*”Ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración”, precisó Omar García Harfuch.
* La presencia de Rosario Navarro Sánchez, subraya la creciente participación femenina en estructuras de alto nivel dentro de los cárteles.
20.01.2026 México.-En un operativo de alto perfil que refleja la creciente presión de EEUU sobre México en materia de seguridad, el gobierno de México entregó esta mañana a las autoridades de Estados Unidos a 37 presuntos delincuentes vinculados con distintos cárteles de la droga, todas ellas recluidas en centros penitenciarios nacionales de alta seguridad y requeridas por cortes federales norteamericanas.
Así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch en redes sociales: “Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.
La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud de @TheJusticeDept.
El encargado de la seguridad en el país definió además que se condicionó la entrega al compromiso “de no solicitar la pena de muerte”, precisó García Harfuch.
“Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, puntualizó el funcionario mexicano.
La acción ocurre tras los recientes amagos del presidente Donald Trump de incursionar militarmente en territorio mexicano para combatir directamente a los grupos criminales, una amenaza que ha encendido alarmas diplomáticas y que ha acelerado la cooperación judicial entre ambos países.
Los traslados se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con agencias estadounidenses, que recibieron a los detenidos en ciudades como San Antonio, San Diego, Houston y Washington.
Entre los nombres más relevantes destaca María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, quien se convirtió en la primera mujer mexicana trasladada en una operación masiva de extradición hacia Estados Unidos, acusada de brindar apoyo esencial al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalada por el FBI como pieza clave en actividades de tráfico de armas, migrantes y dinero.
Navarro Sánchez, de 39 años, fue incluida en el tercer envío masivo de los 37 presuntos operadores criminales entregados por México a Estados Unidos en enero de 2026. Su caso es inédito porque marca la primera vez que una mujer mexicana aparece en este tipo de traslados colectivos, lo que subraya la creciente participación femenina en estructuras de alto nivel dentro de los cárteles.
Según autoridades estadounidenses, “La Señora” es la primera mexicana acusada formalmente de brindar “apoyo esencial a una organización terrorista extranjera”, en este caso el CJNG, catalogado por Washington como uno de los grupos criminales más violentos y expansivos de la región .
Las acusaciones contra Navarro se remontan al 16 de mayo de 2025, cuando la fiscal general Pam Bondi presentó cargos en su contra por proporcionar granadas y otros explosivos al CJNG, además de participar en el contrabando y transporte de migrantes hacia Estados Unidos.
También se le imputa la compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios y la conspiración para contrabandear grandes cantidades de dinero, actividades que, según la fiscalía, fortalecieron la capacidad operativa del cártel en territorio estadounidense .
La criminalidad organizada ya no es un terreno exclusivamente masculino. Su papel como proveedora de armas, facilitadora de contrabando y enlace financiero revela la diversificación de funciones dentro de las estructuras del narcotráfico. Además, su acusación por “apoyo a una organización terrorista extranjera” eleva el nivel de gravedad jurídica, pues coloca al CJNG en un plano similar al de grupos insurgentes internacionales, reforzando la visión estadounidense de tratar a los cárteles como amenazas de seguridad nacional.
En México, la inclusión de “La Señora” en la lista de extraditados ha generado debate sobre la transparencia de los procesos y la necesidad de garantizar que las acusaciones estén debidamente sustentadas.
Además de la señora figuran: Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como líder regional del Cártel del Noreste con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando de los Beltrán Leyva; Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico de la misma organización y colaborador cercano de Fausto Isidro Meza Flores y Óscar Manuel Gastélum; Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, jefe de la célula “Los Deltas” del Cártel Jalisco Nueva Generación; y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador del Cártel del Pacífico y considerado objetivo prioritario por el FBI.
La entrega de estos perfiles de alto nivel se inscribe en una estrategia que México ha venido desplegando desde hace más de una década, en la que se han concretado extradiciones de figuras emblemáticas como Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2017, Dámaso López Núñez “El Licenciado” en 2018 y más recientemente Ovidio Guzmán López, hijo de Guzmán Loera, en 2023.
Cada uno de estos traslados ha marcado momentos de tensión y negociación, pues mientras Estados Unidos exige resultados inmediatos en la lucha contra el narcotráfico, México busca preservar su soberanía y evitar que las presiones externas se traduzcan en intervenciones directas.
La coyuntura actual es particularmente delicada: Trump ha reiterado en discursos recientes que no dudará en enviar tropas si los cárteles continúan operando con impunidad, lo que ha generado un clima de incertidumbre en la relación bilateral.
Analistas señalan que la entrega de los 37 reclusos busca enviar un mensaje de cooperación y firmeza, mostrando que México no es un país pasivo ante las exigencias de Washington, pero también que intenta contener la narrativa de intervención militar. En paralelo, organizaciones de derechos humanos han advertido que las extradiciones masivas deben garantizar procesos transparentes y respetar las garantías de los acusados, mientras que sectores políticos en México critican que la medida responde más a presiones externas que a una estrategia propia de seguridad nacional.
Lo cierto es que la operación de hoy se suma a una larga lista de entregas que han configurado un patrón: México cede a las demandas de Estados Unidos en momentos de alta tensión, buscando evitar escenarios de ruptura diplomática y mostrando disposición a colaborar en la persecución de líderes criminales.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que las extradiciones masivas deben respetar las garantías procesales, mientras que sectores políticos cuestionan si estas medidas responden más a presiones externas que a una estrategia propia de seguridad nacional.
