*A nivel municipal, las mujeres aún no alcanzan una representación paritaria en las presidencias.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
17.06.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Pese a que, en los últimos seis años, México ha mostrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos políticos-electorales de las mujeres; son la falta de perspectiva de género de quienes toman las decisiones, la cultura institucional machista y patriarcal y la violencia política, obstáculos relevantes que no se han resuelto.
Representantes del Estado mexicano estarán esta semana en Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico y llegarán ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
Uno de los temas a tratar será la participación política de las mujeres, la cual, de acuerdo con el informe sombra «Vida pública y participación política de las mujeres en México», ha mostrado tener avances importantes como la reforma constitucional «Paridad en Todo» que ordena la integración equitativa entre las mujeres y hombres dentro de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como en órganos autónomos y otras entidades con funciones de autoridad.
En seis años, ¿cuáles han sido los resultados de esta reforma? Datos del informe señalan que en el proceso electoral de 2020-2021, se postularon 55 mujeres (47%) y 63 hombres (53%) para ocupar las 15 gubernaturas, en las que se eligieron a 6 mujeres (40%). A nivel federal, la Cámara de Diputados alcanzó a conformarse por 250 hombres (50%) y 250 mujeres (50%) y a nivel local en 16 congresos la mayoría se conformó por legisladoras.
Para la elección del 2024, los registros de mujeres alcanzaron los máximos históricos en donde hubo 2 mujeres candidatas a la presidencia y una de ellas logró alcanzar el cargo. En las elecciones para gobernaturas se pasturaron 16 mujeres (55%) y 13 hombres (45%) donde ganaron 4 candidatas (44%) alcanzado a conformar 13 gobernadoras a nivel nacional.
El Congreso de la Unión alcanzó paridad de género en ambas cámaras; sin embargo, solo una mujer es integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y ninguna preside la Mesa Directiva, siendo estos espacios ocupados por hombres. Mientras que, en la Cámara de Senadores, hay una mujer y seis hombres en la JUCOPO, incluida en presidencia.
En los congresos estatales también se alcanzó la integración paritaria, por ejemplo, en Colima, Campeche y Baja California Sur las mujeres se desenvuelven en espacios claves, pero en San Luis Potosí, Estado de México y Chiapas no hay un acceso de poder real. En el ámbito municipal, la participación de las mujeres aumentó a 30% y en términos generales, de 2018 a 2024, se dio un incremento de 2.7 puntos porcentuales en la participación de las mujeres en presidencias municipales y alcaldías.
«A nivel municipal, las mujeres aún no alcanzan una representación paritaria en las presidencias, lo cual pone en evidencia que, aunque se han logrado avances importantes, persisten obstáculos de tipo estructural y cultural que restringen su llegada a estos espacios»
Datos del Buró Parlamentario del 2021 mostraron que las mujeres estaban en el 37% de los mandos de control de la agenda en las estructuras legislativas. Para 2024, el 65.5% de los congresos locales eran encabezados por una diputada, el 55.7% de las comisiones ordinarias eran presididos por mujeres, pero su presencia solo estuvo en el 45.1% de comisiones relacionadas con temas de justicia, economía, política y seguridad y solo 24.3% lideran las bancadas.
De esta manera el Índice de Fuerza Política de las Legisladoras (IFPL) del Buró Parlamentario ha clasificado los congresos locales en tres categorías: paridad institucionalizada, donde el liderazgo femenino está integrado en la estructura legislativa y no depende de acuerdos coyunturales (8 congresos); paridad en disputa, donde la presencia de legisladoras en espacios estratégicos aún depende de negociaciones políticas y cambios en la correlación de fuerzas (15 congresos); y exclusión estructural, donde persisten barreras institucionales que limitan el acceso de las diputadas al poder real, restringiendo su incidencia en la toma de decisiones (9 congresos).
«Los partidos políticos constituyen una estructura patriarcal que impiden que las mujeres accedan a un ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales», señala el informe. Por ejemplo, existe resistencia a registrar a las mujeres de manera paritaria, a destinarles recursos para sus campañas y tiempos de promoción en espacios de radio y televisión.
De acuerdo con la Red de Formadoras, el 63% de los particos cumplen parcialmente en sus estados y el 26.3% incumplen, puesto que los recursos no suelen ser aplicados para el objetivo en el que fueron asignados. Además, cuando las mujeres desean competir en candidaturas externas, no son convocadas para participar en procesos de formación y capacitación.
Participación política de mujeres indígenas y afromexicanas
Durante el proceso electoral 2017-2018 se impulsaron acciones afirmativas para las personas indígenas cuando se pidió que, de los 28 distritos indígenas en el país, los partidos deberían postular a 13 personas indígenas garantizando la paridad de género. Asimismo, 21 fórmulas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional se destinaron a la población indígena.
