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30.09.2026., Ciudad de México.- Cristina Romero Álvarez, madre del creador de contenido Abelito, decidió romper el silencio y emprender acciones legales después de denunciar que fue víctima de tocamientos y roces corporales sin su consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, realizada el pasado 27 de septiembre en Ciudad de México.
La denuncia de Cristina Romero Álvarez, madre del creador de contenido Abelito, colocó en el centro de la conversación un problema que trasciende la polémica en redes sociales: el derecho de toda mujer a decidir quién puede tocar su cuerpo y la obligación de investigar cualquier señalamiento de violencia sexual sin convertir a la víctima en objeto de burlas, cuestionamientos o culpabilización, solo atendiendo a los agresores.
El señalamiento fue formalizado públicamente mediante un comunicado difundido el 29 de septiembre y suscrito por la firma Abogados CUR, encabezada en este caso por Cristina Romero Álvarez, en el que la denunciante pidió que los hechos sean investigados por las autoridades y que cualquier responsabilidad sea determinada conforme a derecho.
El documento no presenta el episodio como una simple controversia surgida durante una fiesta. Romero Álvarez sostiene que enfrentó conductas de naturaleza sexual que no autorizó y que ocurrieron mientras participaba en la celebración de su hijo.
En el comunicado se señala mediante iniciales a tres jóvenes del medio artístico: N.A.D., de nacionalidad española; A.F.R., de nacionalidad argentina, y L.E.G.G., de nacionalidad mexicana. Diversos medios han identificado públicamente a las primeras dos personas como Naim Darrechi y Agustín Fernández, mientras que las iniciales L.E.G.G. corresponden al creador de contenido conocido como “Suavecito”.
Romero Álvarez sostiene que los hechos ocurrieron bajo el argumento de que se trataba de un baile. Sin embargo, el elemento que coloca en el centro de su denuncia es precisamente la ausencia de consentimiento frente a los contactos corporales que experimentó y se observa en redes que los mismos agresores publicaron en un en vivo.
Esa precisión resulta fundamental en un caso de violencia sexual: que una mujer se encuentre en una fiesta, baile, conviva con otras personas o acepte participar en una actividad social no constituye autorización general para que alguien toque su cuerpo. El consentimiento debe existir respecto de la conducta concreta y no puede presumirse por el contexto, la vestimenta, la edad o la relación que exista entre las personas.
La propia denunciante decidió colocar ese principio en el centro de su pronunciamiento. En lugar de presentar lo ocurrido únicamente como un conflicto entre personalidades de internet, su mensaje llamó a reconocer que la violencia sexual no debe normalizarse ni permanecer en silencio.
“Mi voz también cuenta” fue el título con el que se difundió su posicionamiento, una frase que resume la exigencia de ser escuchada como mujer y como posible víctima, particularmente en un entorno digital donde los acontecimientos pueden convertirse rápidamente en material de entretenimiento, memes, comentarios ofensivos o ataques contra quien denuncia.
El agresor que salió del país la noches del martes afirmó que había consentimiento porque se “veía” y hubo quien le aplaudió pese a que tiene denuncia formales y publicas de abuso sexual, amenazas y chantajes entre ellas tres mexicanas como sucedió con Yeri Mua.
La petición de Romero Álvarez sobre la manera en que debe abordarse el caso también constituye una parte sustancial de su denuncia. Solicitó evitar publicaciones que ridiculicen, denigren o conviertan en espectáculo a quienes atraviesan una situación de violencia sexual.
La revictimización puede producirse cuando la atención pública se desplaza de la conducta denunciada hacia la persona que afirma haberla sufrido: cómo estaba vestida, por qué estaba en determinado lugar, por qué bailó, por qué no reaccionó de cierta manera, qué relación tenía con quienes aparecen señalados o por qué decidió hablar después.
Ninguna de esas preguntas sustituye una investigación. La responsabilidad de establecer qué ocurrió corresponde a las autoridades competentes, a partir de pruebas, testimonios y demás elementos que puedan incorporarse legalmente al procedimiento.
La denuncia surgió después de que comenzaron a circular en redes sociales videos correspondientes a la fiesta de cumpleaños de Abelito. El material provocó cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos de los asistentes , quienes además no fieron invitados y hostigaron a los invitados e invitadas y hacia Cristina Romero lo que desencadenó una amplia discusión pública.
