*De acuerdo con IM-Defensoras, en Centroamérica se vive bajo un sistema económico, político y cultural marcado por la herencia colonial, que se traduce en opresiones estructurales y en la reproducción constante de violencias patriarcales, capitalistas y racistas que recaen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay ./
26.07.2025 Ciudad de México.- Hoy, en el Día Mundial de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, que se conmemora cada 17 de julio, es urgente visibilizar las violaciones sistemáticas que enfrentan quienes, como ellas, protegen la vida frente a intereses extractivistas y estructuras de poder que buscan silenciarlas y se da a conocer que México se encuentra entre los países más letales contra las defensoras ambientales y en la región de Mesoamérica acumulan 35 casos de feminicidio contra ellas.
Así lo determinó el último informe «La tierra, para quienes la trabajan y la defienden» de la Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) el cual señala que, entre 2012 y 2024 se registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, donde catalogan a México, Honduras, Nicaragua y El Salvador como los países con el mayor número de asesinatos contra defensoras ambientales.
“En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”Melissa Cardoza, defensora hondureña.
Entre 2012 y 2024 IM-Defensoras han documentado un total de 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica, tiempo en el que fueron asesinadas las 35 mujeres defensoras ambientales.
En Honduras, 62% del total de agresiones que se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente.
IM-Defensoras, en su informe documentó que entre 1990-2020 el 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción; mientras que el Mapa Mundial de Justicia Ambiental, una iniciativa financiada por la Unión Europea, documentó 211 casos de conflictos ambientales en México; 31 en Guatemala; 24 en Honduras; 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.
Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de las colectivas con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43 mil 186 agresiones contra defensoras que IM-Defensoras documentaron entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos:
De acuerdo con IM-Defensoras, en Centroamérica se vive bajo un sistema económico, político y cultural marcado por la herencia colonial, que se traduce en opresiones estructurales y en la reproducción constante de violencias patriarcales, capitalistas y racistas que recaen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. Este modelo, responsable de una crisis global multidimensional, intensifica la desigualdad, pobreza, violencia y los efectos del cambio climático.
Frente a la amenaza que representa para las comunidades y pueblos originarios, diferentes defensoras del ambiente se organizan para emprender acciones y contrarrestar a quienes detentan el poder y se benefician de este sistema. Entre ellas se encuentran las mujeres indígenas, afromexicanas o garífunas (pueblo afroindígena) que habitan en zonas rurales en donde mantienen contacto con la tierra y los recursos naturales. De esta manera protegen sus saberes, el derecho a la autonomía e identidad cultural, los territorios y los bienes naturales.
«Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.» -Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Casos de violencia contra defensoras ambientales en Centroamérica
El caso de la defensora indígena Bertha Cáceres en Honduras es uno de los más emblemáticos en Centroamérica. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en La Esperanza, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda durante la noche y de dispararon causando su muerte. Las investigaciones determinaron que se trataba de un crimen premeditado para silenciar la oposición del proyecto Agua Zarca, una central hidroeléctrica planificada sobre el Río Gualcarque e impulsada por Desarrollo Energético S.A. (DESA).
Desde sus inicios, generó controversia y una oposición, principalmente de las comunidades indígenas por el acceso al agua y la afectación a sus derechos territoriales. La resistencia fue liderada por Berta Cáceres, quien desde el 2013 señaló el involucramiento de intereses privados, el gobierno y el Ejécito Nacional para la aprobación y desarrollo del proyecto. Asimismo, denunció la nula consulta previa, libre e informada sobre la construcción de la central hidroeléctrica en un espacio con significado espiritual.
La oposición al proyecto estuvo ligada a la violencia y represión contra activistas y personas de la comunidad lenca (indígenas habitantes principalmente en Honduras y El Salvador). Integrantes del COPINH fueron atacados, criminalizados y amenazados, lo que llevó al asesinato de Tomás García, líder indígena, en manos del Ejército Nacional, provocando que, tanto la constructora china Sinohyfro y el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) abandonaran el financiamiento del proyecto.
En 2018, un tribunal condenó a siete hombres -entre los que figuraron sicarios, exmilitares y empleados de DESA- como autores materiales: Elvin Rápalo, Oscar Torres, Edilson Duarte, Henry Hernández, Douglas Bustillos y Mariano Díaz como autores materiales; Sergio Rodríguez como autor por inducción (aquel que no cometió el delito, pero induce a alguien para hacerlo) el cual fue recalificado por decisión de la Corte; y a David Castillo como autor intermediario.
En septiembre de 2018, la lideresa campesina Francisca Ramírez se vio obligada a exiliarse de Nicaragua tras una serie de diversas amenazas, ataques y hostigamientos que ponían en riesgo su vida. La situación se agravó cuando, en julio de ese año, Edén Pastora, militante histórico del Frente de Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) y aliado del gobierno de Daniel Ortega, la amenazó de muerte en plena transmisión nacional.
En ese momento, Nicaragua atravesaba una crisis sociopolítica que derivó en protestas ciudadanas por la reforma al sistema de seguridad social. La indignación también creció por el incendio de la reserva biológica Indio Maíz, una de las reservas más extensas e importantes de Nicaragua y en ese mismo mes, Francisca Ramírez sufrió un atentado contra su vida mientras encabezaba una marcha en Nueva Guinea.
Anteriormente, la defensora asumía el liderazgo del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y desde el principio se desempeñó como un papel clave en la lucha contra el Canal Interoceánico, un megaproyecto con financiamiento extranjero que pretendía cruzar Nicaragua desde el Atlántico hasta el Pacifico, amenazando el Gran Lago Cocibolca, una de las mayores fuentes de agua potable en Centroamérica y provocando el desplazamiento forzado de la comunidad campesina.
