*Se señalan obstáculos como la activación tardía de las fichas de búsqueda hasta por 72 horas; la falta de difusión y seguimiento a las investigaciones, entre otras.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay ./
13.06.2025 /Cimac Noticias.com/Ciudad de México.- Pese a que varias entidades cuentan con el Protocolo Alba y Alerta Amber, el informe sombra «Desaparición de mujeres, Alerta Amber y Protocolo Alba: Cuando no hay voluntad para encontrarlas» señaló que, debido a una serie de obstáculos, estas no pueden ser aplicadas de forma correcta en ninguna entidad, dejando en el abandono a las mujeres que desaparecen en el país, cuya cifra ha aumentado durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.
Recordemos que el próximo 17 y 18 de junio, representantes del Estado mexicano viajarán a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico. México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
De acuerdo con el documento, los obstáculos a los que se enfrentan ambos mecanismos son: la activación tardía de las fichas de búsqueda hasta por 72 horas; la falta de difusión y seguimiento a las investigaciones: falta de campañas de información sobre la activación de protocolos; revictimización y estimación de las mujeres desaparecidas; falta de accesos a la información sobre el seguimiento de búsqueda; ineficacia para clasificar las activaciones correctamente; ausencia de capacitación y sensibilización a las y los operadores; carencia de acompañamiento a víctimas y familiares; así como falla en la coordinación de los mecanismos.
Ante estas problemáticas, el informe apuesta por la necesidad de armonizar el Protocolo Alba y la Alerta Amber en todos los estados de la República, así como de conformar Comités Técnicos que informen los resultados de manera periódica; homologar los criterios de activación eliminando requisitos discrecionales y estableciendo un plazo de 24 horas; y fortalecer la transparencia y acceso a la información exigiendo que las fiscalías publiquen sus resultados.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de 145 mil 070 mujeres desaparecidas, cerca del 59.3% son niñas y adolescentes, siendo 86 mil 040 menores de edad. En comparación con otros periodos, en 2024 se registraron 12 mil 906 mujeres desaparecidas y no localizadas, entre el 1 de enero al 24 de abril de 2025, la cifra es de mil 101, representando un incremento del 34.94% respecto al mismo periodo anterior.
Entre 2018 y 2024, los estados con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas fueron: Jalisco: 6 mil 724; estado de México (Edomex): 5 mil 425; Michoacán: 3 mil 758; Ciudad de México (CDMX): 3 mil 655; Tamaulipas: 3 mil351: Nuevo León: 3,256. En contraste, las entidades con las cifras más bajas fueron: Campeche (67), Yucatán (82), Puebla (100), Colima (357) y Oaxaca (374).
Durante los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se identificaron en promedio 40 desapariciones diarias, lo que supone un incremento del 60% respecto al mismo periodo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo 25 desapariciones diarias. Asimismo, durante los primeros 100 día del sexenio en donde desaparecieron 1259 mujeres, el Estado de México ocupó el primer lugar con 278 casos, seguido de la Ciudad de México con 252 casos y Puebla con 149 casos.
Ante este panorama, el informe señaló que «los datos revelan una crisis alarmante en términos de desaparición de mujeres y niñas en México» poniendo en evidencia la urgencia de evaluar la funcionalidad de los mecanismos diseñados para su búsqueda como el Protocolo Alba y la Alerta Amber. Ambos creados con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata; sin embargo, en la práctica no se han podido aplicar correctamente.
Búsqueda sin rumbo, el reto de ambos mecanismos
El Protocolo Alba comenzó a operar en 2003 en Ciudad Juárez y fue modificado en 2012 para dar respuesta al cumplimiento de la sentencia como “Campo Algodonero” (Caso González y otras VS México) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su objetivo es ser un mecanismo reactivo para realizar búsquedas inmediatas de mujeres y niñas desparecidas mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de tres órdenes de gobierno.
Para llevar a cabo sus funciones, contempla un Comité Técnico de Colaboración Institucional, el cual permite desplegar acciones coordinadas por Fiscalías, Procuradurías y Comisiones Locales de Búsqueda de Personas. El Comité Técnico se encarga de facilitar la articulación entre las instituciones y fortalecer las acciones en materia de búsqueda de mujeres de cualquier edad.
