*Escrito por Arantza Díaz
13.06.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, estableció en su informe final del 2018 que México tenía una deuda por afianzar en materia de trata de mujeres con fines de explotación. Como respuesta, exhortó al Estado mexicano a cumplir un total de 6 recomendaciones y que se condensan en un total de 8 acciones distintas; se priorizaron algunos ejes como homologar las leyes y erradicar la corrupción en los municipios que permiten la esclavitud de mujeres y niñas. México tuvo 7 años para trabajar en la materia, sin embargo, durante todos estos años la trata, no sólo se recrudeció, sino que la política pública en esta rama se ha quedado sin presupuesto.
Los delitos en materia de trata de personas son extensos y responden a una serie de violencias estructurales que fomentan la vulnerabilidad de mujeres y niñas, haciéndolas objetivo para las y los tratantes, proxenetas, explotadores laborales y prostituidores. Para desentrañar en dónde se sostiene este sistema y por qué el Estado mexicano falló de manera irreparable en el apartado «Trata y explotación de la prostitución» de las observaciones de la CEDAW y cómo es que llegará el próximo 17 y 18 de junio a Ginebra, Suiza donde sustentará sus acciones desde 2018, Cimacnoticias conversó con la antropóloga Alicia Mesa Bribiesca del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A.C quien esboza el primer señalamiento: «Tenemos un desastre«.
El «desastre» llega desde distintas trincheras; desde un recorte presupuestario abismal, hasta la falta de voluntad política para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a la fecha, ha quedado como letra muerta, sin reformas, con información tergiversada y propiciando la impunidad de los responsables de estos delitos.
De entrada, Cimacnoticias consultó el informe final de la CEDAW y se desagregaron las siguientes acciones [de un total de 6 recomendaciones], es decir, que de una recomendacion, salieron dos acciones, como por ejemplo, atender la corrupción y también, trabajar en la capacitación del personal. De esta forma, estas fueron las recomendaciónes de la Convención y su debido cumplimiento, según los apuntes de la doctora Alicia Mesa:
| Recomendación | Cumplimiento |
| Que el Estado destine recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los Estados. | En los últimos 7 años, el Estado no robusteció sus recursos humanos, ni financieros para aplicar eficazmente la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, de hecho, desde 2021 se enfrentaron serios recortes presupuestario, dificultando la aplicación de esta Ley General que, en añadidura, desde hace años las organizaciones luchan por reformarla. |
| Fortalezca los mecanismos y las políticas en vigor para combatir la trata y vele para que cuenten con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, en particular, para la formación de inspectores, agentes de policía y funcionarios a fin de mejorar su capacidad de detección de la trata. | Ligado al punto anterior, ante la falta de recursos financieros, resulta imposible construir verdaderas políticas públicas a favor de la formación de inspectores, agentes y personas funcionarias. Y si bien se han hecho campañas de concientización para el personal público, transformar las estructuras de la violencia requiere más que talleres impartidos y conmemoración. |
| Investigue, enjuicie y sancione adecuadamente a los responsables de trata de personas, elaborando directrices nacionales para la rápida detección y remisión de las víctimas. | Esta recomendación no se atendió adecuadamente, pues son los mismos vacíos de la Ley General los que propician la impunidad entre las personas responsables de este delito y tampoco, se logran sanciones ejemplares del tipo penal. Según ataja la doctora Mesa Bribiesca, desde 2012 la Ley General se «hizo papilla» luego de que en la Cámara de Senadores confundieran los elementos del tipo penal en lo que refiere a la trata y la explotación.
