* Thelma Gómez Durán .
14.09.2023. Desinformémonos/ América Latina no consigue garantizar la seguridad para quienes defienden ríos, lagos, bosques y todo lo que da vida a un territorio. En 2022, la región volvió a colocarse como la más peligrosa para ellos. Ese año, 177 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en el mundo, 125 de esos homicidios ocurrieron en países latinoamericanos, en especial en Colombia, Brasil y México.
Esos datos forman parte del más reciente informe “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática”, publicado por Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 realiza la documentación de las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio.
Si bien los 177 asesinatos ocurridos en el año 2022 representan un número menor a los 200 que se registraron en 2021, la disminución no significa que vaya a la baja la violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio, enfatiza Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness.
Y hay un dato que refleja cómo la violencia en contra de los defensores ambientales no da tregua: durante 2022, en promedio, cada dos días el mundo perdió a una persona que dedicó parte de su vida a defender los territorios en donde la vida es amenazada.
El más reciente informe de Global Witness vuelve a registrar una tendencia presente en otros años: las comunidades indígenas están sufriendo una violencia permanente. En el 2022, fueron 64 las personas defensoras indígenas que fueron asesinadas, esa cifra representa más de un tercio (36 %) del total de casos.
“Si bien cada vez se reconoce más el papel que (los pueblos indígenas) desempeñan en la protección de los bosques del mundo, siguen sin que se les brinde la protección adecuada y sin que se les incluya en la toma de decisiones”, se resalta en el informe.
Las mujeres sufrieron el 11 % del total de los ataques mortales. Además, el 22 % de todas las personas defensoras asesinadas se dedicaban a la agricultura en pequeña escala.
Entre los nombres de las personas defensoras de ambiente y territorio que están presentes en el informe de Global Witness se encuentra el de Jonatas Oliveira, hijo de un líder de Brasil. Tenía nueve años cuando lo mataron. En 2022, al menos, cinco menores de edad fueron asesinados: tres en Brasil, uno de Colombia y otro de México.
Laura Furones reconoce que es difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos. Aun así, a partir de la documentación realizada con fuentes abiertas y con organizaciones no gubernamentales en cada uno de los país, el informe de Global Witness señala que la agroindustria, la minería y la explotación forestal aparecen como los principales sectores económicos que tienen alguna conexión con los homicidios de personas defensoras de ambiente y territorio.
América Latina: la región más violenta para los defensores
Los asesinatos de defensores ambientales y de territorio que documentó Global Witness en 2022 ocurrieron en 18 países, 11 de ellos están en América Latina. Colombia fue el país que registró el mayor número de homicidios: los 60 documentados representan casi el doble de los 33 que se contabilizaron en 2021.
Entre las tres naciones en donde más asesinaron a defensores ambientales también se encuentran Brasil, con 34 casos, y México, en donde se registraron 31 homicidios.
Al igual que Colombia, Brasil registró un aumento en los casos de personas defensoras de ambiente y territorio asesinados. Si en 2021 se documentaron 26 homicidios, para el 2022 la cifra aumentó a 34.
El 2022 representó el último año de gobierno de Jair Bolsonaro, cuya presidencia se caracterizó por abrir aún más las puertas de la Amazonía a la agroindustria y a la minería. Además, en el informe de Global Witness se apunta que durante su administración se debilitó a las instituciones ambientales. En Brasil, señala Furones, se ha dado “una carrera por la invasión de las tierras indígenas, por parte de intereses mineros y la agroindustria”.
México logró disminuir el número de asesinatos contra defensores ambientales y de territorio. Si en 2021 se registraron 54 homicidios, para el 2022 solo se documentaron 31. Furones advierte que disminuyeron los asesinatos, pero en el país como en otras naciones de la región han aumentado otras violencias, entre ellas la criminalización.
El informe resalta que Colombia, Brasil y México tienen algo en común: “Sus gobiernos han fracasado sistemáticamente a la hora de poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esta impunidad sienta un precedente fatídico”.
Otro de los países latinoamericanos que registran una alta violencia en contra de defensores ambientales es Honduras, en donde 14 personas defensoras fueron asesinadas en 2022. El informe de Global Witness resalta que el país centroamericano tiene el número de asesinatos más alto a nivel per cápita.
De acuerdo con la documentación realizada por Global Witness, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022, 1910 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas; el 70 % de esos homicidios (1335) ocurrieron en países latinoamericanos.
La urgencia de sumarse al Acuerdo de Escazú
Cinco de los países latinoamericanos que aparecen en el informe de Global Witness no son parte aún del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe que, entre otras cosas, obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales.
Brasil solo ha firmado el acuerdo, pero no lo ha ratificado. Y en octubre de 2022, Colombia ratificó el acuerdo, pero desde entonces, el tratado se encuentra en un proceso de revisión en la Corte Constitucional, instancia que determinará si el contenido de Escazú es acorde con la Constitución.
Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización no gubernamental, explica que en el país “hay mucha presión para tratar de limitar la implementación del Acuerdo de Escazú”. Esa presión, asegura, proviene sobre todo del sector empresarial.
Los más recientes datos del informe de Global Witness, señala Torres, deberían ser un motivo lo suficientemente fuerte para que “la Corte Constitucional pueda ratificar ya el acuerdo y comenzar a implementarlo lo más pronto posible”.