De acuerdo con el informe que el Estado Mexicano entregó en noviembre del 2024 al Comité CEDAW, en el país se activaron 2 mil 988 Protocolos Alba en 18 fiscalías en donde se lograron encontrar mil 910 mujeres desaparecidas; sin embargo, el informe señala que, de las 32 entidades federativas, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca, el Protocolo Alba no ha sido implementado, en el caso particular de la última entidad se ha establecido un mecanismo alterno llamado Alerta Rosa para buscar a las mujeres desaparecidas.
Por otro lado, entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, sí cuentan con este mecanismo.
Sin embargo, el informe sombra identificó diferentes inconsistencias y desigualdad en la aplicación del Protocolo Alba: algunos estados no cuentan con Comités Técnicos como Durango y Puebla, lo que impide su implementación; en Nuevo León y Sinaloa, la alerta fue incorporada a la legislación en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y en Zacatecas, el Protocolo Alba opera como un complemento al protocolo unificado de búsqueda de personas en la entidad.
En 29 estados de los 30 donde esta activado el Protocolo Alba, su implementación inicia cuando se recibe el reporte de la desaparición por parte del Ministerio Público o del sistema Locatel, pero en algunos estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Yucatán, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala) se pide una solicitud del MP, un procurador especializado o una subdivisión de búsqueda provocando perder tiempo que podría ser valioso para encontrar a las víctimas.
Las condiciones en algunos estados son las siguientes:
- En Tabasco primero se emite una pre-alerta donde se difunde la ficha de búsqueda en medios de comunicación durante las primeras 24 horas, después se activa formalmente el Protocolo Alba.
- En Querétaro la alerta se activa al finalizar una búsqueda preliminar con cámaras de seguridad de vigilancia y en lugares frecuentados por la mujer desaparecida, así como la difusión de la ficha de búsqueda en un plazo de 72 horas.
- En Quintana Roo y Sinaloa, se establece un plazo de 48 horas para la fase uno del protocolo y 36 horas para la fase dos cuando normalmente ambas fases ocurren entre las 24 y 72 horas.
«No existe homologación en relación al momento para iniciar la búsqueda inmediata de mujeres extraviadas o desaparecidas, por lo que es urgente que el Estado mexicano exija a los estados faltantes de Protocolo y de Comité Técnico instalarlos e implementarlos y revisar los plazos para activar la Alerta» denunció el informe.
Además, el documento señala que solo 19 entidades han publicado los documentos relacionados con el Protocolo Alba, mientras que en 12 estados (Chiapas, Chihuahua, Colima, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, y Yucatán) disponen de páginas web oficiales vinculadas con fiscalías locales, limitándose a difundir infografías explicativas y fichas de búsqueda.
Por otro lado, el informe del Estado mexicano ante la CEDAW también reveló que, a lo largo de 2024, se activaron 871 Alertas Amber en 20 fiscalías locales. Se trata de un mecanismo nacional elemental para la búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas que involucra los 3 niveles de gobierno. Una vez que se recibe el reporte de la desaparición, se realiza una coordinación con las autoridades de la entidad donde ocurrió y se decide si activar la alerta.
Por otro lado, el informe sombra halló que de las 32 entidades que disponen de fichas de búsqueda relacionadas con la Alerta Amber, solo 11 cuentan con un protocolo estatal establecido (Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala).
Mientras que en otros estados el panorama es diferente: en Durango, Guanajuato y Jalisco existen programas operativos de Alerta Amber que no cuentan con un protocolo estatal; en Aguascalientes hay un «Instructivo Alerta Amber»; en Coahuila adoptó el Protocolo Nacional de Alerta AMBER mediante adhesión; y en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas no disponen de protocolo estatal ni instructivo alguno.
Para activar la Alerta Amber, 8 entidades (Campeche, Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz) lo hacen de manera inmediata y 16 entidades (Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas) no especifican los criterios de su aplicación.
En Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro la activación es condicionada por la valoración de un coordinador estatal, mientras que en Colima, Guerrero y Yucatán se exige una evaluación previa del caso sin precisar a los responsables de esta decisión. Asimismo, el informe sombra señala que no hay información sobre los resultados de la implementación a nivel nacional y estatal de las Alertas Amber, en cambio, se informa de la localización de niñas sin especificas la situación y estado.
A unos días de que el Estado mexicano rinda cuentas ante la CEDAW, es relevante que asuma la responsabilidad y actúe para garantizar búsquedas eficaces e inmediata de las mujeres desaparecidas en el país. Mientras no se prioriza su vida y seguridad desde una política pública articulada, los mecanismos seguirán siendo letra muerta a una crisis que exige acciones concretas y urgentes.