Y luego los elementos del tipo penal no son claros, provocando así, que los tratantes burlen la ley con facilidad. |
| Refuerce el apoyo a las mujeres víctimas de trata, en particular, las mujeres migrantes y niñas indígenas, asegurando su acceso adecuado a la atención de la salud, asesoramiento, reparación, resarcimiento e indemnzación, así como centros de acogida adecuados. Parcial | Este compromiso es parcial, pues en México se desarrollaron centros de acogida; en total, hay 13 en todo el país, sin embargo, esto no precisamente implica que se «cumplió a cabalidad» pues el número es mínimo considerando las tasas tan altas de demanda. En añadidura, 8 corresponden a refugios manejados por la sociedad civil quienes pilotean sus espacios con recursos mínimos. Alicia Mesa también explica que no se ha hecho un mapeo de las verdaderas necesidades de las mujeres, es decir, la mayoría de estos refugios se encuentran en la capital mexicana, donde las redes del sistema proxeneta son muy fuertes; urge que se desarrollen espacios seguros en distintas entidades, pero también, que se identifiquen las ciudades donde no hay tanta incidencia de tratantes, a fin, de que las mujeres puedan mudarse a estos espacios, escapar del sistema proxeneta y no ser encontradas. |
| Fomente la cooperación regional con los países de origen y destino a fin de prevenir la trata mediante el intercambio de información y la armonización de los procedimientos | Para la doctora Mesa Bribiesca, esta recomendación se cumplió, pues en los últimos años se han realizado mesas de trabajo regionales exitosas, así como apostado por mecanismos de protección articulados entre distintos países de Centro y Sudamérica. |
| Fortalezca los mecanismos institucionales, especialmente, a nivel local con miras a combatir la corrupción. | El sistema proxeneta echa con más fuerza sus raíces en los espacios locales, donde las municipalidades permiten estas prácticas a cambio de recursos financieros. Según la especialista, el sistema proxeneta no son sólo los tratantes o proxenetas, o los prostituyentes que piden los servicios a las personas prostituidas, sino que también son las autoridades involucradas quienes sostienen este sistema, son las empresas privadas y los gobiernos locales. «Es que el colmo no es sólo que la ley esté mal y que no se cumpla, sino que, además, hay gente dentro del Estado que está comprada» (Alicia Mesa) |
| Investigue sistemática y debidamente los casos de complicidad entre agentes del Estado y bandas de la delincuencia organizada y vele por que se procese efectivamente a los culpables y les imponga condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se otorgue a las víctimas reparaciones | Esta recomendación no se cumplió y en ella, converge lo anteriormente mencionado: Una escueta Ley General que no permite investigaciones contundentes para dar con los responsables y la corrupción de un sistema proxeneta que se alimenta del cuerpo de las mujeres; ministerios públicos, policías locales, alcaldes, instituciones, gobernadores, dueños de espacios donde se da la prostitución. Una cadena de responsabilidades inmensa que obedece a un pacto patriarcal, de misoginia y corrupción, que el Estado no ha podido quebrar. Alicia Bribiesca compartió en entrevista la historia de una mujer sobreviviente de la explotación laboral y sexual, quien vivió estos actos en distintas entidades del país durante 15 años. En cada localidad, existían funcionarios públicos coludidos y se veía forzada a abrir distintas cuentas para depositar dinero; le depositaba a agentes ministeriales, a policías, a grupos delincuenciales e incluso, hasta a la propia Guardia Nacional, según su testimonio. «Que se otorgue a las víctimas reparaciones», demanda la recomendación. Sin embargo, estas reparaciones no se dan de forma total, en el caso particular de esta sobreviviente, el Estado sí le ofreció atención; sólo 5 sesiones psicológicas para resarcir 15 años de violencia. |
| Que adopte medidas eficaces para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución de la explotación y los abusos, y que elabore un estudio sobre las causas fundamentales y el alcance de la prostitución y utilice sus resultados para crear servicios y programas de apoyo a las mujeres; programas de salida de la prostitución para aquellas que lo deseen. | No se pueden desarrollar programas de salida de la prostitución, si antes de ella, no se responden las causales que llevan a las mujeres a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual; mujeres precarizadas, víctimas de violencia doméstica, de comunidades rezagadas, afrodescendientes o migrantes.
