* Urgen políticas públicas que reviertan esta problemática señala diputada.
16-01-2023 (Notilegis).- La diputada María Rosete (PT) afirmó que “de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con más casos de abuso sexual de menores de edad registrados a nivel mundial, por lo que es urgente impulsar políticas públicas que reviertan esta problemática, para proteger a las mujeres y se sancione de manera severa a quienes cometen estos delitos”.
En ese sentido, agregó, el embarazo en niñas y adolescentes, derivado de abuso sexual, es un problema que afecta el bienestar psicosocial y físico de las menores de edad.
Por ello es primordial impulsar programas para que puedan acceder a educación sexual integral y que conozcan los diversos métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
En un comunicado, argumentó que la violencia contra mujeres y niñas, especialmente la de tipo sexual, constituye un grave problema de salud pública y es una de las más graves en materia de derechos humanos.
“Quienes han sido violentadas de esta manera tienen mayor probabilidad de experimentar tasas más altas de embarazos no deseados, adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre otros problemas de salud que perduran por años, aún y cuando la violencia haya terminado”, indicó.
Rosete aseveró que se requiere un andamiaje jurídico que atienda de manera real e inmediata el derecho a la salud de las mujeres, ya que se trata de una problemática que impide a una gran parte de este sector de la población desarrollarse en un ambiente sano, tener una vida digna y lograr igualdad de género.
“La igualdad entre hombres y mujeres, así como la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra ellas es el eje rector de las politícas públicas de la Cuarta Transformación, y en esa ruta el Partido del Trabajo seguirá legislando hasta que la dignidad se haga costumbre”, puntualizó.
Finalmente, dijo que a pesar de que México ha tenido avances significativos en su normatividad para reconocer los derechos de las mujeres e implementar políticas públicas que atiendan a la igualdad entre hombres y mujeres, aún falta mucho por hacer.
“Como representantes populares debemos seguir trabajando para cerrar las brechas históricas de desigualdad en los ámbitos económicos, político, social y cultural para que todas las mujeres vivan una vida libre de violencia”, concluyó.