Sin embargo, el informe advierte que las mujeres indígenas están ausentes en espacios de representación y poder en sus comunidades, ejidos, localidades, municipios y en espacios en el ámbito estatal. En adherencia, existe el control patriarcal a través de normas internas que limita su participación en estas áreas.
Por ello, el Estado necesita implementar acciones concretas para promover su participación. La Red de Formadoras señala que se requieren mayores recursos para su capacitación y que los criterios de adscripción deben definirse mediante consultas a comunidades, ya que actualmente los determinan autoridades municipales, no las asambleas indígenas.
«Existe un fenómeno de simulación tolerada o usurpación permitida en las sindicaturas y regidurías que ocupan las mujeres en los municipios indígenas, donde los hombres siguen siendo las autoridades, aun cuando las mujeres hayan sido electas para cumplir con el requisito legal de la paridad de género»
Por otro lado, en el proceso electoral 2020-2021, el INE estableció una acción afirmativa para poder registrar tres candidaturas de mayoría relativa y una de representación proporcional para personas afromexicanas que obedecieran el principio de paridad. Como resultado se eligieron a cuatro mujeres y dos hombres, pero se desconoce sus nombres al estar considerado como información clasificada.
Se sabe que de los 6 curules, solo 4 tenían antecedente de trabajar la agenda afromexicana, por lo que se denunció la suplantación de 2 curules. Además, con esas diputaciones, no se sumaron a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, lo que representa que, a estos espacios de toma de decisiones, no llegaron mujeres comprometidas con los derechos humanos de las mujeres afromexicanas.
En el proceso electoral de 2023-2024, por primera vez una mujer fue electa por acción afirmativa afromexicana para ser senadora. Este avance fue impulsado y logrado gracias a mujeres integrantes de colectivos de defensa de la población afromexicana.
Ahora, el informe señala que un reto es la incorporación de la variable afrodescendiente para la aplicación de todos los estudios estadísticos, con desagregación por sexos, toda vez que otra forma de discriminación que sufren las mujeres afromexicanas, es la ausencia estadística que impide la elaboración de diagnósticos que conlleven a políticas públicas específicas.
Violencia política en razón de género
El 13 de abril de 2020 se publicó la reforma la violencia política en razón de género contra las mujeres (VPMRG) que incluye una serie de conductas y elementos que pueden ser agravantes de esta violencia. En el proceso electoral de 2020-2021 este delito fue el que más prolifero a través de redes sociales volviéndose difícil sancionar.
La Red Nacional de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres (REFODEP) consideran los siguientes aspectos como obstáculos:
- La impunidad. En 2020, durante la pandemia, se presentaron denuncias a la FEPADE, luego a la Procuraduría Estatal, donde no se les dio seguimiento.
- La prensa que tiende a minimizar las situaciones de violencia política.
- A pesar de los dos protocolos, aún no queda clara la ruta para la denuncia ni el acceso a la justicia
- No contar con acompañamiento efectivo en casos de VPMRG.
- La dificultad para demostrar la VPMRG, en redes sociales.
- Ausencia de asesoría jurídica. No existe apoyo profesional para mujeres
- El desconocimiento de las militantes de los partidos políticos y funcionarias públicas de las rutas jurídicas para acceder a la justicia.
- En materia penal, es muy difícil que se judicialicen los casos de VPMRG, además, las víctimas no tienen claridad en relación con los procedimientos (ello a pesar de que sí cuentan con un Protocolo de Prevención y/o Atención contra la VPMRG).
El informe sobre la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 del TEPJF, cuenta con el registro de un total de mil 568 casos de supuesta VPMRG durante el proceso electoral concurrente 2023 2024, siendo significativamente más recurrente en el ámbito municipal.
En los últimos años, el INE adoptó la iniciativa 3 de 3, creada e impulsada por la colectiva Las Constituyentes. También estableció revisar el “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS)” encontrando 511 personas sancionadas (96 mujeres y 416 hombres) de Oaxaca (150) seguido por Puebla (77), Veracruz (48), Tabasco (37), Campeche (33) y Chiapas (25). De estos datos se desglosa:
- El 69.77% de las denuncias que cuentan con alguna resolución son del ámbito municipal.
- Existe la reincidencia de una persona por 11 ocasiones; así como una serie de personas reincidentes en este tipo de delito.
- Del total de resoluciones, en 221 (39.53%) no se estableció ningún tipo de sanción; en 174 (31.13%) se estableció una multa económica y en 157 (28.09%) la sanción fue una amonestación pública.
- En el 16% de los Estados no es pública o difundida la información sobre este Registro Nacional y el 10% desconoce, consideran que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en sus Estados registra, el 52.3%, mientras que el 15.8%, que no.
- Adicionalmente, existe una falta de correlación entre los registros oficiales y los que registran las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el 26.3% menciona que en sus Estados hay casos de personas que no se incluyen en el RNPS.