Alicia Mesa, trae a colación el triángulo de la violencia de Galtung, que sostiene que hay una violencia que «se ve» y se nombra la violencia directa y esa es la que se -intenta. atacar por el Estado, con algunos programas para atender a las posibles víctimas, pero estos esfuerzos se vuelven endebles cuando no se articulan con otras acciones para atender lo que está detrás de esa «violencia visible»; cuando no se hace un diagnóstico de las causas fundamentales y se resarcen. Un ejemplo de esto, son las mujeres de Chiapas que llegan a la Ciudad de México y terminan entre las redes de la etnopornografía y el cartel de San Juan Chamula: «En cuestión de la violencia directa digamos que se está haciendo algo, que es mínimo, pero se está haciendo. Pero a nivel de la violencia estructural, no se entiende [el Estado], ¿qué es lo que está provocando esa violencia directa? Ahí digamos que no se ha hecho mucho. O sea, todo lo que son los derechos económicos, sociales culturales de las personas, la libertad, el derecho a la identidad, por ejemplo, si tú los vulneras [a las mujeres] estás propiciando que sean más vulnerables a la trata; no las estás atendiendo. Por ejemplo, las personas desplazadas de Chiapas que huyen porque está el crimen organizado; crimen que está matando a la gente enfrente de la Guardia Nacional sin hacer nada, esas personas desplazadas están llegando a la Ciudad de México y están siendo parte del etnoporno, o que están en San Juan Chamula donde opera el cartel Los de Chamula» Si no se entiende que la violencia opera de forma estructural y se alimenta de cuestiones como el clasismo, la misoginia, el racismo, la vulnerabilidad económica y los contextos violentos, entonces, no se pueden crear servicios y programas de apoyo para permitirle a las mujeres escapar del sistema de prostitución, porque en añadidura, allá afuera, no hay nada más para ellas; no hay restitución, apoyo psicológico de largo plazo, cuidados, ni refugios suficientes. |
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la mayoría de los delitos que se ejercen en nuestro país a través de la trata es la esclavitud, explotación laboral, servicios forzados, mendicidad, uso de infancias para actividades delictivas, esclavitud, adopción ilegal de infancias, matrimonio forzado, tráfico de órganos – tejidos y finalmente, la experimentación biomédica. 8 de cada 10 víctimas, son mujeres y niñas.
La trata de personas consiste en la explotación de mujeres. niñas, niños, juventudes y hombres con diversos propósitos, entre los que se encuentra el trabajo forzado y el sexual, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional reconoce que la trata de personas conlleva la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza, fraude, engaño, abuso de poder o chantaje a través de una situación de vulnerabilidad.
De la Ley General y el presupuesto tomado por el Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado
En 2012 se dio un hecho importante. La Ley General era robusta y se apostaba a que sería punta de lanza, sin embargo, al momento de que esta propuesta llegó a la Cámara de Senadores terminó hecha trizas; se confundieron los elementos de tipo penal y se borró la línea entre trata y explotación. Así, la Ley General avanzó y se convirtió en un estatuto de inconformidad.
En 2023, la Comisión Intersecretarial se reunió a fin de darle la vuelta a esta obsoleta Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata y construir un marco normativo más sólido. Ahí, estuvo la doctora Alicia Mesa. A este proyecto nacional, acudieron actores impresionantes; representantes de ministerios públicos, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y hasta la Secretaría de Defensa Pública: «Todo el mundo le entró a perfeccionar la Ley General».
Así, tras días de trabajo, se logró crear toda una Ley aprueba de impunidad que permitía atender las necesidades de las sobrevivientes de este delito, sin embargo, cuando ya estaba en aras de llegar a manos de la Cámara de Diputados, lo insospechado pasó: La rebotaron. La doctora Mesa Bribiesca refiere desconocer qué pasó, pues no hay claridad, todos los agentes que habían participado en esta iniciativa quedaron en ascuas, para la especialista, nunca quedó sobre la mesa quién dio la orden de no dejar pasar esta iniciativa.
¿A qué lo atribuyes?: No lo sé, pero ciertamente creo que la Ley, como es de corte abolicionista le metieron un tope y es súper claro, quien no avale esta [nueva propuesta de] Ley, es porque se beneficia del sistema proxeneta.