Posteriormente, Naim Darrechi se refirió públicamente al episodio y ofreció una disculpa inicial. De acuerdo con reportes periodísticos, posteriormente realizó declaraciones en las que cuestionó la interpretación de lo ocurrido y sostuvo una versión distinta sobre la conducta de la madre de Abelito. Esas declaraciones forman parte de la controversia pública, pero no sustituyen el proceso que la denunciante solicita que se lleve a cabo ante las autoridades.
Agustín Fernández también publicó inicialmente un mensaje de disculpa que posteriormente retiró de sus redes sociales. Más tarde ofreció su propia explicación sobre lo ocurrido.
La reacción de Abelito ocurrió antes de que su madre hiciera público el comunicado legal. El creador de contenido manifestó su respaldo a Cristina Romero y sostuvo que cualquier disculpa debía dirigirse a ella, no a él. Posteriormente, respaldó públicamente la decisión de su madre de recurrir a las vías legales.
Pero el centro del caso no es la reacción de Abelito ni la disputa entre creadores de contenido. Es la denuncia de una mujer que afirma haber sido tocada sin consentimiento y que ahora solicita que una autoridad determine qué ocurrió y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
La diferencia es importante porque la exposición pública puede terminar desplazando la voz de quien denuncia. Los videos pueden convertirse en piezas de consumo masivo, las declaraciones de los involucrados pueden multiplicarse y las redes sociales pueden transformar un señalamiento de violencia sexual en una confrontación entre seguidores.
Romero Álvarez pidió precisamente evitar ese camino.
En su comunicado, Abogados CUR hizo un llamado para que las víctimas de violencia sexual puedan denunciar y ejercer sus derechos, además de solicitar que las investigaciones se realicen con perspectiva de género. También convocó a colectivos de mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos a acompañar a quienes atraviesen situaciones de esta naturaleza.
La perspectiva de género resulta relevante porque permite analizar la denuncia dentro de un contexto en el que las mujeres han enfrentado históricamente cuestionamientos sobre su comportamiento cuando señalan situaciones de violencia sexual. El punto de partida no debe ser preguntar qué hizo la víctima para provocar una conducta, sino establecer qué ocurrió, si existió consentimiento y qué responsabilidades determina la legislación aplicable.
En Ciudad de México, el Código Penal contempla el delito de abuso sexual para determinadas conductas de naturaleza sexual realizadas sin consentimiento y establece sanciones específicas. La calificación jurídica definitiva de los hechos denunciados, sin embargo, corresponde a las autoridades encargadas de investigar el caso y no a las redes sociales ni a los medios de comunicación.
La presunción de inocencia no significa restar importancia a la voz de quien denuncia ni convertirla en objeto de ataques. Ambas obligaciones deben coexistir: investigar con rigor y proteger los derechos de todas las personas involucradas.
El caso también pone sobre la mesa la responsabilidad de las plataformas digitales y de quienes reproducen contenido relacionado con una posible agresión sexual. Compartir imágenes para burlarse de la víctima, sexualizarla, cuestionar su edad, ridiculizar su apariencia o presentar el episodio como entretenimiento puede profundizar el daño que una persona ya afirma haber sufrido.
La propia Cristina Romero pidió que eso no ocurra.
Su llamado parte de una premisa elemental: denunciar violencia sexual no debería significar exponerse a una segunda ronda de humillaciones. Una mujer que decide hablar debe poder hacerlo sin que su testimonio sea convertido automáticamente en un espectáculo público.
En este caso, además, la discusión adquirió dimensiones internacionales debido a que uno de los señalados, Naim Darrechi, es de nacionalidad española con antecedentes de abuso. Después de que se conoció públicamente el proceso anunciado por Romero, el creador de contenido salió de México y dijo que continuaría un viaje que tenía previsto. También señaló que podría regresar si el procedimiento legal lo requiere.
Ese elemento tampoco determina por sí mismo el resultado de una eventual investigación. La existencia de una persona extranjera entre los señalados no elimina la obligación de investigar los hechos presuntamente ocurridos en territorio mexicano ni permite anticipar las decisiones que correspondan a las autoridades.