Gente como uno.
Mónica Garza
La carretera Tapachula-Arriaga, en el poblado de Cruz de Oro, Tuzantán, esta semana fue escenario de las imágenes más indignantes de las que se tiene registro en nuestro país en materia de migración.
Todo quedó dicho cuando un funcionario del Instituto Nacional de Migración pateó la cabeza de un ciudadano haitiano; cuando vimos a un migrante acompañado de su hijo pequeñito —no tendría más de 6 años—, ser sometido y agredido brutalmente por otros agentes del mismo INM.
Y es que no alcanza la indignación al ver al niño parado a un lado de la golpiza a su padre, aterrorizado e inexplicablemente invisible a los ojos de los adultos que lo rodeaban, la mayoría granaderos de la Guardia Nacional.
Otro migrante, también con su hijo en brazos, intenta levantarse del suelo sin soltar al niño, al verse rodeado de agentes de la Guardia Nacional, grita angustiado, mientras éstos recargan sus escudos en el cuerpecito del niño, que apenas se movía, aterrorizado.
En sólo horas, las imágenes le dieron la vuelta al mundo. México mostraba su peor cara. ¿Qué nos está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo?
“Como decimos en el pueblo, pues es lamentable, pero una golondrina no hace verano”, es lo que atinó a decir al respecto —con poco tacto— el recién estrenado secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego del acto de entrega recepción de su cargo.
Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, no se ha pronunciado mayormente sobre los hechos, salvo por los escuetos comunicados de la dependencia a su cargo, cuyo consejo ciudadano, por cierto, no ha sesionado en meses.
Quizá el exfuncionario de cárceles federales no se siente muy cómodo operando en materia de migración porque posiblemente la desconoce, pero tuvo que entrarle “al encargo” luego de la renuncia de Tonatiuh Guillén López, en 2019.
“Ante los hechos nos queda claro que el sistema migratorio mexicano está colapsado”, me aseguró esta semana en entrevista Tomás Milton Muñoz, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, refiriéndose particularmente a la falta de recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la que se le redujo drásticamente el presupuesto para 2021.
Luego de un 2020 de pandemia, en agosto pasado ya sumaban más de 60 mil personas las que están solicitando asilo en México, pero el escenario para ellos es desolador.
“Porque el Estado mexicano decidió dócilmente ceder a la presión de los Estados Unidos y romper las promesas que al inicio de esta administración se hicieron, de ser abiertos y solidarios con nuestros hermanos”, me dijo también Juan Martín Pérez, Coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia de América Latina y el Caribe.
México ha incumplido de forma sistemática los tratados internacionales en los que participa, como el acuerdo de Cartagena de 1989, de la Organización de Estados Americanos, que señala que cuando ocurren estas migraciones masivas, se debe anular cualquier trámite administrativo como pasaporte o visa y brindar protección.
Nuestro país ha pasado por encima de sus propias leyes también, como el artículo cuarto constitucional del interés superior de la niñez que dice: “El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos” y que no condiciona esto a ninguna nacionalidad.
En México se violan los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes a todas luces y sin que nadie hasta hoy actúe en consecuencia.
Pese a los pronunciamientos internacionales sobre los hechos reportados el fin de semana pasado, durante su tercer informe de gobierno, el Presidente López Obrador volvió a subestimarlos:
“No se han violado derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió… No va a haber represión en nuestro Gobierno”, dijo el Presidente, horas antes de que hechos semejantes volvieran a registrarse, tal como siguió ocurriendo todos los días de la semana.
Lo ocurrido en Chiapas, no son hechos “excepcionales” ni aislados, y así lo revela el informe publicado en marzo pasado por la organización Human Rights Watch, que señaló que en los últimos 2 años, al menos 30 mil migrantes en México han sido víctimas de abusos por parte de autoridades y el crimen organizado.
Es la cara de un México que no queremos ser, pero es la que tenemos en nuestra frontera sur, donde otra estrategia fallida ha convertido a nuestro país en un verdugo de migrantes, hoy lastimosamente exhibido.