Ahora, bien, este hecho sucedió hace dos años y un el poder ejecutivo quedó a cargo de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. La promesa es concreta y es que, según ha prometido la Secretaría de Gobernación, se va a sacar «del cajón» esta iniciativa y colocar en el visor nuevamente a fin de hacerla una realidad y aunque la promesa está en el aire y no hay elementos suficientes para determinar si se cumplirá, la única esperanza que se tiene, es que las autoridades -o el grupo de personas- que la frenaron en 2023, ya no estén al poder.
Sin duda, uno de los pocos aciertos que tiene la actual Ley General es el Fondo para la Protección y Apoyo a las Víctimas; este fondo, desde 2012, jamás se creó. Y para enterrar todavía más este mecanismo de protección, Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, absorbió un fideicomiso de tratantes que bien pudo servir para crear, sin problema, este fondo de atención, esbozando que estas ausencias corresponden, más bien, a una falta de voluntad política.
«Es impresionante que no se haya creado aún cuando está dentro de la Ley, y peor, que se haya ido todo para el instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿qué pasa con las víctimas? Tuvieron el cinismo de decir que era algo bueno porque ya no se podían tener fideicomisos. Cuando lo anunciaron yo dije: Oye, pues eso no importa, buscas la forma de armar el fondo. Anunciaron: «Fíjense el fideicomiso [de tratantes] se lo llevó el instituto para devolverle al pueblo lo robado y yo les cuestioné: ¿Y por qué no usaron ese dinero para crear el fondo de atención a víctimas? Sólo hubo silencio»
Y les dije, «Oigan, ¿y por qué no se utilizó para el fondo?» Y entonces así es como el como el silencio Entonces, la Ley está inacabada y mal hecha, y luego, lo poco bueno que tiene no se cumple»
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos A.C realizó una petición informativa para comprender qué había sucedido con los presupuestos del refugio especializado para víctimas del delito de trata de personas en Ciudad de México, en donde muchas mujeres son captadas para la explotación sexual y donde se concentran las tasas más altas per cápita de ese delito. Estos fueron los hallazgos
| Año | Presupuesto |
| 2020 | $12,611,473.70 |
| 2021 | $33,368,254.85 |
| 2022 | $18,501,156.03 |
| 2023 | $ 9,387,943.46 |
Existe una cifra negra alrededor de la trata que oscila entre la clandestinidad y normalización, lo que ha dificultado a las organizaciones e instituciones gubernamentales tener un número exacto de cuántas víctimas hay en México y el mundo, sin embargo, algunas proyecciones refieren que hay 49.6 millones de personas que viven bajo estas condiciones; el 30% están América Latina y el Caribe. 270 mil, en México.
Según aproxima el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, son las mujeres y menores de 18 años la población más vulnerable (48.8%), si se segrega por género el 65% de las víctimas son mujeres y el otro 35% hombres.
La conexión entre el género y la trata es evidente: Prostitución. Con tendencias particulares a niñas y adolescentes, según refiere el diagnóstico, esto se debe a que son las menos propensas a exigir medidas de protección, exponiéndolas a enfermedades de transmisión sexual y embarazos; a nivel federal, 9 de cada 10 víctimas de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual son niñas, adolescentes y mujeres.
De esto, se deriva que México se encuentre en el primer lugar de producción de pornografía de niñas y adolescentes, según datos del Senado de la República. Cuando se mira a la justicia y qué tanto el Estado garantiza una reparación, el escenario resulta desolador, pues el 99% de los casos de trata con fines sexuales quedan impunes.
Las causas de la trata que se han identificado son diversas; estructuras que vulneran y permiten la dominación como única herramienta para obtener seguridad económica, alimentaria, patrimonial, de protección, de sobrevivencia o cuidados. Algunas son:
- Desigualdad social: Este se liga al sistema capitalista – patriarcal, que coloca por encima de las personas la mercantilización de los cuerpos si son explotados y empobrecidos.
