*A Juicio de Amparo.
/María Amparo Casar/
Sin descartarlo del todo, se ve poco probable que Trump intente una intervención unilateral en el caso de México. Desde luego que México no es Venezuela, o Cuba, pero no se puede descartar, entre muchas, por dos razones poderosas. Primero porque la fundamentación de la operación en Venezuela recayó en la idea de que el presidente de Estados Unidos tenía que hacer valer la ley (law enforcement) ante una amenaza de seguridad nacional provocada por el crimen organizado que ha sido reclasificado como terrorismo. Segundo porque el presidente Trump afirma, sin ambages, que el único límite a las decisiones de su gobierno en política exterior es su propia moral. Y, ya lo ha demostrado.
La presidenta Sheinbaum ha podido “contener” o mantener el conflicto con Estados Unidos en niveles razonables, actuando o cediendo en muchos ámbitos: la entrega de narcotraficantes importantes, el cambio de la “política” de abrazos no balazos por una de combate al crimen organizado, la destrucción de laboratorios, la cooperación acordada con E.U., una política severa en materia migratoria o la imposición de aranceles a China.
Y lo peor, no sabemos qué es suficiente para Trump porque si algo se puede decir de él es que va de ocurrencia en ocurrencia y que no está dispuesto a someterse a ningún marco de derecho internacional. Vaya, ni al Tratado de Libre Comercio, más que cuando le conviene.
Hay algunas exigencias más que Sheinbaum no ha querido o podido solventar. Trump ha hablado explícitamente al menos de dos garantías más. Presumiblemente exige la entrega o el procesamiento judicial de políticos con probados vínculos con la corrupción y particularmente con el crimen organizado. También quiere que México tome partido claro respecto a sus naciones enemigas: Venezuela hasta antes de la intervención, Honduras y Cuba en América Latina; Rusia y China en el ámbito global.
Trump, de cara a su nación, y más allá de mostrar un respeto discursivo a la persona de la presidenta, ha insistido una y otra vez en que no es ella quien gobierna y tiene el control del país sino el crimen organizado.
En este contexto y con la proximidad de la renegociación del TLCAN, México puede corregir ciertas políticas que lo harían menos vulnerable frente a E.U.
No por responder a las exigencias de Trump sino por convicción, por conveniencia propia y por los méritos del caso, Sheinbaum debería revisar la política de impunidad frente a los morenistas insertados o ligados a su gobierno: gobernadores, autoridades locales, servidores públicos e integrantes del partido.
También podría aprovechar para modificar algunas cosas que no necesariamente exige Trump pero que pondrían a México en una mejor posición frente al gobierno de Estados Unidos y a la negociación del TLCAN. No puede olvidarse que mucho de los cambios constitucionales promovidos y aprobados en éste y el sexenio anterior son violatorios del tratado de libre comercio y que seguramente serán invocados cuando la renegociación se abra: la reforma energética y la judicial, la desaparición de ciertos órganos regulatorios como la Cofece y el IFT y la triangulación de mercancía proveniente de China.
Estos cambios, además de a un mejor posicionamiento, abonarían a una mayor inversión y, por qué no, a la soberanía.