En consecuencia, Francisca Ramírez sufrió detenciones arbitrarias, allanamiento en su vivienda, vigilancia, campañas de difamación y daños a sus medios de transporte por parte de la policía. La violencia se hizo evidente cuando en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para proteger su vida e integridad. Aun cuando ya no vive en Nicaragua, la violencia en su contra continúa, el Estado le quitó su nacionalidad, confiscó sus bienes, la declaró prófuga de la justicia y continúa atacándola con campañas de estigmatización en redes sociales.
La desigual batalla de Francisca Ramírez frente al gobierno de Ortega – cimacnoticias.com.mx
El 22 de septiembre de 2019, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron con una orden de captura en la vivienda de la defensora María Concepción Hernández, integrante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. La llevaron a las instalaciones de la DPI en Amapala y, al día siguiente, fue liberada bajo medidas sustitutivas. Los cargos en su contra (usurpación de tierras y daños continuados y agravados) respondieron a denuncias presentadas por el terrateniente Jorge Casis Leiva, quien llevó a cabo una serie de desalojos violentos contra familias campesinas de la comunidad de Playa Blanca.
En noviembre del mismo año, María fue detenida de nueva cuenta cuando acudió voluntariamente a una audiencia relacionada con su proceso judicial. En esta ocasión, la captura incluyó a su hijo menor de edad y a los defensores Santos Hernández y Abel Pérez, quienes enfrentaban otro proceso penal. Todos quedaron privados de la libertad a la espera de la audiencia de imputación. No obstante, esta acción evidencio el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación y desgaste hacia quienes defienden el territorio.
María fue absuelta de los cargos, pero sigue enfrentando hostigamiento. El 1 de abril de 2023, mientras visitaba em presión a Santos en el Centro Penal de Nacaome, fue detenida por tercera vez. Los agentes de la DPI reactivaron la misma orden de captura de 2019, pese a que había sido anulada. La defensora se encontraba nuevamente con su hijo menor de edad, quien quedó en estado de indefensión. Además, la policía impidió el acceso a la información de su defensa legal.
Gracias a la presión ejercida por organizaciones acompañantes y redes de defensoras, María fue liberada. No obstante, estos episodios reflejan un patrón sistemático de criminalización dirigido contra defensoras de derechos humanos que luchan por la tierra y la justicia social. La persecución judicial en su contra y la de otras y otros integrantes de ADEPZA, ocurre en un contexto creciente de interés económico sobre la península de Zacate Grande, donde se proyectaba la instalación de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En México, el caso de Kenia Hernández es uno de los más dolorosos ejemplos de criminalización y persecución contra defensoras indígenas. La noche del 18 de octubre de 2020, fue detenida de manera arbitraria en una caseta de peaje del estado de Puebla. Permaneció desaparecida durante varias horas sin que se le informara sobre su situación, hasta que fue trasladada a un penal en el estado de México.
Kenia es una abogada y feminista amuzga que dedico su vida a la defensa de los derechos humanos. Como coordinadora del Colectivo Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG) acompañó a víctimas de violencia machista, familiares de víctimas de feminicidio, personas encarceladas injustamente y comunidades afectadas por actividades extractivas. Debido a su activismo, tuvo que desplazarse de Guerrero ante amenazas y persecución que sufría por agentes estatales y paramilitares.
Seis días después de su primera detención, tras ser liberada bajo medidas cautelares, fue arrestada nuevamente por orden de un juez federal, acusada de robo con violencia armada y ataques a las vías de comunicación, delitos relacionados con su participación en protestas para exigir el libre tránsito por carreteras federales. Esta fue la tercera detención que sufrió en menos de cuatro meses, enfrentando procesos judiciales que suman más de veinte años de prisión.
Durante su encarcelamiento, Kenia fue recluida en distintas prisiones incluyendo el penal de alta seguridad CEFERESO 16, en el estado de Morelos. Allí sufrió condiciones extremas que afectaron su salud e integridad: negación de atención médica, aislamiento, restricciones para recibir visitas y control, riguroso de su correspondencia. En respuesta a estas vulneraciones, se declaró en huelga de hambre en dos ocasiones.
A pesar de estas condiciones, continuó ejerciendo su labor como defensora dentro del penal, organizando talleres para mujeres indígenas y promoviendo el autocuidado entre las reclusas, ante la incidencia de suicidios en el CEFERESO 16. El caso de Kenia, evidencia la estrategia del sistema judicial y policial para castigar a las mujeres que defienden sus territorios y derechos.
Prisión feminicida mexicana – cimacnoticias.com.mx
Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se documentaron 98 agresiones contra Miriam Miranda, defensora garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). De ellas, 62 fueron ataques directos y 36 ocurrieron durante acciones colectivas en las que participaba. A pesar de contar con medidas cautelarías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la defensora vive en constante peligró y amenaza.
Los ataques reiterados contra Miriam están relacionados con su visibilidad nacional e internacional como una de las principales voces que defienden los derechos del pueblo garífuna y denuncian las violencias estructurales que enfrenta esta comunidad en Honduras como: despojo de tierras, desplazamiento forzado, asesinatos, ataques a su cosmovisión y racismo institucional.
Las agresiones que sufrió Mirian son diversas y provienen de distintos agentes, desde autoridades y fuerzas policiales o militares, terratenientes, empresarios y hasta el crimen organizado. Los episodios con mayor violencia que vivió fueron en 2014 cuando fue secuestrada junto con sus compañeros del OFRANEH logrando escapar gracias al apoyo comunitario, y en septiembre de 2023 cuando su casa fue rodeada por hombres armados.