Honduras, Perú y Venezuela tampoco han ratificado el Acuerdo de Escazú.
En su informe Global Witness llama a que todos los países que forman parte de la región amazónica firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. “Utilizar su marco como hoja de ruta para la transparencia, el acceso a la información y la justicia medioambiental”.
Amazonía: una región bajo acoso
El informe de Global Witness dedica un apartado especial para la Amazonía, región en donde fueron asesinadas 39 personas defensoras, 11 eran originarias de comunidades indígenas. Esta cantidad representa más de la quinta parte de todos los homicidios cometidos contra defensores ambientales y de territorio en todo el mundo.
En junio de 2022, el brasileño Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y el periodista británico Dom Phillips, fueron asesinados en la Amazonía. El informe de Global Witness recuerda que, a 1000 kilómetros de donde los mataron, “las actividades de la minería ilegal de oro prácticamente han acabado con la comunidad indígena yanomami”.
Otras comunidades indígenas que habitan en la Amazonía también han vivido la invasión de sus territorios. Maria Leusa Munduruku, defensora ambiental brasileña que pertenece al pueblo Munduruku, recuerda que los invasores quemaron sus aldea y ella ha recibido amenazas de muerte: “Cuando alguien se pone de pie en contra de eso, termina amenazado”.
Durante los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro, las comunidades indígenas vivieron algo “muy terrible”, remarca María Leusa Munduruku. Ahora, con el gobierno de Lula de Silva, “estamos exigiendo al Estado que cumpla con la seguridad para los defensores del territorio. Para nosotros todavía no hay seguridad”.
En la región amazónica, la violencia también está afectando a las comunidades indígenas kayapós, de Brasil; uwottüja, de Venezuela y kakataibo, de Perú. El informe de Global Witness apunta que padecen la invasión de sus tierras, la contaminación de sus ríos y amenazas ocasionadas, en especial, por la expansión de la minería ilegal.
El 30 de junio de 2022, Virgilio Trujillo Arana fue asesinado. Era líder de la comunidad uwottüja y miembro de la Organización Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami. Él denunció la minería ilegal en la Amazonía venezolana.
En Perú, los kakataibos, los shipibo-konibos y otras comunidades indígenas que viven en las regiones de Ucayali y Huánuco, en la Amazonía peruana, también llevan años denunciando las invasiones de sus tierras y la explotación ilegal de la madera de sus bosques. En su territorio, “los cultivos de coca están reemplazando al bosque”, se lee en el informe de Global Witness.
Tan solo en la región de Ucayali han sido asesinadas, al menos, tres personas defensoras de tierra y medio ambiente, de acuerdo con los datos de la organización internacional.
“Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediado precisamente por llevar a cabo esa labor”, señala Laura Furones, de Global Witness.
La responsabilidad de las empresas y de otros países
Los asesinatos ocurridos en la Amazonía y los daños ambientales provocados por las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, muestran la alta presión que hay sobre este territorio y quienes lo habitan. Ante este panorama, el informe de Global Witness hace un llamado: “Proteger la Amazonía es una de las acciones más urgentes que debemos emprender para evitar las peores consecuencias de la crisis que afronta nuestro planeta”.
En el informe se incluyen una serie de recomendaciones para detener la violencia y los asesinatos de las personas defensoras en la Amazonía, entre ellas que los gobiernos locales mejoren el monitoreo de las zonas de minería ilegal y hacer que se cumpla la ley. Además, que los gobiernos sancionen a las empresas que contribuyan a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Y, en especial, exigirles que cumplan con requisitos de transparencia más estrictos, que permitan rastrear sus cadenas de suministro los minerales extraídos ilegalmente.
El informe de Global Witness recuerda que ya hay investigaciones en donde se han demostrado que empresas internacionales de Suiza, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido “extrajeron o adquirieron oro… o vendieron maquinaria para la explotación minera” de las zonas en donde se encuentran los territorio indígenas de Brasil.
Es por ello que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, señala que además de los países en donde están asesinando a los defensores, hay otros Estados que comparten la responsabilidad de garantizar su seguridad: “La Unión Europea puede cambiar la situación si en las disposiciones sobre debida diligencia obliga a las empresas a evaluar los riesgos para las personas defensoras”.
Criminalización, violencia que va al alza
El informe de Global Witness alerta que sus datos solo muestran la violencia letal que sufren los defensores, sin embargo se ha observado que cada vez es más frecuente el uso de estrategias violentas como la criminalización, el acoso y los ataques digitales. “Hay otras formas de silenciamiento que no son letales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas y que son utilizadas para acallarlas. La criminalización es una implacable estrategia de silenciamiento; confronta a los defensores con el mismo sistema legal que los debería estar defendiendo”, resalta Laura Furones.
La organización Front Line Defenders, por ejemplo, documentó que la criminalización representó la agresión más habitual en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el año 2022, ya que representó el 34 % de todos los casos que se registraron.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), comenta que “la criminalización se está convirtiendo en la columna vertebral (de las agresiones). La criminalización está produciendo muerte civil en las personas, ya que tienen que abandonar sus territorios o no pueden acceder a empleo”.
En Guatemala y en otros países de Centroamérica, por ejemplo, de acuerdo con la documentación realizada por UDEFEGUA, hay comunidades en donde el 60 % de sus hogares tiene a un miembro con una orden de captura.
Publicado originalmente en Mongabay Latam
