*A Juicio de Amparo.
/ Amparo Casar /
Nos guste o no, los índices internacionales que miden el desempeño de los países en materia de estado de derecho, democracia y libertades muestran un declive global preocupante. Los que menos puntos han perdido, como casi siempre, son los países europeos, en particular los nórdicos, junto con Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos, evaluado antes de la llegada de Trump también libró, aunque la polarización se elevó a niveles superiores y la campaña del eventual ganador prendió focos rojos de lo que podía venir. Y vino en 2025.
Cuando en estos índices se mide la democracia no se limitan a evaluar la calidad de las elecciones y su ocurrencia de manera periódica para relevar a los titulares del Poder Ejecutivo o a los representantes en el Congreso sino a un conjunto de derechos, libertades y políticas públicas basadas en las necesidades del crecimiento, el progreso y la inclusión. A través de distintos indicadores, lo que se evalúa es la división de poderes y el respeto a sus esferas de competencia, los contrapesos institucionales a las decisiones del Ejecutivo, la deliberación pública, la libertad de expresión, la garantía de existencia de organizaciones de la sociedad civil, el resguardo de los datos personales, el respeto a la propiedad privada, el monopolio del uso de la fuerza legítima y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación como forma de promover la movilidad social.
Sí. Son muchos indicadores. Y sí quizá es mucho pedirle a la democracia, pero es lo que hay. Incluso en un sub-continente tan castigado como América Latina en términos democráticos existen países, insisto, como Chile y Uruguay que pasan la prueba del ácido.
No hay datos todavía para 2025, pero para el cierre de 2024, México bajó en todos los indicadores. Nos gusten o no esos indicadores, contradigan o no a las mañaneras del pueblo, vamos en franco retroceso.
En 2024 destacó México por la pérdida de libertad de expresión, por la penetración de instituciones otrora independientes o por su desaparición y por la aprobación de la reforma judicial condenada urbi et orbi. Condenada por sus evidentes efectos “partidizantes” y por usar las tres tácticas más utilizadas por los países que se mueven rápidamente al autoritarismo: “tomando el control de los mecanismos disciplinarios contra los jueces, disminuyendo las facultades del judicial como poder fiscalizador y controlando los nombramientos a los distintos niveles de las cortes. México lo hizo todo de golpe. En una sola jugada que terminó con la independencia y autonomía del poder judicial y y lo sometió al ejecutivo.
Junto con esta destrucción institucional, se ha acosado a los periodistas, comunicadores, opinadores y organizaciones de la sociedad civil que aportan datos que no convienen al régimen. Especialmente aquellos que muestran los fracasos que se venden como éxitos y que han denunciado casos de corrupción y el desvío de recursos públicos para fines privados.
Si este declive ocurrió en 2024, imaginemos como se evaluará a México en el 2025 con el paquete de reformas recién aprobadas en el periodo extraordinario: militarización de la seguridad pública sin cortapisas ni límites temporales; facultades de investigación e inteligencia a la Guardia Nacional, generación, concentración y obligatoriedad de registro de datos personales sin garantía de que estos queden a resguardo y de que no sean utilizados, salvo por orden orden judicial, para propósitos discrecionales, esto es, para venganzas políticas. Y como broche de oro, el regreso del control de las telecomunicaciones en aspectos como el de las concesiones, el control de las plataformas digitales (aun cuando haya desaparecido el artículo 109) y la información.
Los indicadores le fueron heredados a la presidenta Sheinbaum. Con su mayoría ella podría haber enderezado el rumbo democrático.
México se vislumbra como de libro de texto: los líderes electos democráticamente llegan a socavar las instituciones democráticas.