- La pobreza y la discriminación por razón de género, esto, a sabiendas que las mujeres en situación de pobreza tienden a vivir con mayor incidencia circunstancias de discriminación, exclusión y desigualdad.
- La violencia de género como resultado de una cultura patriarcal, en nuestro país 7 de cada 10 mujeres menores de 15 años ha sido víctima de violencia según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. A causa de estos facotes, muchas niñas y adolescentes huyen de espacios violentos buscando refugio y se convierten en objetivos de proxenetas.
- Una cultura androcentrista que considera subordinados a las y los niños; no escucha sus necesidades de cuidado y protección, colocándoles en situaciones de riesgo.
- Una posición cultural etnocéntrica que privilegia a la mayoría dominante y rezaga a las comunidades diversas, vulnerando sus derechos, por ejemplo, a la educación o el territorio, claves para alcanzar la autonomía.
Esta falta de recursos, tiene un nexo directo con la falta de administración presupuestaria en los pocos refugios que operan en todo el país. Según comparte la doctora Mesa Bribiesca, hay un total de 13 refugios; 8 están a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Y la mayoría de estos, están en una de las ciudades con mayor incidencia de trata per cápita: La Ciudad de México -que se ubica sólo después de Quintana Roo-.
Ante esto, la propuesta que se ha hecho desde la sociedad xivil es colocar refugios en donde las mujeres, adolescentes y niñas puedan sentirse seguras, esto, a sabiendas de que muchas sobrevivientes son enviadas a distintas entidades del país con fines de explotación sexual y/o laboral; no hay espacios seguros donde no sean vigiladas por el sistema proxeneta. Las autoridades no han realizado ningún análisis para colocar refugios estratégicos que permita a las víctimas tener la confianza suficiente de escapar de este sistema.
Entre pobres leyes, sin presupuestos, ni una visión verdadera de género, ¿qué ha hecho México entonces desde el último informe en 2018 de la CEDAW? La doctora Mesa rescata que, si bien el panorama no es bueno, existen un par de acciones que podrían valerle al Estado un esfuerzo por cambiar las cosas.
Primero, es que sí hay manuales y protocolos diversos de atención en distintos espacios, incluso, -por ejemplo- en el Instituto Nacional de Migración a fin de que el personal pueda identificar y dar seguimiento a las probables víctimas de trata y/o explotación.
La Comisión Intersecretarial también ha desarrollado un sistema de seguimiento para atender a las personas refugiadas que llegan o atraviesan el país.
Sin embargo, estas acciones no han sido extensivas a otros espacios, como por ejemplo, el sector salud. Una de las deficiencias estructurales más importantes que ha identificado Alicia Mesa es que las mujeres tienen constantes posibilidades de escapar y pedir apoyo cuando tienen revisiones médicas – ginecológicas; usualmente van acompañadas por la madre de su proxeneta u otra mujer cercana a su explotador. Sin embargo, a pesar de que las sobrevivientes dan señales claras de auxilio, el personal médico no percibe el peligro y permiten que la mujer entre con ellas a cada revisión: El personal médico y de enfermería no está capacitado para identificar a las víctimas de trata, zanja.
¿El Estado mexicano puede realmente acabar con la trata y la explotación con fines sexuales si realmente se lo propusiera?: Tenemos mucho en qué avanzar definitivamente, ¿cómo vas a hacer una política pública para erradicar la trata si no tienes presupuesto? Se tiene que transformar y depurar las instituciones, tienes que erradicar la impunidad y para eso se necesita muchísimo dinero, pero yo creo que con una buena política fiscal por supuesto que se podría hacer. Yo no entiendo por qué los gobiernos que tenemos de izquierda no han tenido una política de impuestos para impulsar verdaderamente la igualdad; la igualdad en todo, en las niñas, en los pueblos indígenas, afromexicanos, mestizos. Sí, se ha disminuido la pobreza, pero se puede hacer muchísimo más, empezando por aprobar las reformas de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata y la única respuesta que encuentro, es que vivimos en un Estado proxeneta.
