*A Juicio de Amparo.
María Amparo Casar.
Queriendo o no, hoy México y Estados Unidos se han hermanado en su asedio a la democracia. Podría decirse que Trump comenzó a poner los cimientos del discurso populista desde que fue electo en 2016 pero no llevó a cabo el desmantelamiento de las instituciones de su país. López Obrador sí lo hizo desde el día en que tomó posesión en 2018.
Sin desconocer los atropellos a la ley de gobiernos anteriores, el sexenio de López Obrador comenzó con ese lema tan revelador de que “no me vengan con que la ley es la ley”. De ahí en adelante, se sucedieron una serie de desacatos a órdenes no solo judiciales, sino de la Suprema Corte. También se acosó a jueces y ministros que dictaban sentencias contrarias a los proyectos y leyes secundarias del gobierno y su partido.
Detrás de un supuesto y simulado proceso de “austeridad republicana” se desmanteló y desprofesionalizó a buena parte de la administración pública federal bajo el falso precepto de que lo que necesitaba el gobierno era 95% de lealtad y 5% conocimiento y capacidad. Siguió con el estrangulamiento financiero de los órganos con autonomía técnica y constitucional reduciendo año con año sus presupuestos. Capturó a esas mismas instituciones poniéndolas a cargo de personas afines, aunque no cumplieran con los requisitos para desempeñar el cargo.
A los académicos, comunicadores y comentócratas que ejercían la crítica los asedió hasta cansarse sin reparar en el daño que les pudiera causar: personal, financiero y profesional. Otro tanto hizo con las organizaciones de la sociedad civil, que en lugar de ser vistas como aliadas para resolver problemas públicos, se comenzaron a ver como rivales y hasta enemigas. Tanto que en los seis últimos años desaparecieron cientos de organizaciones. Algunas con apoyo gubernamental y otras con recursos privados. De acuerdo a la última cifra publicada por CEMEFI, el apoyo gubernamental a las ONGs alcanzaba tan sólo el 0.02% del presupuesto y se repartió entre menos manos, pues mientras que en 2018 eran 2,611 las organizaciones apoyadas, hoy son menos de 200.
Con la eliminación de los órganos autónomos, las molestas decisiones emitidas en contra del Ejecutivo también desaparecerán. Igualmente -muchos lo han olvidado- gracias a la reforma que impide a la SCJN declarar una reforma constitucional como inconstitucional, los diputados y senadores no encontrarán freno alguno a lo que legislen. Sólo falta la ya anunciada y fraudulenta elección de jueces y magistrados que borrará de un plumazo la carrera judicial y con ella la independencia y autonomía de ese poder. Tanto el orden constitucional como la democracia quedaron desfiguradas y todo el poder pasó a manos del Poder Ejecutivo. México cuenta hoy con un orden jurídico que es cada vez más difícil calificar como democrático.
Estados Unidos va por el mismo camino. La intentona de desconocer las elecciones de 2020 fue contenida, pero el regreso de Trump este mismo año camina por las sendas de un gobierno a golpe de decretos, un gabinete leal más que experimentado, el desmantelamiento de la burocracia permanente, el despido de todos aquellos que no lo apoyaron, la destrucción institucional (desde el Tesoro hasta Homeland Security), el desprecio por la ley y el uso político de la justicia (del que también hizo uso Biden al final de su mandato con los “perdones ejecutivos”). ¿Les suena?
Al igual que en México, Trump calumnia y combate las actividades y financiamiento público de las organizaciones de la sociedad civil al interior y al exterior de su país y gusta de las ofensivas contra la prensa crítica. El congelamiento de fondos y la posible desaparición de USAID que lo mismo financiaba a gobiernos que a organizaciones civiles en el extranjero es parte de sus planes.
La última desvergüenza ha sido la de la orden ejecutiva firmada apenas el 10 de febrero que ordena al Departamento de Justicia poner en pausa el procesamiento y acusaciones de empresarios estadounidenses acusados de sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para hacer negocios en el exterior. Como lo oye. Quiere relajar los lineamientos de Foreign Corrupt Practices Act (creada en 1977) para que las empresas de su país tengan ventajas comerciales estratégicas y no pierdan competitividad. O sea, un intento de legalizar la corrupción.
Es cierto que las instituciones estadounidenses parecen más resilientes que las nuestras y que hay decenas de litigios que intentan frenar muchas de las órdenes ejecutivas. Algunas han sido ya exitosas pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasara cuando esos litigios lleguen a una Corte dominada por trumpistas?
Trump puede seguir haciendo mucho daño a la economía y a la democracia de su país, pero todavía tiene un dique que México perdió en 2024: el poder para modificar la Constitución. Y, aun con su mayoría en la Corte no ha podido, aunque está en sus planes, capturar al poder judicial en su conjunto.
Esto para que no olvidemos las arbitrariedades que se podrán desatar si la reforma judicial sigue su curso.
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