación y mantenimiento; Personal capacitado y permanencia laboral, no hay que perder de vista que la formación y desarrollo cuesta a la sociedad y en varios momentos se les desecha sin considerar su amplia experiencia. Debe también realizarse supervisión continua de calidad del agua tratada; Integración con redes de distribución y usuarios finales.
La entrega de agua a Estados Unidos bajo el Tratado de 1944 es una obligación internacional que no puede ignorarse. México se comprometió a reducir los faltantes en la entrega de agua del Río Bravo y a realizar transferencias adicionales desde las presas Amistad y Falcón.
El gobierno mexicano sostiene que ha cumplido sus obligaciones sin afectar el consumo humano ni la producción agrícola en la frontera. Pero el reto de fondo es mayor, cómo garantizar entregas internacionales sin sacrificar el derecho humano al agua ni la seguridad alimentaria nacional.
La respuesta no puede ser solo entregar más agua. Debe incluir la Planificación binacional de largo plazo; Modernización de infraestructura de captación y conducción; Reúso de aguas residuales tratadas para usos no potables; Protección de cuencas y recarga de acuíferos y sobre todo transparencia en los volúmenes entregados y en el impacto sobre usuarios nacionales.
La disminución del manto freático por menor disposición de agua de deshielo en el sistema que nace del Citlaltépetl es un problema de recarga hídrica. Cuando baja la infiltración, bajan los niveles de los acuíferos y aumenta la dependencia de fuentes superficiales o de trasvases.
La respuesta no puede ser solo extraer más agua. Debe incluir, protección de zonas de recarga hídrica, lo que incluye reforestación y conservación de suelos del cofre de Perote; Control de urbanización en zonas de recarga; Monitoreo continuo de niveles de acuíferos; así como regulación estricta de concesiones en cuencas sobreexplotadas.
Ante este escenario, ¿qué debe hacer México?. En primer lugar debe diseñar la agenda hídrica de la próxima década, misma que debe ser integral, no fragmentaria.
En materia de educación y cultura del agua, debe incorporar educación hídrica en todos los niveles escolares; Campañas públicas de ahorro y reúso; Capacitación técnica para operadores de sistemas de agua, así como participación ciudadana en consejos de cuenca.
Se debe obligar a industrias de alto consumo a tratar, recircular y reutilizar aguas residuales; Establecer metas progresivas de reducción de agua de primer uso; Fomentar tecnologías ahorradoras y tratamiento adecuado; Promover la devolución de derechos de agua no utilizados; infraestructura y mantenimiento así como rehabilitar plantas de tratamiento y potabilización.
Es necesario garantizar operación y mantenimiento continuo; Reducir fugas en redes de distribución, es primordial modernizar infraestructura hidráulica; Gobernanza y transparencia; Fortalecer la CONAGUA y los organismos operadores; Publicar datos de disponibilidad, consumo y calidad del agua; Coordinación cercana, efectiva y real delos niveles federal, estatal y municipal, y sobre todo integrar la participación ciudadana en la vigilancia del recurso hídrico.
En Las Choapas, Veracruz, Greenpeace reportó hidrocarburos en agua, suelo y sedimentos cercanos al pozo Krem-1 de Pemex, incluido benzo[a]pireno, clasificado como cancerígeno para humanos por la IARC. El estudio detectó ese compuesto en seis de siete muestras de agua y afirmó que las concentraciones superaron entre 61 y 113 veces una referencia europea de protección de la vida acuática.
Es importante ser preciso: los hallazgos evidencian contaminación ambiental y una alerta sanitaria, pero no demuestran por sí mismos que residentes hayan desarrollado cáncer ni establecen causalidad individual
El futuro hídrico de México no se decide solo en el Congreso o en la CONAGUA. Se decide en cada grifo, cada planta de tratamiento, cada campo de riego y cada fábrica. Si el país no logra cambiar la lógica de extracción y desperdicio, la crisis será estructural, lo cual pondrá a la prueba de la voluntad política.
La pregunta que México debe hacerse no es si tiene suficiente agua. Es si puede gestionarla con justicia, eficiencia y sostenibilidad. Si no, la escasez será el nuevo rostro de la desigualdad.