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06.10.2926 Guerrero.- La desaparición de campesinos de la sierra de Guerrero provocó una movilización creciente de comunidades que decidieron dejar atrás la espera y salir a las carreteras para exigir resultados. Habitantes del ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, reclaman la localización con vida de siete hombres que permanecen desaparecidos desde el 24 de septiembre, después de que un grupo armado los interceptara cuando se encontraban en la zona de La Lajita, donde realizaban actividades relacionadas con el campo y el cuidado de ganado.
El caso comenzó con el reporte de ocho personas privadas de la libertad, entre ellas dos menores de edad. Con el paso de los días, uno de ellos, Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, fue localizado y regresó con su familia, por lo que actualmente son siete los hombres cuyo paradero continúa sin esclarecerse. Entre ellos se encuentran otro adolescente y un adulto mayor.
Los desaparecidos son Domingo Atanacio Quirino, de 50 años; Isidro Brito Arriola, de 32; Everardo León Atanacio, de 17; Nicolás Atanacio González, de 75; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano López, de 24, y Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
La desaparición ocurrió en una zona serrana donde las comunidades han denunciado desde hace tiempo el avance de grupos delictivos, disputas por el control territorial y amenazas relacionadas con actividades económicas y el aprovechamiento de los recursos de la región.
De acuerdo con testimonios de habitantes, el 24 de septiembre un grupo de hombres armados llegó a las inmediaciones de La Lajita y comenzó a interceptar a personas que transitaban hacia sus parcelas o regresaban de sus labores. Las primeras denuncias señalaron que también fueron privadas de la libertad mujeres y otras personas, algunas de las cuales posteriormente fueron liberadas.
Pobladores atribuyeron el hecho presuntamente a integrantes de La Familia Michoacana, aunque esta acusación corresponde a los testimonios y señalamientos de los habitantes y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre los responsables.
La respuesta comunitaria comenzó a crecer conforme pasaron los días sin que las personas regresaran a sus hogares. El 2 de octubre, cientos de habitantes de comunidades y ejidos de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso marcharon por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para reclamar la búsqueda de los desaparecidos. La movilización fue convocada por comités comunitarios de seguridad y pacificación de distintas rutas serranas.
La protesta mostró que el caso dejó de ser únicamente una exigencia de las familias directamente afectadas. Comunidades de la sierra decidieron asumirlo como una causa colectiva, ante el temor de que la violencia termine desplazando a quienes viven y trabajan en sus propios territorios.
Durante la movilización, los pobladores reclamaron que las autoridades actúen con mayor contundencia y cuestionaron que, pese al despliegue anunciado, los siete campesinos continúen sin aparecer.
El reclamo tiene una dimensión que va más allá de la desaparición de siete personas. Los habitantes de la zona han denunciado que el crimen organizado busca ampliar su control sobre caminos, comunidades y tierras, mientras los pobladores intentan defender sus formas de vida basadas en la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento del bosque.
En ese contexto, las comunidades serranas han comenzado a organizarse mediante comités de seguridad y pacificación. La desaparición de los campesinos incrementó la presión sobre los gobiernos estatal y federal para garantizar seguridad en una región donde los pobladores aseguran sentirse cada vez más expuestos.
El ejido El Balcón incluso advirtió que la paciencia de la comunidad se agotó y reclamó el establecimiento permanente de una Base de Operaciones Mixtas para reforzar la seguridad en la zona. La exigencia parte de una preocupación concreta: que los habitantes puedan trasladarse a sus parcelas, cuidar su ganado y realizar sus actividades cotidianas sin quedar a merced de grupos armados.
La protesta también adquirió una dimensión política. Los habitantes señalaron que no están dispuestos a permanecer como espectadores mientras sus familiares continúan desaparecidos y han advertido que podrían aumentar las movilizaciones si no existen resultados.
En días recientes, pobladores incluso advirtieron que podrían paralizar la región si sus vecinos no son localizados. La amenaza de nuevas acciones refleja el nivel de tensión que existe en las comunidades serranas, pero también la desesperación de familias que llevan días sin conocer el paradero de sus seres queridos.
Mientras las comunidades reclaman respuestas, el Gobierno de Guerrero informó que mantiene un operativo de búsqueda en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y autoridades locales.
La administración estatal informó desde el 26 de septiembre que fueron desplegados elementos de los batallones 41 y 109 de Infantería, además de personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal. El comandante del 109 Batallón se trasladó a la región para establecer comunicación con comisarios y representantes comunitarios y coordinar las labores de localización.
Posteriormente, las autoridades señalaron que los recorridos se mantienen en caminos y zonas cercanas a Las Piñas, Puerto Grande y La Lajita, en la franja donde se reportó la desaparición.
Sin embargo, para las familias y las comunidades, un operativo no representa una respuesta suficiente mientras los desaparecidos no regresen.
El caso ocurre además en un Guerrero marcado por una crisis de violencia y desapariciones que afecta de manera particularmente severa a comunidades rurales. La región serrana se encuentra entre zonas de influencia de diferentes organizaciones criminales y corredores que conectan la Tierra Caliente con la Costa Grande, un escenario donde el control territorial tiene consecuencias directas sobre la población.
La desaparición de los campesinos también ha sido relacionada por los habitantes con las disputas por el control de las tierras y con las acciones comunitarias contra la tala ilegal y el avance de grupos criminales. De acuerdo con testimonios recogidos en la región, pobladores habían comenzado a organizarse para defender sus territorios antes de que ocurriera el levantón. La relación entre ambos acontecimientos, sin embargo, deberá ser establecida mediante una investigación formal.
La dimensión humana del caso es la que permanece en el centro de las protestas. Se trata de trabajadores del campo, jóvenes y un adulto mayor que, según sus vecinos, tenían una vida vinculada a la agricultura, la ganadería y el bosque.
Para sus familias, cada día sin noticias aumenta la angustia. Para las comunidades, cada jornada sin resultados representa también una señal de vulnerabilidad frente a quienes pretenden imponer su control mediante la violencia.
La desaparición de Jordi Alberto, de 12 años, y de Everardo León, de 17, añade además una dimensión especialmente grave al caso: entre las personas inicialmente privadas de la libertad había menores de edad. La localización de Jordi redujo a siete el número de personas que siguen desaparecidas, pero no disminuyó la exigencia comunitaria de que todos regresen con vida.
La movilización de El Balcón y de otras comunidades serranas evidencia también un fenómeno que se repite en distintas regiones de México: cuando las instituciones no logran ofrecer respuestas rápidas y convincentes ante una desaparición, las familias y las comunidades terminan organizándose para exigir por sí mismas la búsqueda.
En Guerrero, esa organización adquiere características particulares por la geografía y por la presencia de grupos armados en amplias zonas rurales. Las comunidades no solamente reclaman encontrar a sus familiares; también demandan condiciones para permanecer en sus territorios sin ser expulsadas por la violencia.
La exigencia que mantienen ahora es concreta: que los siete campesinos sean localizados y regresen con vida a sus hogares.
Mientras continúan los recorridos oficiales y las comunidades preparan nuevas movilizaciones, el paradero de Domingo, Isidro, Everardo, Nicolás, Eulises, José Leodanis y Fidel permanece sin esclarecerse. Para sus familias, la búsqueda no puede detenerse. Para los habitantes de El Balcón, tampoco.
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